HA PERDIDO LA CREDIBILIDAD

El fallo de la Corte “dota de poder” a pederastas, advierten grupos civiles Cientos de personas clausuran el tribunal por la decisión contra Lydia Cacho Fue un “manotazo institucional” a la libertad de expresión, señalan defensores de derechos y víctimas de violencia sexual Alma E. Muñoz Integrantes de diversas organizaciones ciudadanas se manifestaron ayer afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en protesta por el fallo de la mayoría sobre la violación a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho Foto: Jesús Villaseca Al exculpar al gobernador Mario Marín de haber violado las garantías fundamentales de la periodista Lydia Cacho la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “dota de poder” a las mafias involucradas en la pederastia y da un “manotazo institucional” a la libertad de expresión, advirtieron defensores de los derechos humanos y víctimas de violaciones sexuales. En conferencia de prensa, coincidieron con el pronunciamiento de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de Víctimas de Sacerdotes Católicos (SNAP, por sus siglas en inglés), en que el fallo es una “patente de corso para la violación infantil, la explotación sexual y el abuso de poder”, porque “coloca a esta delincuencia por encima de la verdad y la justicia”. Asimismo, respaldaron la solicitud de renuncia de los seis ministros de la Corte que votaron contra Lydia Cacho, propuesta por Raquel Pastor, de la organización Infancia Común, quien además informó que ya recolectan firmas para protestar por la decisión. Como parte de un grupo de organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia, el ex sacerdote católico Alberto Athié resaltó que la postura de la Corte demuestra que en México “hay indefensión y desprecio por la violación a los derechos humanos”. Lo anterior, remarcó, por considerar esos ataques como “leves, no significativos. Por ello necesitamos el apoyo internacional para salir de esta noche tan oscura en que nos encontramos”. Convocó a pronunciarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte de la Haya y otros tribunales internacionales por la situación que priva en México. En tanto, Joaquín Aguilar y Erick Barragán –víctimas de sacerdotes católicos pederastas– expresaron su preocupación por la actitud “omisa y negligente” de los ministros para abordar de fondo los “terribles” casos de abuso sexual, pederastia y pornografía infantil, pese a existir pruebas de ello. Cuestionaron que prive la “justicia ciega de poder y sorda de intolerancia que quiere hacer enmudecer a quienes denunciamos a los impunes y poderosos evasores del orden judicial representados por Mario Marín y el cardenal Norberto Rivera Carrera, pues en lugar de imparcialidad nos ofrecen a las víctimas más aberraciones, abuso y nuevas afrentas”. Lo resuelto por la Corte, subrayaron, “es un manotazo de violencia institucional que cruza la cara de la libertad de expresión”. Por su parte, Gerardo Sauri, de la Red por los Derechos de la Infancia, lamentó el “abandono” de la justicia hacia los ciudadanos, y que en Puebla, como en otras partes del país, se permita que “los niños sean utilizados como mercancías en un mercado negro, porque no hay combate a la pederastia”. A su vez, la ex diputada federal Angélica de la Peña cuestionó que las leyes no fueran tomadas en cuenta por los ministros de la Corte y demandó una revisión sobre las actuaciones del Poder Judicial. En sintonía con estas posturas, la Academia Mexicana de Derechos Humanos y el Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio expresaron su indignación por lo ocurrido a Lydia Cacho. Calificaron de “inadmisible que algunos ministros de la SCJN minimicen las violaciones graves a los derechos humanos de la periodista, dejándola en peligro e indefensión” Y advirtieron: “Nos preocupa el mensaje de impunidad y de permisibilidad de la violencia institucional que transmite el órgano supremo de justicia del país respecto a las redes de pederastia”.