ACTUACION DEL "CABARET DE OAXACA" LA PROCURADURIA

OAXACA DE JUAREZ , OAXACA.

ERNESTO REYES La marcha y la "procesión del silencio" para conmemorar la gran represión del 25 de noviembre de 2006, nos hace recordar el lamentable papel que durante el conflicto ha representado la Procuraduría General de Justicia del Estado, a cargo ahora de Evencio Nicolás Martínez, pero que tuvo su máxima expresión de cinismo y atentatoria contra los derechos humanos, cuando estuvo a cargo de Lizbeth Caña Cadeza, una abogada tuxtepecana de la que sus paisanos debieran sentirse avergonzados. El desprecio que las autoridades oaxaqueñas sienten por la protección de estos derechos se expresó en la primera reacción que tuvo el gobernador Ulises Ruiz cuando Amnistía Internacional presentó el informe de su misión en México y Oaxaca realizada en agosto pasado, al contestar, sin rebatir los hechos contenidos en el informe, que éste lo habían 'redactado' los abogados de la APPO". Hemos expuesto en este espacio la actuación de instituciones estatales, que por omisión o por consigna, han contribuido a la violación de los derechos humanos o a consagrar la impunidad de las mismas. Lo correspondiente al Poder Judicial es tema del más reciente capítulo de observación internacional realizado por la Comisión Internacional de Juristas y la Obra Diacónica Alemana (CIJ/ODA). En el capítulo correspondiente a la Procuraduría General de Justicia del Estado el Informe advierte la sensación de dependencia del Procurador respecto del Gobierno y del Partido en el poder. Y a ello contribuyen los dos últimos titulares del cargo con su actuación y con sus declaraciones. De acuerdo son su ley orgánica, la "Procuraduría General de Justicia del Estado es una dependencia del Poder Ejecutivo, que tiene por objeto ejercer la representación y defensa de los intereses de la sociedad a través del Ministerio Público; organizar, controlar y supervisar esta institución; vigilar el cumplimiento de las leyes; representar jurídicamente a la Administración Pública Estatal con las excepciones que marca la Ley" (artículo 1.2). Le corresponde, en representación de la sociedad, investigar los delitos; perseguir a los probables responsables de los mismos; ejercer ante los tribunales la acción penal y exigir la reparación de los daños y perjuicios (artículo 2). En concordancia perfecta con su carácter de dependencia del Gobernador, es éste quien nombra y remueve "libremente" al Procurador General, a los Subprocuradores Generales y al Director de la Policía Ministerial (artículo 6). No coinciden estas normas con las Directrices sobre la Función de los Fiscales adoptadas por las Naciones Unidas, en la Asamblea General de 1990. Ellas disponen que los criterios de selección de los fiscales deben contener "salvaguardias contra designaciones basadas en predilecciones o prejuicios y excluyan toda discriminación... por motivos de... opinión política" (párrafo 2.a) de las Directrices). No cabe extrañar, entonces dice el documento, que tanto la anterior Procuradora Lizbeth Caña, como el actual Evencio Martínez, asuman por completo las posiciones del Gobernador que los designó y que puede libremente removerlos. Del Procurador General de Justicia depende la Policía Ministerial, que bajo su autoridad y mando directo investiga los hechos delictuosos; persigue a los probables responsables de los mismos; ejecuta las órdenes de detención, comparecencia, citaciones y presentaciones provenientes de la Procuraduría y las de aprehensión, comparecencia, presentación, arraigo y cateo dictadas por los órganos jurisdiccionales. Es justamente la Policía Ministerial una de las más acusadas de violencia desproporcionada tanto en el desalojo del Plantón del 14 de junio de 2006, como de la represión del día de la Guelaguetza ( el 16 de julio) de 2007. La parcialidad de la Procuraduría queda bien reflejada en la estadística de casos presentada a la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, en su quinta visita al país (16 de diciembre de 2006 al 20 de enero de 2007), citado por la Comisión de Juristas: • 418 averiguaciones previas por diferentes delitos: amenazas, lesiones, robos incendios, etc., denunciados por "ciudadanos" (calificativo que utilizan durante la entrevista solamente para aquellos que no son miembros o simpatizantes de la APPO) • 77 vehículos quemados (47 autobuses, 19 vehículos oficiales, 11 vehículos particulares) • 74 vehículos robados • 42 procesos penales abiertos. Pero no sólo se trata de la utilización parcial de la expresión ciudadanos: también los delitos mencionados, son justamente aquellos denunciados por aquellos. "Ningún caso de ejecución sumaria, de tortura, de tratos inhumanos, crueles o degradantes, allanamientos ilegales, atentados contra la libertad de expresión figura en la lista, hecha cuando ya los muertos por la represión pasaban de 20." El actual Procurador manifestó a la Misión de la CIJ/ODA que los manifestantes "no eran oaxaqueños"; "hasta ahora no se ha demostrado ni un caso de tortura, no se ha mostrado ni un caso de desaparición"; "la ley de México dice que pegar a personas en el momento de detención no es tortura, porque no se pegó para obtener declaraciones". Ello sin considerar sus referencias a las ONGs de defensores de los derechos humanos. Ex Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, luego de señalar ser maestro de derechos humanos, el Procurador sostiene que "las ONGs no tienen moral, no tienen ética. Las organizaciones de derechos humanos tienen que ser imparciales". A la Misión Internacional no le parece claro que los dos últimos Procuradores hayan cumplido sus funciones "con imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana, defender los derechos humanos, contribuyendo de esta manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal", como lo proclama la Directriz 12 de las Directrices de la ONU. Ante la cantidad de organismos, tanto nacionales como extranjeros que han documentado la actuación de la Procuraduría y otras autoridades por afectar los derechos fundamentales de los oaxaqueños, la investigación de la Comisión Internacional de Juristas presentada en la ciudad de Oaxaca y en la ciudad de México, viene a sumarse a las voces que reclaman una reacción, aunque sea mínima, de las autoridades mexicanas que no parecen conmoverse y siguen guardando un silencio cómplice con los autores de atropellos y vejaciones, escondidos en una escandalosa impunidad.

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