LA SCJN EN MEXICO PUEDE REVERTIR LA IMPUNIDAD SOLO ESPEREMOS VER SI QUIERE

-La SCJN puede contribuir a revertir la impunidad en el caso Atenco
-Censura PRODH aval de Peña Nieto en torturas de Atenco

-Agresión contra mujeres en Atenco, paradigmática de política estatal

La SCJN puede contribuir a revertir la impunidad en el caso Atenco Difusión Cencos México D.F., 30 de enero de 2008 Boletín de prensa Centro ProDH · Señalar responsables, fundamental. · El caso presenta la oportunidad de examinar deficiencias estructurales en las instituciones de seguridad pública y de justicia mismas que afectan especialmente a las mujeres. · Preocupantes, las declaraciones que desde ahora restan valor a la decisión en puerta; anticipan desacato. En breve, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el proyecto de dictamen fruto de la investigación que, en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 97 Constitucional, ha realizado el Máximo Tribunal con motivo de las violaciones a derechos humanos cometidas en Texcoco y San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006. Como es sabido, en esa fecha se realizó un despliegue masivo de la fuerza pública en las inmediaciones de dichos poblados, en respuesta a las acciones de protesta efectuadas por el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y grupos de comerciantes. Los operativos contaron con la participación de elementos de los tres niveles de gobierno y dejaron como saldo un caudal de violaciones a los derechos humanos: privaciones arbitrarias a la vida, allanamientos ilegales, uso excesivo de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, torturas y agresiones sexuales. En su momento, estos abusos fueron documentados por organizaciones civiles como este Centro de Derechos Humanos y corroboradas posteriormente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y otros mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Lo ocurrido en Atenco evidenció que las instituciones de seguridad y justicia adolecen de fallas estructurales, motivadas en buena medida por políticas que subordinan la seguridad de las personas a la seguridad del Estado. Igualmente, las violaciones a derechos humanos documentadas en Atenco resultaron paradigmáticas de las particulares afectaciones que dichas políticas tienen en las mujeres. Este Centro de Derechos Humanos ha estado en ocasión de comprobar lo anterior en el acompañamiento que brinda a las mujeres que valientemente denunciaron tortura inclusive, la violación sexual, cometida en su contra por policías. Pese a la gravedad de los hechos y aun cuando ha transcurrido en exceso un tiempo razonable, las víctimas no han tenido acceso a una justicia integral. Por el contrario, se ha sancionado penalmente con notoria desproporción a personas relacionadas con el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra. En estas condiciones, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. considera que la conclusión de la investigación practicada por la SCJN puede contribuir a revertir la impunidad hasta ahora imperante. Si bien la facultad constitucional de la SCJN para realizar investigaciones tiene limitaciones sui generis, no puede dejarse de lado la trascendencia del inminente pronunciamiento del Máximo Tribunal. Al discutir el caso, la SCJN podrá ahondar en las violaciones a derechos humanos que han sido documentadas así como en sus causas de fondo. En el mismo sentido, podrá realizar señalamientos precisos sobre los responsables, de acuerdo con la cadena de mando; es decir, podrá establecer las responsabilidades en que incurrieron no sólo los agentes que participaron en el operativo sino los altos funcionarios a los que éstos se encontraban subordinados y que por su acción u omisión permitieron graves violaciones a derechos humanos. Es cierto que esto no constituirá un deslinde de responsabilidad penal o administrativa, pero si puede constituir un contundente señalamiento de responsabilidad política que, al determinarse jurídicamente por el más alto Tribunal de la República, debe dar pie a ulteriores investigaciones y procedimientos. En este sentido, resultan sumamente reprochables e irresponsables las recientes declaraciones del Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, en las que ha reiterado que “el uso de la fuerza pública durante los operativos desplegados en San Salvador Atenco fue legítimo y que fue una facultad necesaria para el restablecimiento del orden y la paz en esa zona del estado”. Estando en puerta la culminación de la investigación de la SCJN, declaraciones como la citada se alejan de lo exigible en un gobernante verdaderamente comprometido con la vigencia de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Lejos de expresar respeto a la labor autónoma del Poder Judicial de la Federación y sometimiento al orden constitucional de la República, las declaraciones del Gobernador mexiquense anticipan una significativa y cuestionable reticencia a acatar las conclusiones de la Corte. Lo mismo puede decirse de otros asertos formulados por funcionarios del Estado de México, que pretenden restar importancia al inminente pronunciamiento de la SCJN. Si el Estado mexicano pretende avanzar hacia un régimen en el que se respeten plenamente los derechos humanos, las resoluciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la que concluirá la investigación realizada en el caso Atenco, no deben ser descalificadas a priori o minimizadas por órganos estatales y actores políticos de menor jerarquía. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez reitera su llamado a que la SCJN concluya su investigación sobre el caso Atenco cumpliendo a cabalidad lo ordenado por el artículo 97 de la Constitución, atendiendo a que si cuenta con esa facultad sui generis es en buena medida porque el constituyente previó que las autoridades podrían violar los derechos humanos y no realizar investigaciones serias, como ocurre en el caso Atenco. En ese sentido, dada la trascendencia de la inminente decisión de la SCJN, el sometimiento de todos los servidores públicos al dictado de la Corte –incluyendo al Gobernador del Estado de México y al Procurador General de la República- es un deber ineludible. Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos Censura PRODH aval de Peña Nieto en torturas de Atenco MIGUEL CABILDO/PROCESO MEXICO, D. F., 30 de enero (apro).- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez calificó de irresponsables las declaraciones del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, en el sentido de legitimar el uso de la fuerza en San Salvador Atenco durante los sucesos de mayo de 2006. En vísperas de la culminación de la investigación de la SCJN sobre el caso Atenco, Peña Nieto declaró ayer que "el uso de la fuerza pública durante los operativos desplegados en San Salvador Atenco fue legítimo" y añadió que "fue una facultad necesaria para el restablecimiento del orden y la paz en esa zona del estado". En un comunicado, el Prodh lamentó lo dicho por el funcionario mexiquense. Aseguró que ese tipo de afirmaciones alejan de lo exigible en un gobernante verdaderamente comprometido con la vigencia de los derechos humanos y el Estado de Derecho. El organismo no gubernamental sostuvo que las expresiones del mandatario mexiquense lejos de expresar respeto a la labor autónoma del Poder Judicial de la Federación y sometimiento al orden constitucional de la República, anticipan una significativa y cuestionable reticencia a acatar las conclusiones de la Corte. Dijo que lo mismo puede decirse de otros asertos formulados por funcionarios del Estado de México, que pretenden restar importancia al inminente pronunciamiento de la SCJN. "Si el Estado mexicano pretende avanzar hacia un régimen en el que se respeten plenamente los derechos humanos, las resoluciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la que concluirá la investigación realizada en el caso Atenco, no deben ser descalificadas a priori o minimizadas por órganos estatales y actores políticos de menor jerarquía", subrayó el Prodh. Por ello, reiteró su llamado a que la SCJN concluya su investigación sobre el caso Atenco cumpliendo a cabalidad lo ordenado por el artículo 97 de la Constitución, atendiendo a que si cuenta con esa facultad sui generis es en buena medida porque el constituyente previó que las autoridades podrían violar los derechos humanos y no realizar investigaciones serias, como en este caso. Para el Prodh, la resolución de la Corte podría contribuir a revertir la impunidad en el caso Atenco. Más aún, representa la oportunidad de examinar deficiencias estructurales en las instituciones de seguridad pública y de justicia mismas que afectan especialmente a las mujeres. Como se recordará, el 3 y 4 de mayo de 2006 se realizó un despliegue masivo de la fuerza pública en las inmediaciones Texco y Atenco, en el Estado de México, en respuesta a las acciones de protesta efectuadas por el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y grupos de comerciantes. En los operativos participaron elementos de los tres niveles de gobierno y dejaron como saldo un caudal de violaciones a los derechos humanos: privaciones arbitrarias a la vida, allanamientos ilegales, uso excesivo de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, torturas y agresiones sexuales, que en su momento fueron ampliamente documentados por organizaciones civiles como este Centro de Derechos Humanos y corroboradas posteriormente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y otros mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Para el Prodh, lo ocurrido en Atenco evidenció que las instituciones de seguridad y justicia adolecen de fallas estructurales, motivadas en buena medida por políticas que subordinan la seguridad de las personas a la seguridad del estado. Igualmente, las violaciones a derechos humanos documentadas en Atenco resultaron paradigmáticas de las particulares afectaciones que dichas políticas tienen en las mujeres. Este Centro de Derechos Humanos ha estado en ocasión de comprobar lo anterior en el acompañamiento que brinda a las mujeres que valientemente denunciaron tortura inclusive, la violación sexual, cometida en su contra por policías. Pese a la gravedad de los hechos, las víctimas no han tenido acceso a una justicia integral. Por el contrario, se ha sancionado penalmente con notoria desproporción a personas relacionadas con el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra. Gobernador de Edomex y PGR deben someterse a la SCJN Agresión contra mujeres en Atenco, paradigmática de política estatal De la redacción México DF, 30 enero 09 (CIMAC).- Las violaciones a derechos humanos documentadas en Atenco, Estado de México, durante el operativo policíaco del 3 y 4 de mayo de 2006, resultaron paradigmáticas de las afectaciones que dichas políticas tienen en las mujeres, lo que se ha comprobado gracias al acompañamiento que organizaciones civiles brindaron a las mujeres que valientemente denunciaron tortura y violación sexual cometida por policías. Así lo da a conocer un comunicado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), a pocos días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ) inicie –el próximo 9 de febrero-- sus discusiones sobre el caso Atenco. Recuerda el Centro Prodh el caudal de violaciones a los derechos humanos ocurridos en Atenco, como privaciones de la libertad, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, uso excesivo de la fuerza, torturas y agresiones sexuales, cuando policías de los tres órdenes de gobierno reprimieron las acciones de protesta efectuadas por el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y grupos de comerciantes. Considera el comunicado que lo anterior evidenció que las instituciones de seguridad y justicia adolecen de fallas estructurales, motivadas en buena medida por políticas que subordinan la seguridad de las personas a la seguridad del Estado. Lo anterior debido a la próxima discusión del proyecto de dictamen del caso Atenco en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que contiene la investigación que ha realizado el máximo Tribunal con motivo de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Texcoco y San Salvador Atenco. ABUSOS El comunicado del Centro Pro destaca la forma en que se realizó el despliegue masivo de la fuerza pública en las inmediaciones de dichos poblados, en respuesta a las acciones de protesta efectuadas por el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y grupos de comerciantes. Estos operativos, asegura el comunicado, contaron con la participación de elementos de los tres niveles de gobierno y dejaron como saldo un caudal de violaciones a los derechos humanos. Estos abusos, indica el comunicado, fueron documentados por diversas organizaciones civiles como el Centro Pro y corroborados posteriormente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otros mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Pese a la gravedad de los hechos y aún cuando ha trascurrido un tiempo más que razonable, puntualiza el comunicado, las víctimas no han tenido acceso a una justicia integral, sino por el contrario se ha sancionado penalmente con notoria desproporción a personas relacionadas con el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra. REVERTIR LA IMPUNIDAD Sin embargo, la conclusión de las investigaciones de la SCJN, aunque tienen limitaciones, sí pueden contribuir a revertir la impunidad hasta ahora imperante y además, debido a que las pronuncia el máximo tribunal de la nación, no puede dejarse de lado su trascendencia. Al discutir el caso, la SCJN podrá ahondar en las violaciones a derechos humanos documentadas y realizar señalamientos precisos a los responsables de acuerdo a la cadena de mando, por tanto, establecer las responsabilidades en que incurrieron no solo agentes que participaron en los operativos sino también altos funcionarios, señala el comunicado. Y, en este sentido, manifiesta su inconformidad ante las reprochables e irresponsables declaraciones de gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, quien reiteró que “el uso de la fuerza pública durante los operativos desplegados en San Salvador Atenco fue legítimo y fue una facultad necesaria para el restablecimiento del orden y la paz en esa zona del estado”. Las declaraciones, asegura el Centro, lejos de expresar respeto a la labor autónoma del Poder Judicial de la Federación y sometimiento al orden constitucional de la República, anticipan una significativa y cuestionable reticencia a acatar las conclusiones de la Corte. Por lo anterior, el Centro Prodh reitera su llamado a que la SCJN concluya su investigación sobre el caso Atenco, cumpliéndolo a cabalidad como le marca la Constitución y atendiendo a que, si cuenta con esa facultad sui generis, es en buena medida porque el constituyente previó que las autoridades podrían violar los derechos humanos y no realizar investigaciones serias, como ocurre en el caso Atenco. Dada la trascendencia de la inminente decisión de la SCJN, finaliza el Centro Prodh, debe haber sometimiento de todos los servidores públicos al dictado de la Corte, incluyendo al Gobernador del Estado de México y al Procurador General de la República, “es un deber ineludible”.