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Aprobada: reforma judicial FECAL Eliminan facultades del MP para acceder a documentación fiscal, bancaria y electoral La reforma judicial, hasta febrero; modifican minuta Senadores sólo matizaron el tema de los allanamientos policiacos sin orden de un juez Aprobaron los cambios constitucionales con el voto en favor de PAN, PRI y PVEM Regresan el documento a la Cámara de Diputados para el próximo periodo de sesiones Andrea Becerril y Víctor Ballinas El Senado de la República aprobó anoche, también con los votos de PRI, PAN y PVEM, la reforma constitucional en materia de justicia y seguridad pública, pero le hizo dos cambios, por lo que la minuta regresó a la Cámara de Diputados y quedó pendiente hasta el próximo periodo de sesiones de febrero de 2008. Las modificaciones sólo matizan los términos en que se darán los allanamientos policiacos sin orden judicial, y eliminan la disposición que permitía al Ministerio Público tener acceso directo a documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral y de carácter confidencial en investigaciones sobre delincuencia organizada. Sin embargo, la reforma mantiene los arraigos y cateos sin orden de un juez y la incomunicación de detenidos. Regresión constitucionalista “¡Qué manera de partirle la madre a la Constitución!”, exclamó indignado el senador perredista Pablo Gómez ante la negativa de priístas y panistas de eliminar el párrafo 12 del artículo 16 de la Carta Magna, en el que se otorgan facultades a la policía para ingresar a los domicilios sin orden judicial, “cuando exista una amenaza inminente a la vida y a la integridad de las personas”. “¿Cuándo en la historia del constitucionalismo se permitió a los policías, a su criterio, entrar en la casa de quien sea?”, preguntó el perredista, e insistió: “se están creando las bases en la Carta Magna para un Estado policiaco” y ni siquiera servirá para combatir el crimen organizado. “A los narcos no les hará ni cosquillas”. Se trata, recalcó una y otra vez Gómez, de una regresión del sistema constitucionalista mexicano, ya que se quitan derechos a los ciudadanos para darle mayores atribuciones a los poderosos; van a tratar de la misma manera a los presos políticos que a los narcos. “No se conviertan en sátrapas parlamentarios por solapar los ánimos despóticos de esta reforma”, demandó ante el pleno la senadora Rosario Ibarra. Advirtió que permitir la entrada de la policía a los domicilios, con el pretexto de una amenaza corporal, es la manera más atroz de abrir la puerta al atropello, ya que ningún ciudadano estará seguro en su hogar. La luchadora social recordó su experiencia en los recientes 32 años en que ha conocido todo tipo de atropellos por parte de la policía, y puso en aprietos al priísta Manlio Fabio Beltrones cuando le recordó que durante su paso por la Secretaría de Gobernación conoció lo que hacían Miguel Nassar Haro, Salomón Tanús, Jesús Miyazawa y todos los demás integrantes de la ilegal Dirección Federal de Seguridad. “Llegaban tirando puertas, robaban y golpeaban a los que estaban ahí, sacándolos de los cabellos, arrastrándolos y llevándolos a cárceles clandestinas o al Campo Militar número Uno para torturarlos. ¿Quieren volver a eso? Volteen a Oaxaca, a Atenco, a todos los lugares donde los gobernantes hacen las mismas cosas”. A su vez, el también perredista Ricardo Monreal, quien emitió un voto particular, alertó: “Con esta reforma se está destruyendo un sistema de libertades que nos ha costado décadas construir. No será un sistema expedito y eficiente de justicia, sino uno autoritario, con amplísimas posibilidades de avasallar a los ciudadanos, dejando la puerta abierta para combatir con violencia a los enemigos políticos”. Se quieren legitimar, acusó, acciones como las de Atenco, Oaxaca y Zhenli Ye Gon. El priísta Jesús Murillo Karam se enfrascó en un debate con Pablo Gómez, pero consideró “ridículas” las preocupaciones del perredista. La disposición, sostuvo, sólo es para que la policía pueda irrumpir en domicilios para salvar vidas. Los panistas Alejandro González Alcocer y Ulises Ramírez desestimaron también los argumentos de Gómez e insistieron en que la disposición es para proteger a posibles víctimas. La minuta proveniente de la Cámara de Diputados fue aprobada en el Senado en menos de 16 horas. Al mediodía se votó en comisiones, después se presentó en primera lectura y por la noche se votó ante el pleno. En lo general, se aprobó con 80 votos de las bancadas de PRI, PAN y PVEM. En contra hubo 27 votos: 20 del PRD –cuatro legisladores del sol azteca se abstuvieron: los zacatecanos Claudia Corichi, Tomás Torres y Antonio Mejía Haro, así como el michoacano Silvano Aureoles–, cuatro de Convergencia, dos del PT y uno de la senadora Irma Martínez, de Nueva Alianza. Los petistas Alberto Anaya y Alejandro González Yáñez no estaban en el salón de sesiones a la hora de la votación. Se dijo que salieron a cenar. Desde la reunión de comisiones dictaminadoras, los perredistas propusieron modificar las disposiciones de la reforma que vulneran garantías reconocidas en la Carta Magna y derechos humanos, como los arraigos hasta por 80 días, la incomunicación de detenidos y los allanamientos policiacos. La discusión se centró en el párrafo 12 del artículo 16, que en la minuta de la Cámara de Diputados señalaba: “La policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio, cuando exista información o conocimiento de una amenaza actual o inminente a la vida o la integridad corporal de las personas, así como en el caso de flagrancia, cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado”. El PRD proponía suprimir todo el artículo, pero PAN y PRI sólo accedieron a hacerle una modificación, que elimina la presunción por parte de la policía. El párrafo quedó así: “La policía podrá ingresar, sin orden judicial, a un domicilio cuando exista una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas, así como en el caso de flagrancia, cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado”. Redactaron al revés En el debate en el pleno, Pablo Gómez dijo que era atroz tal redacción, ya que, en todo caso, debía decir que toda persona tiene derecho a recibir auxilio de la policía para defender su vida y su integridad corporal, pero “lo redactaron al revés” y dieron a la policía derecho de allanar domicilios. El otro cambio a la minuta fue para suprimir el párrafo 10 de ese controvertido artículo 16, en el que se señalaba que el Ministerio Público, autorizado en cada caso por el procurador general de la República, tendrá acceso directo a la documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral y de carácter reservado y confidencial, relacionada con investigaciones del delito. Aquí sí, PRI y PAN consideraron riesgosa tal disposición y le enmendaron la plana a los diputados. Ninguna otra de las 28 reservas de diversos artículos fue aprobada. Después de la medianoche se aprobó en lo particular la reforma y se regresó a la Cámara de Diputados, donde deberá esperar mejor suerte hasta febrero. Con esto concluyó el periodo de sesiones en el Senado y se confirmó que el debate de la reforma judicial se empató con la discusión de los nombramientos de los consejeros del Instituto Federal Electoral. Ambos casos quedaron pendientes para el próximo periodo de sesiones La reforma judicial, hasta febrero; modifican minuta Los senadores sólo matizaron el tema de los allanamientos policiacos sin orden de un juez. Eliminan facultades del MP para acceder a documentación fiscal, bancaria y electoral Anoche aprobaron los cambios constitucionales con el voto en favor de PAN, PRI y PVEM Regresan el documento a la Cámara de Diputados para el próximo periodo de sesiones Andrea Becerril y Víctor Ballinas El Senado de la República aprobó anoche, también con los votos de PRI, PAN y PVEM, la reforma constitucional en materia de justicia y seguridad pública, pero le hizo dos cambios, por lo que la minuta regresó a la Cámara de Diputados y quedó pendiente hasta el próximo periodo de sesiones de febrero de 2008. Las modificaciones sólo matizan los términos en que se darán los allanamientos policiacos sin orden judicial, y eliminan la disposición que permitía al Ministerio Público tener acceso directo a documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral y de carácter confidencial en investigaciones sobre delincuencia organizada. Sin embargo, la reforma mantiene los arraigos y cateos sin orden de un juez y la incomunicación de detenidos. Regresión constitucionalista “¡Qué manera de partirle la madre a la Constitución!”, exclamó indignado el senador perredista Pablo Gómez ante la negativa de priístas y panistas de eliminar el párrafo 12 del artículo 16 de la Carta Magna, en el que se otorgan facultades a la policía para ingresar a los domicilios sin orden judicial, “cuando exista una amenaza inminente a la vida y a la integridad de las personas”. “¿Cuándo en la historia del constitucionalismo se permitió a los policías, a su criterio, entrar en la casa de quien sea?”, preguntó el perredista, e insistió: “se están creando las bases en la Carta Magna para un Estado policiaco” y ni siquiera servirá para combatir el crimen organizado. “A los narcos no les hará ni cosquillas”. Se trata, recalcó una y otra vez Gómez, de una regresión del sistema constitucionalista mexicano, ya que se quitan derechos a los ciudadanos para darle mayores atribuciones a los poderosos; van a tratar de la misma manera a los presos políticos que a los narcos. “No se conviertan en sátrapas parlamentarios por solapar los ánimos despóticos de esta reforma”, demandó ante el pleno la senadora Rosario Ibarra. Advirtió que permitir la entrada de la policía a los domicilios, con el pretexto de una amenaza corporal, es la manera más atroz de abrir la puerta al atropello, ya que ningún ciudadano estará seguro en su hogar. La luchadora social recordó su experiencia en los recientes 32 años en que ha conocido todo tipo de atropellos por parte de la policía, y puso en aprietos al priísta Manlio Fabio Beltrones cuando le recordó que durante su paso por la Secretaría de Gobernación conoció lo que hacían Miguel Nassar Haro, Salomón Tanús, Jesús Miyazawa y todos los demás integrantes de la ilegal Dirección Federal de Seguridad. “Llegaban tirando puertas, robaban y golpeaban a los que estaban ahí, sacándolos de los cabellos, arrastrándolos y llevándolos a cárceles clandestinas o al Campo Militar número Uno para torturarlos. ¿Quieren volver a eso? Volteen a Oaxaca, a Atenco, a todos los lugares donde los gobernantes hacen las mismas cosas”. A su vez, el también perredista Ricardo Monreal, quien emitió un voto particular, alertó: “Con esta reforma se está destruyendo un sistema de libertades que nos ha costado décadas construir. No será un sistema expedito y eficiente de justicia, sino uno autoritario, con amplísimas posibilidades de avasallar a los ciudadanos, dejando la puerta abierta para combatir con violencia a los enemigos políticos”. Se quieren legitimar, acusó, acciones como las de Atenco, Oaxaca y Zhenli Ye Gon. El priísta Jesús Murillo Karam se enfrascó en un debate con Pablo Gómez, pero consideró “ridículas” las preocupaciones del perredista. La disposición, sostuvo, sólo es para que la policía pueda irrumpir en domicilios para salvar vidas. Los panistas Alejandro González Alcocer y Ulises Ramírez desestimaron también los argumentos de Gómez e insistieron en que la disposición es para proteger a posibles víctimas. La minuta proveniente de la Cámara de Diputados fue aprobada en el Senado en menos de 16 horas. Al mediodía se votó en comisiones, después se presentó en primera lectura y por la noche se votó ante el pleno. En lo general, se aprobó con 80 votos de las bancadas de PRI, PAN y PVEM. En contra hubo 27 votos: 20 del PRD –cuatro legisladores del sol azteca se abstuvieron: los zacatecanos Claudia Corichi, Tomás Torres y Antonio Mejía Haro, así como el michoacano Silvano Aureoles–, cuatro de Convergencia, dos del PT y uno de la senadora Irma Martínez, de Nueva Alianza. Los petistas Alberto Anaya y Alejandro González Yáñez no estaban en el salón de sesiones a la hora de la votación. Se dijo que salieron a cenar. Desde la reunión de comisiones dictaminadoras, los perredistas propusieron modificar las disposiciones de la reforma que vulneran garantías reconocidas en la Carta Magna y derechos humanos, como los arraigos hasta por 80 días, la incomunicación de detenidos y los allanamientos policiacos. La discusión se centró en el párrafo 12 del artículo 16, que en la minuta de la Cámara de Diputados señalaba: “La policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio, cuando exista información o conocimiento de una amenaza actual o inminente a la vida o la integridad corporal de las personas, así como en el caso de flagrancia, cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado”. El PRD proponía suprimir todo el artículo, pero PAN y PRI sólo accedieron a hacerle una modificación, que elimina la presunción por parte de la policía. El párrafo quedó así: “La policía podrá ingresar, sin orden judicial, a un domicilio cuando exista una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas, así como en el caso de flagrancia, cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado”. Redactaron al revés En el debate en el pleno, Pablo Gómez dijo que era atroz tal redacción, ya que, en todo caso, debía decir que toda persona tiene derecho a recibir auxilio de la policía para defender su vida y su integridad corporal, pero “lo redactaron al revés” y dieron a la policía derecho de allanar domicilios. El otro cambio a la minuta fue para suprimir el párrafo 10 de ese controvertido artículo 16, en el que se señalaba que el Ministerio Público, autorizado en cada caso por el procurador general de la República, tendrá acceso directo a la documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral y de carácter reservado y confidencial, relacionada con investigaciones del delito. Aquí sí, PRI y PAN consideraron riesgosa tal disposición y le enmendaron la plana a los diputados. Ninguna otra de las 28 reservas de diversos artículos fue aprobada. Después de la medianoche se aprobó en lo particular la reforma y se regresó a la Cámara de Diputados, donde deberá esperar mejor suerte hasta febrero. Con esto concluyó el periodo de sesiones en el Senado y se confirmó que el debate de la reforma judicial se empató con la discusión de los nombramientos de los consejeros del Instituto Federal Electoral. Ambos casos quedaron pendientes para el próximo periodo de sesiones.