Ratifican campesinos de la CNC su apoyo a La ParotA
Sergio Ocampo, corresponsal
La organización de labriegos dijo que sólo espera luz verde de los gobiernos federal y estatal para iniciar la discusión sobre la indemnización
Chilpancingo, Gro. El secretario general de la Confederación Nacional Campesina (CNC, ORGANIZACIONAL SERVICIO DEL ESTADO), ratificó su disposición a que continúen los trabajos del proyecto de construcción de la presa La Parota, y acusó al Centro de Derechos humanos de la Montaña Tlachinollan y al alcalde de Acapulco, Félix Salgado, de manipular y financiar al movimiento opositor a la obra hidroeléctrica.
Mientras que el dirigente de la CNC en Guerrero, Evencio Romero Sotelo, aseguró que ejidatarios ya fijaron un precio inicial de 200 mil pesos por sus hectáreas, aunque dijo que el costo podría aumentar dependiendo de su utilidad.
Ayer martes el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, dio a conocer que ganó un juicio de amparo que le permitirá empezar las obras de construcción de La Parota, lo que fue calificado como "falso" por los comuneros opositores al proyecto.
Romero Sotelo dijo que sólo esperan el visto bueno de los gobiernos federal y estatal para iniciar la discusión relacionada con la indemnización por las tierras de los comuneros.
Se ganó juicio de La Parota, dice CFE; lo desmienten comuneros
Falta un largo camino y hasta se podría llegar a la SCJN, advierte representante campesino
La Comisión invertirá 22 mil millones de dólares en 2008 en 47 nuevas plantas de generación
Miriam Posada, Elizabeth Velasco, Alfredo Méndez y Sergio Ocampo, corresponsal
El director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub, en la reunión anual de Competitividad y Calidad, donde junto al representante del sindicato, Medeo Vargas, entregó reconocimientos a trabajadores Foto: Jesús Villaseca
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ganó el juicio de amparo que le permitirá empezar las obras de construcción de la hidroeléctrica La Parota, aseguró el director de la paraestatal, Alfredo Elías Ayub.
Con esta noticia ayer se reavivó el conflicto con cerca de 7 mil comuneros de Guerrero, quienes advirtieron que no habrá construcción de la hidroeléctrica, “así lo diga el presidente Felipe Calderón”.
Al respecto, el representante legal de los comuneros de La Parota e integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Xavier Martínez Esponda, afirmó que son “falsas” las declaraciones del titular de la CFE, Alfredo Elías Ayub, en sentido de que esa paraestatal ha ganado el juicio, pues “aún falta recorrer un largo camino para librar la segunda batalla” y, de ser necesario, llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Durante la inauguración de la reunión anual de Competitividad y Calidad de la CFE, Alfredo Elías Ayub anunció que la empresa ganó el juicio de amparo que le permitirá erigir la hidroeléctrica La Parota, en Guerrero, aunque puntualizó que para empezar las obras es necesario llegar a acuerdos con unos 7 mil comuneros que se han opuesto al proyecto.
La respuesta en contra no se hizo esperar. La dirigencia del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop) desconoció las declaraciones de Elías Ayub y exigió respeto a sus derechos.
José Venus Hernández Nicanor, integrante de la dirigencia del Cecop, advirtió que los comuneros no permitirán la construcción. “No sean tercos, el pueblo ya acordó que la presa no pasará, así lo pueda decir el gobernador, el presidente Felipe Calderón o quien sea, porque nosotros como campesinos ya fijamos nuestra postura, y es que nuestras tierras no están en venta”.
En tanto, Xavier Martínez Esponda explicó que el Cemda apeló en tiempo y forma ante un tribunal colegiado de circuito, jerárquico superior de la juez Livia Lizbeth Larumbe, por lo cual sigue vigente la suspensión definitiva de las obras de construcción de la hidroeléctrica. “La suspensión definitiva se mantiene vigente hasta que resuelva el tribunal colegiado, y de no ser favorable llegaremos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Destacó la imposibilidad jurídica que tiene la CFE para continuar con las obras de la hidroeléctrica, no sólo porque ya acudieron ante una instancia jurídica superior, sino también porque la CFE “perdió una serie de juicios ante los tribunales agrarios, y por ello no puede entrar por ningún motivo a los terrenos de los comuneros” de Cacahuatepec, Guerrero. “De esto tiene conocimiento Elías Ayub, por lo cual sería temerario, e incluso contravendría el estado de derecho, cualquier intento por tratar de ejecutar las obras de La Parota”, insistió.
Según fuentes del Poder Judicial, el juicio de amparo comenzado a petición de pobladores que se inconformaron con la construcción de la presa La Parota no ha concluido en todos sus términos legales, ya que está pendiente la resolución del recurso de revisión interpuesto ante un tribunal colegiado de distrito con sede en el estado de Guerrero.
De acuerdo con los informantes, en tanto no sea analizado el recurso de inconformidad, no puede darse por concluido el litigio judicial iniciado a petición de los comuneros que están inconformes con la construcción del embalse.
Hasta el momento se encuentra en manos del segundo tribunal colegiado el juicio, mismo que podría prolongarse varios meses.
Generar 25% de electricidad con energías renovables, la meta
Ante trabajadores de la CFE, Alfredo Elías Ayub destacó que estudios de colegios de ingenieros y organismos especializados sostienen que la inundación en Tabasco responde a un desastre natural producto de que en octubre llovió 3.5 veces más que el promedio normal, lo que provocó que los ríos no controlados por presas llevaran más agua.
Señaló que el derrumbe que bloqueó el curso del río Grijalva estará removido en tres semanas, con la apertura de un canal que permita el paso ordenado del agua hacia la presa de Peñitas.
Durante el encuentro con trabajadores electricistas, el director de la comisión destacó que entre los mayores retos de la paraestatal figuran invertir 22 mil millones de dólares en la construcción de 47 plantas para 2010, con capacidad para generar 22 mil 105 megavatios, además de ahorrar 7 mil millones de pesos el año próximo por la reducción de costos de operación.
Este proyecto permitirá llevar electricidad a todas las comunidades indígenas del país, con una meta para 2008 de mil lugares,m con lo que casi estaría cubierto el suministro de energía en el territorio nacional.
Destacó que la empresa tiene como propósito terminar la actual administración generando 25 por ciento de electricidad con energías renovables, y aseguró que el suministro de gas natural para la operación de las centrales está garantizado con las dos plantas regasificadoras instaladas en el país.
Elías Ayub aseguró que el margen de reserva que tiene la comisión le permitió mantener el suministro de electricidad de manera regular durante los atentados a los ductos de Petróleos Mexicanos, cuando se interrumpió el abasto de gas natural. Destacó además que la fortaleza del Sistema Eléctrico Nacional es lo que ha permitido llevar electricidad a todo el país, ahora que las hidroeléctricas del sureste están detenidas.
Asimismo, adelantó que la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) empezarán pláticas para modificar el régimen de pensiones para los nuevos trabajadores de la CFE, sin tocar los derechos de los actuales y los jubilados.
Este acuerdo fue producto del último consejo nacional ordinario del SUTERM, y el convenio al que lleguen los trabajadores con la empresa permitirá garantizar la viabilidad financiera, las pensiones de los que están hasta ahora en activo, las cuales no serán cambiadas, y las pensiones de los jubilados que tampoco serán modificadas, aseguró Elías Ayub.
Campesinos con machetes, palos, resorteras y piedras que se oponen a
La Parota es un megaproyecto de presa hidroeléctrica, como ya hubo varios en México, que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) espera construir al norte de Acapulco en el estado del Guerrero: 17 mil hectáreas de tierras cultivables y de bosques inundados, 25 mil campesinos afectados según los opositores; 3 mil 500, según la CFE.
Este proceso ha generado una resistencia fuerte por parte de los afectados desde hace más de dos años, ya que sigue un modelo de carácter colonial como es común en México, especialmente con la población rural e indígena. Otra vez, las comunidades enfrentan no sólo a una paraestatal que quiere imponer su voluntad en su área de vida y proceder a lucrar con la energía extraída, sino también a políticas gubernamentales que, al promover la instalación de un megaproyecto de presa bajo la premisa de que mejorará la situación macroeconómica de la región y del país, promueven conflictos sociales y ambientales.
La CFE tiene un expediente largo en materia de expulsión forzosa por motivo de construcción de presas y por no haber cumplido compromisos o haberlo hecho a medias. Son numerosos en el país los afectados que esperan todavía que "la CFE pague", a veces desde hace más de 40 años, atrapados en una colonia urbana extemporánea, sin fuentes de empleo, sin restitución de tierra alguna.
Es dentro de este panorama impune e injusto, que La Parota se perfila como un capítulo más en la triste historia de un Estado autoritario.
En la propuesta o construcción de nuevas presas, vemos repetirse actualmente un fenómeno relativamente común en México, una persecución anticampesinos, con las propias palabras de algún funcionario ("¡indio pendejo!"), sus identificadores (pobreza...) y sus muy concretas leyes de persecución (contra la propiedad comunal de la tierra, en particular).
La idea común a muchas políticas censatarias (exclusión de los pobres) se hace oír de nuevo: "esta gente es demasiado pobre, ellos no sirven para nada mientras que sus aguas y sus tierras podrían ser útiles a la nación".
La relación de conflicto que los campesinos de la región afectada por el proyecto La Parota mantienen con el poder es testimonio de su exclusión, de su deslegitimación como ciudadanos y del no reconocimiento institucional de su presencia en su propio territorio. Es esencial ver que la precariedad y la marginación de las comunidades en gran parte fueron construidas desde la intervención institucional.
Los pueblos fueron y siguen siendo sometidos a acciones de expulsión cuyas motivaciones son múltiples (presa La Venta, Autopista del Sol, La Parota), pero siempre por razones de "interés económico mayor" u "obras de utilidad publica" que no benefician a dichas poblaciones afectadas por el despojo. ¡Vaya a hablar de integración económica a gente a quien se niega de manera manifiesta la calidad de personas!
Lo que han dicho muchos campesinos es esto: "Somos de este país y todo pasa como si el Estado no nos contara, ¿acaso no somos nosotros la nación?" El Estado por su parte se apresuró a validar esta declaración, promulgando una serie de medidas discriminatorias y represivas, como chantajear las ayudas de Procampo, del Programa Oportunidades y quitar la policía comunitaria de las comunidades mayoritariamente opositoras.
Lo más increíble en los recientes acontecimientos es la disposición tomada por el Estado. Es notable –e inquietante– constatar la facilidad con la cual una lucha de comuneros y ejidatarios se circunscribe con asambleas amañadas, corrupción, amenazas y represión, y la facilidad con la cual eso ha sido aceptado por una amplia parte de la opinión controlada por el Estado, a pesar de la interminable cadena de denuncias por parte de organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil.
En 2004 se anuncian las primeras asambleas para que los ejidatarios aprueben el proceso expropiatorio y el cambio de uso del suelo. La ilegalidad de estas asambleas se hace sentir muy rápidamente cuando, a mediados de 2005, llegan a los núcleos agrarios campesinos de las comunidades más afectadas de Cacahuatepec, Los Huajes, Dos Arroyos y La Palma que representan el 63 por ciento de las tierras que serán inundadas.
Fue hasta finales de 2005 cuando la CFE mostró de lleno su capacidad para hacer genuflexiones. Se trataba de acabar lo más rápido posible y a como diera lugar con las asambleas para poder licitar, y con ello se desplegó todo un arsenal de corruptelas e ilegalidades en los tres niveles de gobierno.
Se ve al futbolista Jorge Campos prestarse, sonrisa feliz, al juego de propaganda impulsado por la CFE a través de spots publicitarios; jóvenes distribuir en la playa de Acapulco folletos que dicen que la presa La Parota garantizará 50 años de agua potable a Acapulco, cuando la misma Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) admite que la presa no tendrá que ver con el abastecimiento de agua para esta ciudad.
Se comprende que la propaganda y la mediatización prevalieron al establecimiento de una verdadera información dirigida a los afectados. Sale también a la luz pública el uso de la corrupción cuando el nuevo presidente municipal de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, revela a la prensa que la paraestatal se ofreció financiarle toda su campaña, a cambio de que hiciera declaraciones a favor del proyecto.
En los años 90 del siglo pasado, este espectáculo parecía ser condenado a una desaparición cercana con las promesas de la CFE de implementar las medidas contenidas en el informe de la Comisión Mundial de Represas (CMR): ya no se podía, para obtener un préstamo del Banco Mundial, seguir implementando megaproyectos de presas que implican el desplazamiento de mucha población sin respetar sus derechos humanos más elementales, la destrucción de los ecosistemas y el daño al medio ambiente.
Pero parece que sí. Esta falta de esfuerzo para cambiar los métodos de implementación de la infraestructura energética del país muestra que la CFE sigue haciendo lo mismo desde hace 50 años con total impunidad. Llevó a cabo las asambleas de comuneros y ejidatarios sin respetar ni la Ley Agraria ni los usos y costumbres de los pueblos, usando a las corporaciones policíacas para intimidar e impedir la entrada a las asambleas los comuneros opositores, excluyendo así su participación en las políticas que les afectan, y generando enfrentamientos violentos.
Las convocatorias fueron ilegales en tiempo, lugar, modo y forma según lo estipula la Ley Agraria, y se orquestaron los mecanismos fraudulentos de siempre, recurriendo a prácticas de compra y coacción del voto, recolección de las credenciales de elector y ofrecimiento engañoso de obras, como la pavimentación de las calles de San José Cacahuatepec, una de las comunidades que va a quedar debajo de las aguas de la presa.
El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) interpuso demandas de nulidad de las asambleas comunales y ejidales desarrolladas en esos núcleos agrarios ante el Tribunal Unitario Agrario con sede en Acapulco. El 17 de enero el tribunal les concedió la razón al declarar la nulidad del acta de asamblea de los comuneros de Cacahuatepec llevada a cabo en San Marcos el 23 de agosto del 2005, así como de los convenios y acuerdos suscritos con la CFE.
Con todo, la paraestatal –que a pesar de todo ha iniciado su proceso de licitación– parece tener la firme intención de seguir negando los derechos de los campesinos de la Parota, repitiendo la misma historia de siempre.
A cambio de la inundación, la CFE, vía la Universidad Autónoma de Guerrero, propone "planes de desarrollo alternativo", pero en total contradicción con los impactos de la presa destacados en el Estudio de Impacto Ambiental y en el informe de la CMR.
¿Las dos grandes propuestas del "desarrollo sostenible" prometidos a cambio de la inundación del único bien que tienen los campesinos, o sea su tierra?
Una propuesta es el impulso a la pesca, sin tomar en cuenta que el agua será contaminada rápidamente como en todas las presas. Y por supuesto el turismo, opción riesgosa ya que faltarán adeptos a ir a broncearse delante de un embalse color café en temporada de lluvias, y menos aun cuando Acapulco y las playas del Pacífico se encuentran a una hora.
No hay aquí nada de nuevo, se trata "del método de desarrollo sostenible de la CFE" reproducido en muchas presas de México y que no ha dado hasta ahora resultados factibles.
El problema es que el proyecto no fue diseñado y no se está realizando ni en un marco legal ni en una lógica sustentable. No es un proyecto que se plantee cambiar la lógica del desarrollo, revertir las desigualdades y las exclusiones, sino que ofrece únicamente la continuidad de la inercia neoliberal.
Todo ello ha elevado el nivel del conflicto al grado de que la capacidad de resolverlo adecuadamente se ha vuelto una cuestión casi imposible.
Es tiempo de recordar la existencia de valores, principios y propuestas sociales más importantes que lo estrictamente económico, de implementar un sistema político democrático que asegure a sus ciudadanos una participación efectiva en la toma de decisiones y un desarrollo concordante con el derecho de conservar y mejorar la identidad campesino/indígena y la calidad de vida, respetando el medio ambiente para las generaciones futuras.
Antes de expropiar las tierras, la CFE ya tiene un pendiente largo, y la falta de diálogo del gobierno y de la paraestatal sigue alimentando la confrontación y alienta la división en los pueblos. Esta división ha ocasionado en el último año tres muertos, tres lesionados graves, cuatro detenidos y siete presos, sin contabilizar los múltiples heridos resultados de los enfrentamientos que ocurrieron en las asambleas.
Sería conveniente que la paraestatal contestase por lo menos a algunos interrogantes que hicieron los comuneros y los especialistas:
Primero, la alta sismicidad de la zona reconocida por los geólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México que pone en peligro no sólo el proyecto, sino las poblaciones locales.
Segundo, la degradación de las cuencas y de los recursos acuáticos en una zona árida que va a agravar este megaproyecto.
Tercero, el peso de la deuda que se contraerá y que tendrá que reembolsar el pueblo mexicano.
El potencial energético, de 900 MW generados durante 50 años (en la óptica optimista), en un contexto de apertura y liberalización del mercado energético nacional, sería un excelente botín para empresas privadas. Operada por la CFE, La Parota será construida por empresas privadas y representa una inversión de mil millones de dólares, que infla la deuda de la paraestatal que ya aumentó considerablemente durante el sexenio del presidente Fox. Este esquema acaba con el mito de la justificación común de las expropiaciones para "obras de utilidad pública".
"Tal justificación fue utilizada en casi todos los proyectos de presa, cuando sólo es un disfraz jurídico para ocultar la transferencia de recursos públicos a manos privadas", confirma Scott Robinson, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Iztapalapa, que ha estudiado más de veinte años el asunto de las presas en México.
Tendría que acabar lo más pronto posible esta historia de siempre para que se evite la masacre que temen los campesinos y que puede ocurrir si no se cancela el proyecto La Parota.
Magali TirelANTECEDENTES:
Más de 590 viviendas pretende el gobierno inundar. Aunque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta sólo 2,812 habitantes que serían desplazados, varias comunidades rebasan, cada una, esa cifra. Sin embargo, los pobladores saben cuántos son: más de 20 mil habitantes de 13 poblados ubicados en 3 municipios del estado de Guerrero que tendrían que abandonar sus lugares. De estos terrenos ejidales y comunales el 76% de su población se dedica a la actividad agrícola. El embalse cubriría 13,728 mil hectáreas de superficie. La capacidad del embalse es tres veces menor que la Presa La Angostura; dos veces que la Presa Malpaso; pero cuatro veces más grande que la de Chicoasén; y más grande que la presa proyectada de Itzantú
n, todas ellas en Chiapas.
En el documento "Proyecto Hidroeléctrico La Parota. Estado de Guerrero" de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, Subdirección de Construcción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fechado en el 2002, se establece que el proyecto hidroeléctrico se basará en ciertos principios de relación con la sociedad: equidad social, sustentabilidad, eficacia en las acciones, toma de decisiones participativa y responsabilidad en el cumplimiento de compromisos. La Parota es calificado por la CFE como "una alternativa viable para contribuir a la satisfacción de la demanda de energía eléctrica en el área Central del país", y estaría ubicado en la cuenca del río Papagayo a 350 km al sur de la Ciudad de México y a menos de 50 km del puerto de Acapulco. La altura de la cortina que represaría el río sería de 162 metros de altura y se uniría a las más de 45 mil represas que se han construido en todo el mundo, según el Informe de la Comisión Mundial de Represas del año 2000, y que han represando más del 60% de los ríos del planeta. Sus 765 MW de potencia instalable nuevamente se centran en el modelo de desarrollo neoliberal, en el marco del Plan Puebla-Panamá (PPP) y con el objetivo de proporcionar energía a las maquiladoras, los grandes centros turísticos, a las ciudades y la industria de extracción, entre otras, pero no para el desarrollo y las necesidades de los pueblos. Los megaproyectos hidroeléctricos pretenden también abastecer la energía eléctrica del sur de los Estados Unidos y unirse a la red eléctrica nacional y centroamericana.
En 1976 la CFE inició los estudios técnicos en el sitio La Parota y en 1988 terminó el estudio de factibilidad geológica. Hace más de 20 años, entre 1983 y 1984 realizó el estudio socioambiental de la región y que luego actualizó en 1994. La CFE cuenta ya con el estudio de factibilidad técnico económica y de preconstrucción. Según la Comisión sus "prioridades estratégicas" respecto a la construcción de la hidroeléctrica son: información permanente y participación sistemática con las comunidades; evaluar exhaustivamente las acciones; preservar los medios de subsistencia; reconocer derechos patrimoniales; proporcionar beneficios comunes; y asegurar se cumplan con las normas. Destaca además tres retos: que La Parota sea "socialmente deseable"; "ambientalmente sustentable" y "económicamente rentable". Paralelamente, la CFE calcula que la producción afectable serán 320 hectáreas de cultivos frutícolas y 3,500 hectáreas de cultivo. Además inundaría dos puentes carreteros sobre los ríos Omitlán y Papagayo; 16.6 km. de carreteras pavimentadas; 22.8 km. de caminos de terracería; 31.5 km. de líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica y la misma central hidroeléctrica La Venta.
No hay que olvidar que la construcción de represas en el mundo provocó que durante el siglo XX el 50% de los humedales en el mundo se hayan extinguido, y que al menos el 20% de los peces están en peligro de extinción. Para la Red Internacional de Ríos (IRN por sus siglas en inglés) hasta el año 2003 se han construido 47 mil grandes represas en todo el mundo y más de 800 mil pequeñas represas. A nivel mundial, el 67% del agua es usado por la agricultura, sector que más desperdicia el líquido; y el 19% lo ocupa la industria altamente contaminante. En el caso específico de la energía que producen las grandes represas, el 36% han sido construidas para la irrigación; el 20% para generar energía; el 17% para abastecimiento de agua; el 12% para controlar las inundaciones; el 9% para la recreación y el 6% para otros usos.
Otros estados en el país no se han salvado de los efectos de las represas. En agosto de 2002 se decretó la alerta máxima en Zacatecas y San Luis Potosí por el desbordamiento de las presas La Ventanilla y El Capulín. Más de 3 mil damnificados, 13 muertos y 15 desaparecidos fue el saldo en varias comunidades luego que las presas se rompieran por la presión del agua. Un año después, en septiembre de 2003, alrededor de 5 mil personas fueron evacuadas de varias comunidades en el estado de Nayarit ante el peligro de desbordamiento de la presa Aguamilpa. En el estado de Nuevo León más de 10 comunidades fueron afectadas por la apertura de las compuertas de la presa El Cuchillo para evitar su desbordamiento y rompimiento. En Acámbaro Michoacán más de 200 viviendas se las llevó el agua al abrir las compuertas de la presa Solís.
Se calcula que para el 2010 se terminaría la construcción de la presa La Parota, año en que la mayoría de las presas del país habrán cumplido su vida útil de 50 años. Estos megaproyectos del sexenio de Vicente Fox se contextualizan también en el marco de la gran obra hidroeléctrica de El Cajón en el estado de Nayarit, de la ampliación de la presa Benito Juárez en Oaxaca y de los proyectos hidroeléctricos en Chiapas, así como de la privatización de la energía eléctrica y los contratos millonarios que están logrando las grandes compañías transnacionales españolas, alemanas, japoneses y norteamericanas, entre otras.
En el estado de Guerrero ya existen seis centrales generadoras de energía eléctrica (cuatro hidroeléctricas: La Venta, La Villita, Infiernillo y El Caracol; una de turbogas: Las Cruces; y una termoeléctrica: Petacalco). Para el año 2000 aportaban el 9.2% de la producción eléctrica total del país y el porcentaje de electrificación fue de 47.9% ocupando el lugar 25 a nivel nacional. Guerrero junto con los estados de Oaxaca y Chiapas son las entidades del país en la que menos energía eléctrica cuentan los habitantes en sus domicilios.
La banca internacional ha sido el instrumento para la financiación de las grandes represas que además han endeudado a los países. También va aparejado con el enriquecimiento de las grandes corporaciones transnacionales y la privatización de la infraestructura, de la energía eléctrica y del agua. Ninguna hidroeléctrica ha logrado producir la energía proyectada y por lo general los costos han aumentado hasta en un 56% de lo estimado inicialmente. Del mismo modo el tiempo real de construcción siempre se ha sido mayor en meses y hasta en años al calculado en su planeación. Por otro lado, el calentamiento global, el cambio climático y los largos periodos de sequías han alargado el periodo de llenado de los embalses lo que pone en duda su rentabilidad y la consecución de su financiamiento. Si a ello le sumamos el desplazamiento de la población, la alteración de ecosistemas, la contribución del efecto invernadero, la desaparición no sólo de peces y otros animales y vegetación sino hasta de culturas y monumentos históricos; la disminución o casi desaparición del agua río abajo y la afectación río arriba, y hasta la conversión de grandes territorios secos por la alta concentración de sales, entre otros efectos, necesariamente nos lleva a reconsiderar las grandes represas y en su lugar buscar nuevas alternativas de energía eléctrica bajo otro modelo de desarrollo.
La Parota significará un grave deterioro ambiental con la deforestación además de acelerar la desaparición de los mantos freáticos que abastecen de agua al Puerto de Acapulco. Por ello los pobladores manifestaron que "defenderemos nuestras tierras porque es nuestro patrimonio y no lo entregaremos a la Comisión Federal de Electricidad". La CFE oculta información y evita la consulta con la población que será afectada y quienes aseguran que los estudios de impacto ambiental elaborados pro la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) parten de parámetros sesgados para hacer el estudio. Con la crisis del campo, con el crecimiento de la población, ¿a dónde irán más de 20 mil personas? ¿A los Estados Unidos?
Este proyecto ha generado movilizaciones sociales en al menos 10 poblados exigiendo información que el gobierno se niega a dar. En el mes de octubre de 2003 la movilización tuvo una sola demanda: detener la hidroeléctrica. Más de 3000 campesinos iniciaron las protestas contra la represa y dispuestos a morir en defensa de sus tierras y comunidades. "Ni un paso atrás contra la presa La Parota" y "estamos dispuestos a morir por la tierra" fueron algunas de las consignas apoyadas por organizaciones sociales, colonos, taxistas, universitarios y militantes de partidos políticos quienes se sumaron al apoyo de los campesinos que serán afectados. En pocas semanas más de 30 mil personas se manifestaron en la ciudad de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero. Los manifestantes han bloqueado la entrada a la zona de la represa. La estrategia gubernamental fue crear grupos de choque e iniciar la contratación de personal para la construcción y dividir a la población informando también de los supuestos "beneficios" que traería la presa La Parota. Hace tres meses la población opositora al proyecto logró que se suspendiera una asamblea comunal cuyos líderes pretendían otorgar la aprobación para continuar con los estudios y el proyecto de la represa, protegidos por 50 elementos de las policías del estado de Guerrero, Preventiva y Rural. Sólo 395 comuneros de los 7,825 de la región pretendían dar la autorización. Luego de cuatro horas de discusión y conatos de violencia se decidió suspender la asamblea. Aunque los machetes no se blandieron la situación sigue siendo tensa.
Los poblados y comunidades en resistencia han logrado detener las máquinas que comenzaban a trazar caminos para la entrada y salida de material y equipo de construcción. Se le exigió a la CFE que pagara los destrozos de los trabajos iniciados y la población ha logrado detener su avance. Se ha exigido también a la CFE el pago adeudado desde hace 46 años por los terrenos utilizados para la construcción de la presa La Venta que ahora quedará totalmente cubierta por La Parota. Tampoco se ha indemnizado a los afectados desde hace 23 años por la construcción de la Presa El Caracol y 20 años a los desplazados por la represa Petacalco. El Consejo General de Comunidades Inconformes con el Proyecto La Parota manifiestan que "el impacto ecológico será irreversible en nuestras selvas tropicales de la región. Pedimos que abran los ojos y entiendan que no habrá progreso sino más pobreza, porque lo único que generarían sería más de 25 mil desplazados".
Los pobladores de los ejidos y comunidades directamente afectadas han convocado a un Campamento de Resistencia el 14 de marzo de 2004, Día Internacional contra las Represas y por la defensa de los Ríos, el Agua y la Vida. En este evento realizarán mesas de discusión y análisis sobre el deterioro social y ambiental de los embalses, los derechos humanos, etc.
El problema es mundial. En días pasados en Brasil el Movimiento Nacional de los Damnificados por Represas (MAB por sus siglas en portugués) denunciaron que 100 mil familias pretenden ser expulsadas de sus tierras a causa de las 70 grandes represas proyectadas para los próximos tres años por el gobierno del presidente Lula. Actualmente en Brasil existen más de dos mil represas que han provocado el desplazamiento de un millón de personas equivalentes a 300 mil familias; han inundado 34 mil km cuadrados que equivalen a 3.4 millones de hectáreas, aproximadamente la mitad del territorio del estado de Chiapas. Las represas hidroeléctricas en Brasil proporcionan el 89% de la energía del país. Sin embargo más de 20 millones de personas, equivalentes a cinco millones de casas habitación, no cuentan con energía eléctrica. Mientras tanto, la industrias de propiedad extranjeras pagan proporcionalmente 10 veces menos que la población por megawatt de energía eléctrica. La gran mayoría de las familias quienes han sido desplaza de sus tierras para construir las represas no han recibido apoyo por el traslado forzoso, y el 70% no han recibido ningún tipo de indemnización.
Los ríos son para el planeta como la circulación de la sangre en nuestro cuerpo. Tenemos que dejarlos libres, que fluyan, que corran, que den vida. El impacto por su represamiento nos obliga a construir alternativas de desarrollo realmente sustentable. Los efectos de las represas nos afectan a todos los pueblos del mundo de manera directa o indirecta. Necesitamos generar un proyecto que de esperanza y vida, no de muerte y desolación a costa del desplazamiento de población y más pobreza humana y medioambiental.
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