CONTRA EL TLCAN

Marcharon más de 10 mil en Chiapas contra el TLCAN y el alza a la gasolina Caravana de 200 tractores partirá de Chihuahua al DF en rechazo a malas políticas para el agro Ángeles Mariscal, Sergio Ocampo y Rubén Villalpando (Corresponsales) Al menos 10 mil campesinos marcharon este miércoles en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en protesta por el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el incremento al precio de la gasolina. En la protesta, que partió de la Diana Cazadora –ubicada en la entrada oriente de la ciudad– hacia el centro, representantes de grupos agrarios de los municipios de Venustiano Carranza, Nicolás Ruiz, Acalá, Las Rosas, San Lucas, Chiapilla, Teopisca y Socoltenango explicaron que desde que entró en vigor el TLCAN, el primero de enero de 1994, el campo se ha ido empobreciendo de manera paulatina. Aseguraron que desde entonces, más de 300 mil chiapanecos han cruzado la frontera norte de México, situación que se incrementará al entrar en vigor el capítulo agropecuario del tratado trinacional. “La pobreza podría criminalizarse al ponerse en riesgo la soberanía alimentaria, y se espera un crecimiento de la delincuencia”, advirtieron. “Durante estos 14 años de TLCAN, producir maíz en Chiapas no ha sido ni barato ni fácil; los precios están muy por debajo de los costos de producción y en cada cosecha no se recupera siquiera lo invertido, y en peor situación quedan aquellos que rentan un pedazo de tierra para subsistir”, explicaron. Advirtieron que a esta situación se suma el aumento paulatino al precio de la gasolina, transporte público, gas, energía eléctrica, aceite, tortilla y leche, por lo que insistieron en que una medida para paliar esta crisis es el precio de garantía a la tonelada de maíz de por lo menos 5 mil pesos. Sin embargo, recordaron que para hacerse escuchar han tenido que pasar “de las oficinas a las movilizaciones callejeras”. Mientras, en Ciudad Juárez, la Organización Agrodinámica Nacional –que se identifica más con el panismo en política agropecuaria– anunció para los próximos días una caravana de más de 200 tractores, que partirá de los municipios del noroeste de Chihuahua a la ciudad de México, para protestar por las malas políticas de México hacia el campo. En cada ciudad por la que pase se irán incorporando otros contingentes, dijo. Armando Villarreal Martha, dirigente de esa agrupación, que lleva más de seis años en lucha por tarifas más bajas de energía eléctrica, diesel y fertilizantes, expresó que no es sentándose a negociar con el gobierno como se resuelven los problemas, sino con la movilización para arrancarle políticas públicas adecuadas para el campo. Los jornaleros de Canadá y Estados Unidos reciben subsidios hasta de 70 por ciento, y están protegidos por fuertes regulaciones en materia agrícola, situación que no tiene México. Por esa falta de regulaciones es seguro que la República se convierta en paraíso de desechos agrícolas de Estados Unidos y Canadá, ya que podrán vender –como han hecho en los años recientes– maíz amarillo y otros productos en una cotización mucho más baja que la establecida a bienes nacionales. Villarreal Martha puso como ejemplo de la posible catástrofe agrícola los precios del chile jalapeño, ya que en los centros comerciales Wal-Mart, de El Paso, Texas, el medio kilogramo de ese producto se vende al equivalente de 6.50 pesos mexicanos, mientras que en la franquicia del mismo comercio de Ciudad Juárez cuesta 2.89. A diferencia del Frente Democrático Campesino, que se opone al cultivo del maíz transgénico, Armando Villarreal dijo que la Organización Agrodinámica Nacional sostiene que el maíz modificado genéticamente puede rescatar el campo mexicano, ya que consume 38 por ciento menos agua y genera cosecha en más de 40 por ciento. En tanto, en el estado de Guerrero, alrededor de 124 pueblos nahuas integrantes del Consejo Ciudadano de Chilapa (CCC), municipio ubicado en la Montaña baja, anunciaron que se sumarán a las protestas contra la entrada en vigor del TLCAN, y denunciaron que en los pasados 10 años los gobiernos estatales han dejado en el completo abandono a los agricultores pobres. Virgino Vázquez Pileño, dirigente del CCC, manifestó que se sumarán a las protestas convocadas por la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, porque con la eliminación de los aranceles a los granos básicos “es el único camino que nos dejan para salvar nuestros campos”. Sin cursar bachillerato, 41% de jóvenes entre 15 y 17 años Karina Avilés Aunque en la última década la matrícula de la educación media superior pasó de 2.6 millones a 3.8 millones de alumnos, 41 por ciento de los jóvenes en edad de cursar el bachillerato no asiste a la escuela. A lo anterior se suma una baja eficiencia terminal de 60 por ciento, una alta tasa de deserción de 15.5 por ciento y una reprobación de 32.9 por ciento, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP). Según la dependencia, el problema de la baja cobertura –de apenas 58.8 por ciento– se debe al aumento de la población en edad de cursar el bachillerato, pues se calcula que en 2008 el grupo de jóvenes de entre 15 y 17 años llegará a su máximo histórico, luego de que en el 2006 estuvo constituido por 6.4 millones de personas. Las causas de la deserción y reprobación son multifactoriales. Entre ellas, destacan falta de recursos económicos y de correspondencia entre los planes de estudio y las expectativas de los estudiantes, sostiene la SEP. También, muchos jóvenes abandonan el bachillerato para incorporarse al mercado laboral y apoyar a su familia, dentro de “un marco institucional que no facilita que combinen el estudio y el trabajo”, añade la dependencia. Además, reconoce que los apoyos gubernamentales han sido insuficientes para evitar el abandono escolar, sobre todo entre los jóvenes que viven en zonas marginadas urbanas, rurales e indígenas. Por otro lado, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de Hogares de 2005 del INEGI, sólo 4 por ciento de la población de 16 a 18 años en el decil de ingreso más bajo está inscrita en instituciones de educación media superior. En materia de cobertura, también existen amplias desigualdades regionales. Las cifras de SEP establecen que en el ciclo 2006-2007, las tasas más altas fueron el Distrito Federal, con 92.2 por ciento y Baja California Sur, con 72.2 por ciento; en contraste, los estados más rezagados fueron Michoacán, con 45.9 por ciento, Guanajuato, con 46.8 por ciento y Guerrero, con 48.3 por ciento. Incluso, apunta que diversos municipios, principalmente en el sur del país carecen de servicio de educación media superior. “Numerosos jóvenes que desean ingresar al bachillerato no tienen oportunidades para realizar sus estudios, sobre todo quienes viven en comunidades rurales e indígenas, lo cual tiene efectos en la dinámica de migración nacional”. En cuanto al tipo de modalidades, la matrícula del bachillerato tecnológico ha sido la más dinámica al registrar 1.1 millones de estudiantes, en el ciclo antes mencionado. No obstante, la del bachillerato general continúa como la más elevada, con cerca de 2.3 millones de alumnos inscritos, lo que se relaciona con el alto valor que se le da a las carreras profesionales. Y aunque los últimos gobiernos, de corte neoliberal, han pretendido reorientar la matrícula al dar mayor énfasis a estudios cortos de carácter técnico, se ha registrado una tendencia a la baja en la modalidad de profesional técnica, ya que en ese mismo ciclo se inscribieron menos de 353 mil alumnos, mientras que una década atrás se recibió a más de 383 mil estudiantes. La SEP propone que para ampliar la cobertura, sobre todo en las entidades con mayor rezago, es necesario diversificar y ampliar la oferta educativa, otorgar más incentivos a los alumnos, principalmente a los de escasos recursos, además de ampliar y mejorar la infraestructura y los servicios. 2008 y el EPRjorge carrasco araizaga MÉXICO, DF, 28 de diciembre (apro).- Como en años recientes, la agenda del 2008 para el país estará dominada por la inseguridad y la violencia, pero con un peligroso componente adicional impulsado desde el gobierno de Felipe Calderón.De acuerdo con la versión propalada por las autoridades federales, el año que termina el Ejército Popular Revolucionario (EPR) pasó de una organización de propaganda armada a una con capacidad para atacar las instalaciones estratégicas del país. Sin más demostraciones que su discurso a partir de los atentados a los gasoductos de Pemex, el gobierno calderonista le dijo al mundo que la guerrilla en México salió de sus bastiones tradicionales de Guerrero, Oaxaca y Veracruz para actuar en regiones conservadoras como El Bajío, por donde cruza el gas que se surte a la importante zona industrial allí instalada.En esa lógica, se trató de ataques no sólo bien ejecutados, sino muy bien planeados a partir de información sensible del país en poder de esa guerrilla, a la que también en gobiernos anteriores la han vinculado con el narcotráfico.Si ya fue Pemex, de acuerdo con esa versión oficial, lo que puede seguir entonces son ataques a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (Conagua) o cualquier otra dependencia o industria, como la de telecomunicaciones, a través de las cuales se puede provocar un colapso en la actividad económica del país.Aun cuando no haya sido el autor de los ataques, el EPR tiene ahora una imagen de un poderoso grupo con capacidad para desafiar al Estado mexicano.Pero si no lo fue, entonces estaríamos ante un sabotaje promovido desde otros ámbitos. Uno podría ser el de aquellos interesados en demostrar que el Estado mexicano padece una verdadera vulnerabilidad en sus instalaciones estratégicas. La motivación podría ser meramente económica.Otro podría encontrarse en el mismo gobierno, en particular en aquellos responsables de la seguridad nacional. No es raro, ni México sería el único país donde ocurriera, que haya autoridades interesadas en propiciar acciones para que el principal responsable de la seguridad de un país –el jefe de Estado– sea más resuelto en sus políticas.Al hacer de la seguridad una de sus principales apuestas políticas, Calderón Hinojosa puede ser vulnerable a estos escenarios.Y si en verdad estamos ante una poderosa guerrilla, entonces el escenario para 2008 es aún más complicado, pues las Fuerzas Armadas del país tendrían que multiplicar sus esfuerzos con todo y sus limitaciones de presupuesto.Sometidos por Calderón a una mayor presión y creciente desgaste social en su “guerra contra el narcotráfico”, los militares tendrían que ampliar sus acciones a combatir la guerrilla. Sobre todo porque después de esos atribuidos éxitos no habría razón para que el EPR se replegara. No sería raro, tampoco, que alineado al discurso estadunidense, el gobierno mexicano imponga en la sociedad el tema del terrorismo asociado a la guerrilla.Si bien el Ejército está organizado para cumplir con ambas tareas, su capacidad estaría más que limitada, aunque en esa perspectiva debe entenderse la creación del nuevo Cuerpo Especial del Ejército creado este año por Calderón.El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal tiene la misión de “restaurar el orden y la paz públicas”, ya sea en el caso del narcotráfico o la guerrilla.Pero si para la lucha contra el narcotráfico el gobierno de Calderón se sometió al Plan México concebido en el Congreso de Estados Unidos –aún pendiente de aprobación–, en el caso de una guerrilla con la capacidad de ataque que ahora se le atribuye tendría que buscar el reforzamiento de las habilidades y entrenamiento militares, pues el nuevo cuerpo especial del Ejército está integrado por elementos que ya formaban parte de las Fuerzas Armadas.Calderón apuesta también a que en el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso se apruebe su iniciativa de reforma judicial, encaminada a vulnerar los derechos humanos bajo el pretexto de combatir a la delincuencia organizada y su nuevo enemigo: la potente guerrilla.