LA REFORMA DE LEGISLACION DE OAXACA: VERDADERA ESTUPIDEZ

Oaxaca, único estado del país con la pena de prisión más alta martes, 23 de diciembre de 2008 Con la reciente reforma a la legislación estatal, que prevé encarcelamiento de tres a 105 años, Oaxaca se convierte en la entidad del país, con la pena de prisión más alta, reconocen Enrique Cordero Aguilar y Alfonso Zárate Mendoza, penalistas y catedráticos de las Universidades Benito Juárez y Regional del Sureste. VERDADERA ESTUPIDEZ: ACADÉMICOS REYNALDO BRACAMONTES Al participar en un ciclo de conferencias titulado "La Reforma Litigiosa de la Justicia Penal", realizadas en la Casa de la Cultura Jurídica " María Cristina Salmorán de Tamayo", de esta capital, los especialistas coincidieron que el Estatuto de Roma donde se crea la Corte Penal Internacional para sancionar delitos como el genocidio, se aplica la cadena perpetua y en los demás casos con la máxima pena de 30 años de prisión. No existe la pena de muerte. En sus reflexiones ante estudiantes de Derecho y abogados oaxaqueños, el penalista Zárate Mendoza, dijo que la reciente reforma procesal penal en Oaxaca, habla de reinserción social ya no de readaptación social. Así, la pena de prisión puede llegar hasta 105 años, pero si hay acumulación de delitos (real o ideal) el tiempo de encarcelamiento puede duplicarse. Solamente a un soberano estúpido se le ocurren esas penas, señaló indignado. Habría que pedir licencia divina para tener más tiempo y cumplir el capricho del Estado. Por lo tanto, es una falacia hablar de reinserción. El problema no se resuelve endureciendo las penas. Hace 10 años en México se aumentó de 40 a 70 años, y sencillamente no mejoró el combate a la delincuencia, precisó el especialista en el marco del encuentro académico que tuvo como moderador a Eduardo Castillo Cruz, presidente del Foro Permanente de Abogados. En su oportunidad, el catedrático Luis Enrique Cordero Aguilar, ilustró que no todos los ciudadanos saben que hace tres años se eliminó la pena de muerte en la Constitución de la República, sin embargo, la iniciativa no fue materia de debate nacional. Se originó por el caso de un militar que había sido condenado a pena por un tribunal militar. El ocupante, al solicitar el apoyo del entonces mandatario federal Vicente Fox Quezada, logró que éste lo perdonara mediante un indulto, y fue así que enseguida mando la iniciativa de ley que la abrogó. POLÍTICOS ESTÚPIDOS En tanto, para Zárate Mendoza, el Derecho es una ciencia social y como tal tiene ciertas reglas. El problema se presenta cuando opinan "los políticos" sobre el tema de justicia, porque son comentarios absurdos a todas luces. Tenemos el caso concreto del gobernador de Coahuila, político que inspirado en la nada propuso en su Estado la aplicación de la pena de muerte. Así de fácil, sin consultar a los constitucionalistas ni a los organismos de Derechos Humanos. Para el especialista oaxaqueño, la Constitución es la base normativa de un Estado, define los parámetros básicos de su organización y los derechos fundamentales que tiene un individuo. La parte dogmática o parte orgánica en que se divide y sirve para autodeterminarse y para autolimitarse. El respeto a los derechos humanos, a los derechos del hombre, es el grado de evolución de una sociedad. Los derechos humanos son irreversibles, si la vida es un derecho ganado en una Constitución, no puede suprimirse, claro, si hablamos de una sociedad en evolución, ilustró categórico. Y como por estupideces no paramos, también está un partido político -único en el mundo- (en alusión al Verde Ecologista), que propone la cadena perpetua o la pena de muerte, pero exige que no se maten a los pajaritos o que se cancele la corrida de toros. Esas incongruencias pasan en México, no cabe duda, somos una sociedad de apariencias y de discursos. ¿Con eso se resuelve la impunidad?-se preguntó el penalista. Por otra parte, es inadmisible que el valor asignado a la vida humana dependa del poder económico o político de una persona. No es posible que solamente un empresario tenga el derecho de hablar con el Presidente de la República, para obligarlo a un plan de seguridad nacional de 100 años. Bueno, y cuando muere uno -muchos-niños o jóvenes "hijos de vecino", no pasa nada. Esta desigualdad social genera desconfianza en las instituciones y la perdida del respeto a esa constitucionalidad que es la clave. Recordemos que la cultura es un elemento distintivo de un ser humano, forma su personalidad, y lo que transforma a las sociedades son la formación de las ideas que proyectan buenos resultados. A su vez, Cordera Aguilar, catedrático de la UABJO, clasificó en dos los tipos de corrupción en México: La delincuencia organizada a secas y la institucionalizada, digamos, la corrupción amalgamada en las fuentes del poder. Ahí están los altos funcionarios policíacos procesados por narcotráfico o gobernadores condenados por lo mismo. Así, en México quienes se oponen a la legalización de la marihuana son lo que ven pérdidas en sus negocios ya institucionalizados. A partir de 1995 se dispararon los índices de criminalidad. Zepeda Lucuona en su libro "Crimen sin castigo" desarrolla un estudio y menciona que el problema no es de dinero, sino de administrar bien los recursos, y pone el caso de los países que tienen menos policías y mayor seguridad. En México tenemos hasta policía turística y una seguridad por los suelos. El problema implica la deficiente planeación de fiscalización de los recursos. Después del error de diciembre de 1994 y la crisis desatada, en 1997 se hicieron reformas buscando una coordinación adecuada entre Federación, Gobiernos Estatales y Municipios. Se reformo el articulo21 Constitucional, pero a diez años la siguen buscando, sobre todo, le prestan mayor atención cuando la clase empresarial protesta al ver afectados sus intereses. La judicatura tiene que ver con los órganos encargados de la impartición de justicia, pero solamente Federal o de los Estados porque la municipal es inexistente. Transparencia mexicana filial de transparencia internacional reveló que Oaxaca tiene instituciones corruptas como la Procuraduría, transito del Estado y el Poder Judicial, seguidas de Puebla, el Distrito Federal y el Estado de México que están a la cabeza. Antes, el catedrático Zarate Mendoza ilustró que la reforma constitucional penal aprobada por el congreso de Oaxaca en noviembre de este año, ya es obligatoria en nuestra Entidad. Pero alertó que le da a la prisión preventiva un tratamiento diferente a lo ordenado en el Código Procesal Local. El Juez de garantía no decide si aplica la prisión preventiva -por aquello del principio de presunción de inocencia- tiene la obligación de aplicarla tratándose de homicidio, violación o delincuencia organizada. Una comunidad limpia no es la que mas se barre sino la que menos se ensucia. Un Estado debe caracterizarse por los sistemas de prevención que genera, y que logra que su sociedad tenga una cultura efectiva de la legalidad. La reforma debió tocar estos puntos para garantizar la autonomía, independencia y calidad de la administración, impartición y procuración de justicia. Al "juicio oral" debió dotarse de una personalidad cultural diferente, partiendo de nuestro entorno integral. Si tenemos un código procesal penal bien intencionado, las cosas debían -en apariencia- ser más sencillas, pero mientras no se rompa el paradigma de la cultura actual, no podemos hacer creer a la sociedad que este nuevo sistema esta destinado a ser funcional, advirtió.