Miguel Concha Impunidad en Oaxaca Hace ocho días la Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno de Oaxaca publicó un comunicado en el que expresa su “sorpresa” y “preocupación” por las conclusiones provisionales que la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) dio a conocer el pasado 20 de febrero, luego de su sexta visita a Atenco, Oaxaca y Chiapas. En él llega incluso a decir que “hay afirmaciones sin sustento, objetividad y con datos inexactos”, y que en sus recomendaciones provisionales observa igualmente “generalidad, lo que da cabida a la ambigüedad y a la inviabilidad”. ¿Será porque en ellas la CCIODH se refiere por lo menos 10 veces a la grave situación de violación a los derechos humanos que sigue vigente en aquel estado, denunciando entre otras cosas “la persistencia de la impunidad de los servidores públicos” que de ella son responsables? Por lo pronto, el día de ayer la CCIODH ya respondió afirmando “que todas las conclusiones y recomendaciones preliminares tienen sustento y se ajustan a la verdad, tal como se podrá comprobar en la redacción del informe definitivo que será entregado en la próxima visita a todas las personas, organizaciones e instituciones con los que nos entrevistamos, y que esperamos puedan responder a ellas con la misma objetividad y veracidad”. En su declaración el gobierno oaxaqueño afirma que “ha dado cumplimiento a su obligación con los derechos humanos, al no sólo aceptar las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), sino al dar de forma continua pruebas para su cumplimiento”. Aparte de que son estos dos organismos oficiales de protección a los derechos humanos los que deben acreditar públicamente la veracidad de estas afirmaciones, es importante consignar aquí que esta misma semana está circulando por la red una acción urgente de Amnistía Internacional (AI) a escala mundial, en la que entre otras cosas pide al secretario de Gobernación, al procurador general de la República, al gobernador de Oaxaca y al presidente de la CNDH, que se lleven a cabo y se hagan públicas “investigaciones exhaustivas, inmediatas e imparciales” sobre la responsabilidad de los altos cargos al mando de la operación policial que se llevó a cabo en Oaxaca el 16 de julio de 2007, el cual “se saldó con graves violaciones a los derechos humanos”, así como sobre la inacción a la hora de prevenir y castigar dichas violaciones. AI informa que, en efecto, después de que delegaciones suyas y de la CIDH pidieran al respecto el año pasado investigaciones imparciales, se ordenó el enjuiciamiento únicamente de cinco agentes de policía (tres municipales y dos estatales) por cargos de lesiones personales y abuso de autoridad, pero que hasta la fecha los mismos “permanecen bajo custodia (y) en espera de juicio”. Informa, además, que no ha tenido conocimiento de que se hayan llevado a cabo otras investigaciones criminales sustanciales sobre las diversas violaciones de derechos humanos cometidas aquel día. “Al parecer –expresa la organización humanitaria–, ninguno de los altos cargos estatales que ordenaron y dirigieron la operación policial ha rendido cuentas de sus actos, y ni siquiera se ha llevado a cabo una investigación interna de la policía para mejorar los métodos con los que hacer frente a las alteraciones del orden público”. Por eso llama la atención que en su comunicado el gobierno de Oaxaca reproche a la CCIODH que en sus conclusiones provisionales no señale “los instrumentos internacionales que refieren los criterios por medio de los cuales se construyen las escalas y categorías de medición y comparación para designar los grados de gravedad o no de violaciones a los derechos humanos”, cuando en realidad en primer lugar se trata de graves violaciones a los derechos humanos fundamentales consignados en nuestro marco jurídico, y cuyo cumplimiento únicamente depende de la voluntad política de los gobernantes. Por ello la CCIODH considera con razón que ante la generalizada vulneración de derechos humanos detectada en Oaxaca, “la detención y encarcelamiento preventivo de agentes policiales” tiene exclusivamente un valor simbólico, “sin que de momento sean síntoma de un verdadero cambio”. Como otro de los ejemplos paradigmáticos de impunidad en Oaxaca, la CCIODH señala el caso de San Pedro Yosotatu, en la sierra Mixteca, “cuyos habitantes han denunciado, señalando además a los culpables, la muerte de siete de sus miembros, el último de ellos el 24 de diciembre de 2007, y la desaparición de otros tres, sin que las autoridades hayan emprendido ninguna acción al respecto, pese a las denuncias y pruebas aportadas”. La convicción sobre el alcance de la impunidad que tienen los servidores públicos, afirma igualmente la CCIODH, permite además que la dinámica represiva se generalice, superando la estrategia de lucha contra la movilización social, para llegar a afectar a cualquier ciudadano o ciudadana. “Ejemplo de ello son los casos de pederastia denunciados en Oaxaca, que hasta la fecha no han obtenido respuestas suficientes por parte de las autoridades”. ¿No será también por esto que hoy se muestran tan susceptibles las autoridades de aquel estado?