martes, 22 de enero de 2008

ANTE LA INEFICIENCIA

-INSISTEN ESPECIALISTAS EN EL RETIRO DEL EJERCITO DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN

-SEDENA TOMANDO EL MANDO ,UN COMUNICADO EN TIJUANA ANTE LA INEFICIENCIA DEL GOBIERNO FEDERAL. ¿ILEGALIDAD?


Insisten especialistas en el retiro del Ejército de la lucha contra el crimen
Las tareas de investigación y persecución salen de su competencia, advierten
De comprobarse su participación debe sancionarse incluso al titular de Sedena, dicen
Gabriel León Zaragoza
Las tareas de investigación y persecución de criminales po el Ejército Mexicano son actos ilegales que no permiten la Constitución Política ni la ley que rige el desempeño de las fuerzas armadas. De comprobarse esta participación de la milicia debe aplicarse alguna sanción a quien la protagonice e incluso al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), detallaron especialistas universitarios en el tema de las fuerzas armadas.
Medida unilateral
Pablo Monsalvo, académico del diplomado de seguridad pública de la Universidad Iberoamericana (Uia), consideró que estas atribuciones asumidas de manera unilateral por la Sedena muestran que “hay desesperación” del gobierno calderonista por tratar de hacer frente al crimen organizado y el narcotráfico. Los resultados, dijo, han sido infructuosos, “porque la delincuencia no ha disminuido, al contrario, ha aumentado”.
Por su parte, Francisco José Paoli, analista del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, manifestó que de comprobarse la participación de las fuerzas militares en tareas que únicamente competen al Ministerio Público Federal (MPF) debe aplicarse alguna penalidad a quien la protagonice e incluso al titular de la Sedena.
En entrevista, Paoli Bolio explicó que jurídicamente el Ejército carece de la capacidad de investigación y persecución de delitos federales. “Para lo único que tiene capacidad es para cooperar con las autoridades policiacas no militares, respaldándolas para combatir el crimen organizado”, explicó.
El académico de filiación panista sostuvo que el “criterio de excepcionalidad” que ejerce el gobierno federal para mantener a las fuerzas armadas en la calle “no debiera ir más allá de los dos años, que es el plazo que puede aguantar políticamente la conciencia de la gente”, antes de que se inconforme con esta presencia militar fuera de sus cuarteles, como ya sucede en Tamaulipas.
Es tiempo de volver a los cuarteles
En la lucha contra el crimen organizado la milicia “debe actuar y tratar de retirarse en un tiempo relativamente breve, dependiendo de las circunstancias de su intervención, para que sea la policía ministerial la que se encargue de mantener el orden y combatir el narcotráfico”.
Consideró que el gobierno federal debería estar realizando un trabajo “a marchas forzadas para que el Ejército deje de estar en las calles”, toda vez que, calculó, “será un año más el que podría aguantar y demandar la opinión pública” para que las fuerzas militares regresen a sus cuarteles.
A su vez, Monsalvo afirmó que la Constitución no permite que la Sedena actúe en tareas de investigación. “La ley otorga facultades en las atribuciones que tienen que ver con el interior de la vida del Ejército, pero no con la sociedad civil”, precisó. Sostuvo que aunque no está prevista ninguna sanción legal en contra de esta intervención de las fuerzas armadas, debe haber alguna penalidad de índole social y política.
Detalló que estas acciones militares y la falta de resultados en el combate contra al crimen y la delincuencia organizada “están desacreditando lo único que tenemos como símbolo de respeto en el país”.
Concluyó que “al confrontarlos (a los militares) con la delincuencia organizada los estamos exponiendo a que fracasen. Se ponen en duda los valores éticos y morales (de la institución armada), porque no hay un resultado que sea satisfactorio para la sociedad. Las empresas se están yendo del país y los ciudadanos están tomando medidas de defensa ante la ausencia de una garantía de seguridad pública de los organismos de gobierno”.

Asume Sedena ilegalmente la investigación de delitos en BC
Emite un comunicado para que la población haga denuncias; “nosotros sí vamos”, dice
El llamado castrense a la población civil no tiene precedente y es anticonstitucional, sostienen fuentes militares
Revela asimismo la desesperación oficial por la falta de eficacia de la PGR
Jesús Aranda
En una acción sin precedente, el Ejército Mexicano asumió abiertamente, y según especialistas de forma ilegal, la investigación y persecución de criminales en Baja California.
El pasado 16 de enero, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió un comunicado en la ciudad de Tijuana –un día después de que tres jefes policiacos municipales fueran asesinados y previo a un tiroteo de más de tres horas en el que murieron ocho personas–, en el que convoca a la población civil a denunciar vía telefónica cualquier acto criminal o sospechoso. “Tenga usted la seguridad de que nosotros… sí vamos”, señala el escrito.
Fuentes militares reconocieron que este llamado del Ejército para combatir al crimen organizado no tiene precedente y habla de la “desesperación oficial” por la falta de eficacia de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal Preventiva (PFP).
Competencia del Ministerio Público Federal
En tanto, especialistas en fuerzas armadas y seguridad señalaron que al asumir esta tarea, de manera abierta, el Ejército actúa inconstitucional e ilegalmente, porque esta tarea le compete exclusivamente al Ministerio Público federal.
La Sedena emitió su comunicado el pasado 16 de enero, en Tijuana, en el que hace referencia a lo ocurrido un día antes en esa ciudad, cuando “un grupo de individuos, portando armas largas, irrumpió con lujo de violencia” en el domicilio del jefe la policía municipal, Margarito Saldaña, y lo asesinó; en esos hechos resultaron heridos su esposa y tres de sus hijos. Horas después murieron la mujer y una de sus hijas.
Precisa el texto:
“Ante este lamentable suceso, y con el fin de evitar que se continúen suscitando estos hechos, la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto de la segunda Región y Zona Militar, hacen la invitación al público en general del estado de Baja California, para denunciar conductas delictivas que se realicen en sus colonias, como son: venta de drogas, secuestros, movimientos de grupos de personas armadas u otros actos ilícitos que perturben la tranquilidad de la población. Para lo cual, la segunda Zona Militar, con sede en Tijuana, Baja California, pone a su disposición el número telefónico (664) 685-02-97, con la finalidad de coadyuvar en la disminución de los actos ilícitos que se han venido presentando en este estado, los cuales constituyen una violación a la ley en sus diferentes erogaciones (sic). Cabe mencionar que no se hará interrogación alguna.”
El escrito, fechado en el Campo Militar 2-F, en Tijuana, asegura que con esas acciones el personal del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, “dentro de nuestro ámbito de competencia contribuirá con usted, ciudadano, a lograr la seguridad y tranquilidad que tanto demanda. Tenga usted la seguridad de que nosotros… sí vamos”, concluye el comunicado, con esta última frase impresa en letras negras y con una tipografía de mayor tamaño que el resto del texto.
Por otra parte, el general en retiro Luis Garfias Magaña, ex comandante de la segunda Región Militar con sede en Mexicali, señaló en entrevista con este diario que es la primera vez que el Ejército Mexicano emite un comunicado de este tipo, el cual, señala, refleja la incapacidad de las autoridades federales para atacar la creciente ola de violencia.
Laguna legal en materia de crimen organizado
Cuestionó también la que calificó de laguna legal en la que se encuentran las fuerzas armadas, al realizar acciones que no les corresponden para enfrentar al crimen organizado. Subrayó que debe modificarse el marco jurídico para que los militares actúen contra el crimen organizado sin violar la ley.
Por su parte, Genaro González Licea, ex catedrático del Colegio de Estudios del Ejército y la Fuerza Aérea, precisó que la decisión de la Sedena de solicitar información a la población civil constituye una violación a la Carta Magna, porque está asumiendo atribuciones de investigación de los delitos que sólo corresponden al Ministerio Público federal.
Finalmente, el especialista no descartó que inclusive la emisión del comunicado sea causante de responsabilidad penal por parte de elementos del alto mando castrense que habrían ordenado su difusión.
Cabe señalar que el escrito en cuestión fue difundido por la segunda Región Militar, que encabeza el general de división Sergio Aponte Polito.

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