CABOS SUELTOS: EL PLAN MEXICO AYUDA DE EUA?

-Cabos sueltos

-Plan México: el contexto de la militarización, la violencia relacionada al narcotráfico, y los derechos humanos

-Material militar por 90 millones de dólares para el Plan México

Carlos Fazio Cabos sueltos Uno. En vísperas de que se concrete la llegada del primer paquete de armamento, software de inteligencia y asesoría militar estadunidense en el marco del Plan México, la llamada Operación Limpieza de Felipe Calderón asume la forma de un tributo a la Casa Blanca y al Capitolio. Más allá de la connotación religiosa del nombre del operativo, que remite a un discurso cristiano maniqueo: bueno/malo, limpio/sucio, el mandatario de las “manos limpias”, quien se declaró admirador del generalísimo Francisco Franco, parece llevar a cabo un ritual de purificación. La limpieza purificadora de Calderón, en “guerra” contra los malos y los sucios, ha impactado el aparato de espionaje y contraespionaje de la División Antidrogas de la Policía Federal en la Secretaría de Seguridad Pública y de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), órgano antimafia por excelencia de la Procuraduría General de la República. Hasta ahora sobreviven los anticontaminados jefes de ambas corporaciones, Genaro García Luna y Eduardo Medina Mora. La poda afectó también al director de Interpol-México, Ricardo Gutiérrez, y al general brigadier Roberto Aguilera –uno de los militares más cercanos del ex secretario de la Defensa Nacional, general Gerardo Clemente Vega–, quien en el sexenio foxista se desempeñó como jefe del Centro de Inteligencia Antinarcóticos (Cian) de la Sedena. En la actualidad, Aguilera era el agregado militar de la embajada de México en Argentina. Dos. No parece un dato baladí que la purga de cuadros de inteligencia policial y militar de México haya tenido como origen la delación de un “testigo protegido” de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), detenido en Washington el 2 de julio pasado. Se trata del ex agente de la policía federal José Alberto Pérez Guerrero, “bautizado” como Felipe. Es decir, son los organismos de inteligencia de Estados Unidos, no los de México, los que controlan una investigación plagada de anomalías e inconsistencias. Por lo que la llamada Operación Limpieza de Calderón –que remite bis a bis a la “Murambatsvina” de don Robert Mugabe en Zimbabue– es sólo un tributo al Congreso de Estados Unidos, que en mayo pasado condicionó la aprobación de la raquítica “ayuda” contrainsurgente de la Iniciativa Mérida (200 millones de dólares en especie para 2008) a la fiscalización de las unidades policiales y militares mexicanas, y a una serie de “reformas legales y judiciales” de neto corte injerencista. Tres. Ambos hechos, la Operación Limpieza y el Plan México (definido por un funcionario de la administración Bush como un “salto cuántico” en la relación con Estados Unidos en materia de seguridad), tienen que ver con un elemento que pocas veces se aborda. Esto es, la red de relaciones formales e informales que históricamente establece el grupo militar de la embajada de Estados Unidos (agregaduría de defensa, Agencia Nacional de Seguridad, CIA, DEA, FBI, etcétera), bajo el manto de “acuerdos de colaboración” con sus contrapartes locales, incluidos los subsistemas de inteligencia de las fuerzas armadas y las distintas policías del país. La colaboración, que muchas veces adopta la forma de “convenios de tipo verbal”, incluye asistencia en infraestructura, vehículos, equipos, capacitación y gastos operacionales, incluido el pago de “fuentes humanas de información” (espías). Asimismo, permite que agentes mexicanos sean sometidos a chequeos con equipos de detección de mentiras y monitoreados por especialistas de la embajada estadunidense. Cuatro. Resulta obvio el papel determinante de los organismos de seguridad estadunidenses en el diseño de la arquitectura de la inteligencia mexicana. Ergo, en su penetración. Lo cual deriva en una subordinación dependiente. Con un agregado: la Iniciativa Mérida (símil del Plan Colombia) es el componente operativo de tipo contrainsurgente establecido en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), el TLC militarizado. Bajo supervisión del Comando Norte del Pentágono, la ASPAN surgió en marzo de 2005 al calor de la “guerra al terrorismo” de George W. Bush y pone un énfasis excesivo en la seguridad de Estados Unidos, tal como establece la Secretaría de Seguridad de la Patria de Michael Chertoff. La alianza busca imponer una Norteamérica sin fronteras, disolviendo las soberanías nacionales. Para ello esgrime el discurso del miedo, según el cual la principal amenaza que enfrenta América del Norte es trasnacional y de tipo asimétrico. Es decir, no remite ya al clásico modelo westfaliano donde sólo había confrontación entre dos estados, sino que alude a entidades terroristas, estados fallidos o naciones deshonestas, en cuyo seno se desarrollan individuos o pequeños grupos marginales que pueden contar con materiales de destrucción dotados de sofisticación técnica. Cinco. Más allá del golpeteo, vía filtraciones a la prensa, entre los mandos de las fuerzas armadas, la PGR y la SSP en pugna por los recursos de la Iniciativa Mérida y del Presupuesto nacional, la “guerra” de Calderón contra los malos responde al libreto y al tipo de amenaza asimétrica elaborado por el discurso imperial. En ese contexto, un análisis titulado La Secretaría de la Defensa Nacional en el combate al narcotráfico define a los cárteles como una “amenaza interna” que pone en riesgo la “viabilidad” de la nación y prevé una simbiosis entre las mafias y “grupos armados desafectos al gobierno”, así como un incremento sustancial del grado de violencia. Ante la configuración de una narcoguerrilla, sugerida también por el zar antidrogas de Estados Unidos, John Walters, la solución final de la Sedena es el “aniquilamiento”. Una larga guerra de exterminio. O sea, la colombianización del país. El lugar donde Washington quería posicionar a México, con un Ejército ocupado en tareas policiales y distraído de sus tareas de vigilancia y protección del territorio nacional. Plan México: el contexto de la militarización, la violencia relacionada al narcotráfico, y los derechos humanos Kristin Bricker Narco News El Plan México incluye así llamadas condiciones de derechos humanos. Son: Policías y militares acusados de violaciones de derechos humanos deben ser investigados por fiscales civiles y juzgados en tribunales civiles por jueces civiles. El gobierno Mexicano debe mejorar la transparencia en las fuerzas policíacas al nivel municipal, estatal, y federal. Eso incluye establecer comisiones policíacas para recibir e investigar y resolver quejas de violaciones de derechos humanos. Que el gobierno Mexicano establezca un mecanismo para consultar organizaciones Mexicanas de derechos humanos y otras organizaciones de la sociedad civil Mexicana para que dichas organizaciones aconsejen sobre la implementación de la Iniciativa Mérida. Aplicación de la prohibición del uso de testimonio obtenido por tortura o maltrato. Todas las fuerzas que reciben fondos del Plan México deben ser sometidas a investigaciones llevadas a cabo por el Departamento del Estado gringo para asegurar que no cometen violaciones de derechos humanos. Las compañeras de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala van a entrar en detalles sobre este punto. Muchas de esas condiciones ya son ley en México, pero el gobierno Mexicano no hace nada para que la ley se aplique de hecho. Cuando el Congreso gringo aprobó la primera versión del Plan México, políticos mexicanos discreparon de las condiciones de derechos humanos, diciendo que quebraban la soberanía nacional de México. Y si, hasta un cierto punto tenían razón. Estados Unidos nunca permitiría que los países donde hay bases militares estadounidenses sometan los soldados gringos a investigaciones. Fíjense si el pueblo de Irak o Afganistán o el gobierno cubano pudieran someter soldados y contratistas gringos a investigaciones y rechazar soldados y contratistas que no cumplen con sus estándares de derechos humanos. De hecho, cuando contratistas de Blackwater hicieron una masacre en Irak en 2007, el gobierno de Irak anunció que los echaría de su país. Pocos días después se cambio su postura por presión de George Bush, y Blackwater sigue trabajando allá. Sin embargo, los políticos mexicanos no se quejaron del despliegue de agentes y contratistas estadounidenses que entrenarían fiscales y jueces y policías mexicanos para seguir con la gringoizacion del sistema judicial mexicano y para que EE.UU. amplíen el alcance de sus servicios de inteligencia. A lo mejor EE.UU. desplegara’ agentes de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF por sus siglas en inglés) a México para vigilar el tráfico de armas ilegales como parte del Plan México y el Operativo Gunrunner. Muchas organizaciones mexicanas de derechos humanos rechazaron la idea de que condiciones de derechos humanos quiebren la soberanía nacional de México. Dicen que los derechos humanos son una responsabilidad mundial, protegidos por tratados internacionales que el gobierno mexicano firmó. Por eso, dicen, cuestiones de la soberanía nacional no aplican cuando tiene que ver con los derechos humanos. Sin embargo, la ironía que EE.UU. exija cumplimiento con condiciones de derechos humanos no se escapa en México. La Jornada, el periódico más leído en todo México, comentó: “la exigencia estadounidense de verificar el respeto a los derechos humanos en otras naciones constituye una pretensión grotesca y disparatada, habida cuenta de que, a escala planetaria, la superpotencia es la principal violadora de tales derechos. Abu Ghraib, Guantánamo, los vuelos secretos de la CIA, el severo recorte legal a las libertades ciudadanas y a las garantías individuales, así como los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Afganistán e Irak son referentes ineludibles de un gobierno que ha convertido el asesinato, el secuestro, el bombardeo de civiles y el terrorismo en general en política de Estado.” Pero las condiciones de derechos humanos incluidas en el Plan México no fueron diseñadas para proteger o mejorar los derechos humanos en países afectados por el Plan México. Solo 15% de los fondos destinados a la seguridad pública y las fuerzas militares son condicionados. Eso significa que el gobierno de EE.UU. dará 85% de los fondos para la seguridad pública y el ejército aun si México no cumple con las condiciones de derechos humanos. Además, la persona encargada de certificar el conforme de México a las condiciones de derechos humanos es la Secretaria de Estado, actualmente Condoleezza Rice. Es la misma Condoleezza Rice que sigue encubriendo al gobierno de Bush y sus crímenes de lesa humanidad. También es la misma Condoleezza Rice que llamó a todos los miembros del congreso gringo el día antes de la votación del Plan México para decirles que aprobaran la Iniciativa. No es muy probable que Condoleezza Rice no confirme el conforme de México a las condiciones de derechos humanos. Al final, el debate sobre los derechos humanos fue una distracción. Washington se apropió del discurso de derechos humanos y quiere apropiar organizaciones de derechos humanos para impulsar su doctrina militar y de seguridad publica en México, Centroamérica, y el Caribe. La condición que la sociedad civil mexicana aconseje al gobierno mexicano sobre la implementación del Plan México significa que organizaciones que están en contra del Plan y dicen “no” a la militarización no tendrán lugar. Además, hay fondos en el Plan para entrenar las organizaciones de derechos humanos mexicanos a monitorear el Plan, a lo mejor de manera que les conviene a los gobiernos de EE.UU. y México. El Plan México apoya la política fracasada de utilizar la seguridad pública y el ejército para combatir el narcotráfico y las maras. Esta política de mano dura ha resultado en una aumentación exponencial de violencia y violaciones de derechos humanos en México y Centroamérica, pero desde todo punto de vista fracasó en contener el narcotráfico y las maras. Ninguna cantidad de condiciones de derechos humanos cambiará el hecho de que es una política que no logró sus metas, y que es una política que aumenta la violencia y represión. En México, el presidente Calderón desplegó cuarenta mil soldados militares y cinco mil policías federales a once estados a partir de hace un año y medio cuando declaró la guerra contra el crimen organizado. Eso ha convertido muchas partes del país en una verdadera zona de guerra. Convoyes militares con tanques patrullan las calles. Hay retenes militares en las carreteras y calles, y ha pasado que los militares han matado familias enteras en dichos retenes. Soldados revisan las casas sin órdenes de cateo. Soldados han violado mujeres y niñas. Mas que cinco mil muertes relacionadas al narcotráfico y la guerra contra el crimen organizado. Son torturados y ejecutados o son personas o niños atrapados en el fuego cruzado, y ahora también mueren por ataques terroristas, como lo que pasó en Morelia hace dos semanas. 87 quejas de crímenes en contra de los periodistas se han acumulado en la oficina del Procurador General de la República. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado 634 casos de abuso por militares La cifra nacional de homicidios se ha aumentado 47% del año anterior. Han sido por lo menos 223 desaparecidos durante el sexenio de Calderón hasta ahora. Entre 23 y 30 son desaparecidos políticos, y 200 fueron levantados por carteles. Encontraron contratistas privadas de EE.UU. entrenando policías en el estado de Guanajuato en tácticas de tortura. Fueron contratados por políticos locales del partido del presidente, el PAN. Y cuando salieron a luz los videos del entrenamiento, esos políticos defendieron el entrenamiento, diciendo que era necesario para preparar los policías para combatir el crimen organizado. Pero la pagina web de la empresa dice que entrenan “tortura sicológica” a policías. Entre los métodos enseñados, los contratistas enseñaron a los policías de Guanajuato waterboarding o el tehuacanazo. Es un método de tortura para simular ahogamiento, y ha sido un método muy popular dentro de las fuerzas policíacas mexicanas. En el video, policías meten agua mineral en la nariz de un policía mientras meten su cabeza en un hoyo lleno de ratas y heces. No es un método que utilizan los carteles. Los carteles te quitan un dedo o una oreja, pero su patrón no es hacer el tehuacanazo. Es el patrón de la policía. A pesar de que se han identificado los entrenadores de tortura, el gobierno Mexicano dice que los entrenadores no quebraron la ley porque los policías que torturaron eran voluntarios. Cabe mencionar que uno de los entrenadores es un líder de los Comandos F4, un grupo paramilitar con sede en Florida que dicen que quiere hacer un golpe de estado en contra del gobierno cubano. Ese grupo tiene vínculos con el gobierno estadounidense y entrena los militares que realizaron el golpe de estado en Venezuela. Es uno de los grupos paramilitares que los compañeros presos los cinco cubanos estaban vigilando. Bush y Calderón dicen que el aumento de violencia y muertos vale la pena. Dicen que demuestra que la estrategia militar está funcionando bien. Sin embargo, índices de interdicción de las drogas que entran a EE.UU. por México han sido constantes en 10%. Solo parece que los índices de interdicción se han aumentado porque ahora cada vez que el gobierno mexicano confisca drogas, organiza una conferencia de prensa. Represión de movimientos sociales también se ha aumentado bajo Calderón y su militarización del país. En Chiapas, incursiones militares en comunidades en resistencia se han aumentado. Durante un plazo de siete semanas entre abril y junio de 2008, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas documentó 13 operativos militares o policíacos en comunidades indígenas en resistencia. Eso no solo ocurre en comunidades zapatistas, pero también en comunidades donde hay presencia de la Organización Campesino Emiliano Zapata (OCEZ) y aun comunidades del PRI, un partido político conocido por su dictadura de más que 70 años, y que todavía tiene mucho poder en el gobierno. Los gobiernos estatales y federales colaboran en operativos militares-policíacos en estas comunidades. Muchas veces entran sin órdenes de aprensión, y actualmente su pretexto es casi siempre drogas y armas ilegales. No confiscaron ni siquiera una bolsita de marihuana ni una pistola en ninguno de los operativos en comunidades en resistencia. Su objetivo verdadero es obvio: reprimir comunidades en resistencia. El ejemplo más obvio es el operativo que intentaron realizar en La Garrucha, un caracol Zapatista: utilizaron el pretexto de drogas y armas ilegales para intentar entrar a la Garrucha, donde estuvo el Subcomandante Marcos pocos días antes. Hace muy pocos días, policías chiapanecas y agentes federales invadieron una comunidad que había tomado ruinas cerca de los Lagos de Montebello. Abrieron fuego, matando 6 campesinos. Tres de ellos fueron asesinados cuando los policías estatales pararon la camioneta que llevaba los campesinos heridos al hospital. Los policías los bajaron de la camioneta y los ejecutaron. También policías y agentes federales entraron la comunidad chiapaneca de San Jerónimo Tulijá con paramilitares como guías. Los paramilitares enseñaron las casas de las autoridades zapatistas a los militares y policías, donde entraron y amenazaron una mujer zapatista y su bebe con muerte. Cabe mencionar también que los militares en Chiapas entrenan y arman los grupos paramilitares. Pero militarización y ocupaciones militares no son novedades en Chiapas. Las tácticas del gobierno y su pretexto de represión cambian tras los años, pero la represión sigue siendo constante. Sin embargo, en el norte donde Calderón desplegó las tropas, ciudadanos ven que recursos para combatir el crimen organizado se utilizan contra líderes sociales y activistas. El 27 de marzo de este año, el gobierno federal emprendió el Operativo Chihuahua para, en sus palabras, “localizar, combatir, y desmantelar la redes del narcotráfico, el crimen organizado, y el blanqueo de dinero.” Bajo el Operativo Chihuahua, se desplegaron 2,000 soldados y 400 (cuatro cientos) policías federales a Ciudad Juárez. Dentro de la primera semana del operativo, seis activistas—3 de ellos muy destacados—fueron arrestados por agentes federales. Se arrestó una bajo un orden de aprensión que llevaba tres años. Cinco de ellos eran del Agro dinámica Nacional, líderes de movimientos sociales por tarifas justas de electricidad y en contra del TLC con EE.UU. La sexta era una activista que trabajaba contra los femicidios en Juárez. La arrestaron regresando de llevar una mama para identificar los restos de su hija. Fondos para la ILEA Plan México incluye fondos (pero no se sabe cuántos) para entrenar policías centroamericanos en la Academia Internacional Para la Aplicación de la Ley, en ingles conocida como Internacional Law Enforcement Academy (ILEA). Tiene mala fama como “La escuela de las Américas para policías.” Una persona que colaboró en la fundación de la Academia es el policía gringo John Timonel. Es muy conocido en EE.UU. por ser experto en reprimir protestas y activistas. En protestas donde él dirigió las fuerzas policíacas y la represión, nos golpearon en las calles y nos torturaron en las cárceles. Por ser experto en represión, lo mandaron a Irak para entrenar la policía de Bagdad. Ahora trabaja en una ONG derechista en el gabacho donde aconseja en la aplicación de la ley, y la propuesta de cómo sería la Academia para la Aplicación de la Ley salió de esa ONG. Los presidentes de EE.UU. y El Salvador hicieron un acuerdo secreto para fundar la escuela y evitar broncas con los movimientos sociales, así que activistas de Costa Rica ya habían logrado echar la Academia de su país antes de la primera clase. La Academia empezó a dar clases en El Salvador antes de que el presidente informara el Congreso gringo de sus planes, aunque la gran mayoría de los fondos y entrenadores de la Academia vienen del Congreso de EE.UU. Es imposible monitorear cómo la Academia afecta los derechos humanos. Su trabajo es mas secreto que el de la Escuela de las Ameritas. Solo hay una organización de derechos humanos que tiene acceso al currículo de la Academia. Esa organización recibe fondos de la Academia para dar clases de derechos humanos a los estudiantes policías. Así que la ONG es empleada de la Academia, no está compartiendo la información muy importante que tiene con las demás organizaciones de derechos humanos. Pero organizaciones de derechos humanos señalan a la Policía Nacional Civil de El Salvador como ejemplo de los efectos del entrenamiento de la Academia. La PNC manda más policías a la Academia que las demás fuerzas policíacas en América Latina. 40% de las quejas que recibe la comisión de derechos humanos en El Salvador se tratan de la PNC. Agentes de la PNC hacen asesinatos políticos, por ejemplo el del líder de la FMLN, Francisco Velis. También forman escuadrones de muerte como la Sombra Negra, que tortura y asesina a pandillas (o maras) sospechadas. Ponencia de Kristin Bricker de Narco News en el Foro Social Américas en Guatemala como parte del taller “Plan México: Nueva ofensiva del Imperialismo.” Kristin Bricker es corresponsal basada en México de Narco News También forma parte del colectivo Rebel Imports que vende textiles, café y miel de comercio justo de las cooperativas zapatistas. Para contactos con Kristin escriba a krisbricker@gmail.com. Su blog personal es http://mywordismyweapon.blogspot.com Material militar por 90 millones de dólares para el Plan México Kristin Bricker Narco News Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens Fuentes del Congreso de EE.UU. confirmaron a Narco News que el gobierno de EE.UU. ha destinado aproximadamente 90 millones de dólares de los 116,5 millones de dólares del Financiamiento Militar del Exterior (FMF) bajo el Plan México, también conocido como Iniciativa Mérida o Plan Mérida. Los 90 millones incluyen aproximadamente un 77% de la asignación total para México bajo el Plan México en 2008. El Congreso de EE.UU. autorizó la entrega de hasta un 85% o sea 99 millones de dólares, de los fondos del FMF hasta que exista un informe de la Secretaria de Estado respecto al cumplimiento de México de las condiciones sobre derechos humanos establecidas en el Plan México. Sin embargo, fuentes del Congreso señalan que México todavía no ha satisfecho las condiciones de derechos humanos, de modo que el Departamento de Estado no ha sometido el informe. Las condiciones de derechos humanos son mínimas – requieren el establecimiento de una comisión para recibir quejas sobre la conducta de la policía, que el gobierno mexicano se reúna regularmente con las organizaciones mexicanas de derechos humanos para que puedan “hacer recomendaciones sobre la implementación del” Plan México (excluyendo con ello de las consultas a toda ONG que se oponga al paquete de ayuda militar), que fiscales y jueces civiles investiguen y procesen a policías federales y fuerzas militares que son acusadas de cometer abusos de los derechos humanos, y que no se utilice ante los tribunales evidencia obtenida mediante la tortura. Este último punto es particularmente difícil de certificar para la Secretaria de Estado ya que el semanario mexicano Proceso reveló este mes que tres sospechosos arrestados por la Oficina del Procurador General (PGR) por el caso del ataque “narcoterrorista” con granadas de Morelia, Michoacán, fueron torturados por un cartel de la droga o por fuerzas de seguridad mexicanas para que dijeran que eran miembros de la organización criminal Los Zetas y que lanzaron las granadas que mataron a ocho personas el Día de la Independencia de México. Memorandos oficiales filtrados a Proceso por una agencia no identificada de inteligencia confirman que autoridades de seguridad en Michoacán se reunieron con representantes del cartel de la droga La Familia antes de los arrestos “y que acordaron que detendrían a varias personas” y que las acusarían de realizar el ataque en Morelia. Una teoría que rivaliza con la hipótesis oficial de que Los Zetas realizaron el ataque de Morelia es que La Familia realizó el ataque a fin de provocar medidas de fuerza militares contra Los Zetas, que han estado contrabandeando a través del territorio de La Familia. Material militar La Agencia de Cooperación en la Seguridad del Departamento de Defensa, que administra el programa FMF, define el Financiamiento Militar del Exterior como “programa del gobierno de EE.UU. para financiar, mediante subvenciones o préstamos, la adquisición de artículos, servicios y entrenamiento militares de EE.UU.” Por el momento no se sabe qué material militar fue comprado con los 90 millones de dólares y qué material sigue esperando la publicación del informe de derechos humanos. Sin embargo, el plan de gastos del Plan México, publicado por Narco News en septiembre, delinea cómo se gastará el FMF para 2008. Según el plan de gastos, el financiamiento del FMF proveerá hasta dos aviones CASA 235. El plan de gastos señala: “Aparte de hasta dos aviones, el paquete suministrado incluirá apoyo logístico (sobre todo repuestos apoyo técnico limitado) durante tres años. El financiamiento también apoyará el entrenamiento de transición (entrenamiento para pilotos experimentados para que vuelen un nuevo tipo de avión) para pilotos mexicanos.” Los aviones CASA 235 tienen la capacidad de utilizar equipos de visión nocturna, dos ordenadores para transmitir y recibir información de una base militar o de un centro de control, y espacio para 57 soldados con todo su equipo o para 48 paracaidistas. El CASA 235 también puede llevar seis misiles contra barcos y dos torpedos MK47 o misiles contra barcos Exocet M-39. México recibirá hasta cinco helicópteros utilitarios de carga mediana BH-412 EP (Helicóptero Bell) junto con un paquete de apoyo logístico para dos años para aviones nuevos y posiblemente cuatro helicópteros de propiedad mexicana que ya están en servicio. Esto incluye la capacitación para pilotos. Los BH-412 han sido diseñados para desplegar rápidamente fuerzas militares, que, según el plan de gastos, “establecerán la seguridad requerida para la inhabilitación exitosa de armas, drogas, y personas.” El BH-412 lleva entre 1 y 2 miembros de la tripulación y entre 13 y 14 soldados y está equipado para vuelos de día y de noche. El financiamiento del FMF también restaurará y equipará completamente dos aviones de vigilancia Cessna Citation II C-550 de la Oficina del Procurador General mexicano (PGR). Los Cessna Citation tienen radar y cámaras. Pueden ser equipados de armas y a menudo lo son cuando sirven en la guerra contra la droga. En 2001, Cessna Citations suministrados por el gobierno de EE.UU. y piloteados por pilotos peruanos bajo la dirección de agentes de la CIA mataron a una misionera estadounidense y a su bebé en Perú cuando los confundieron con narcotraficantes. El Plan México proveerá una cantidad indeterminada de escáneres de iones “para apoyar los esfuerzos de la Armada mexicana (SEMAR) y del Ejército y la Fuerza Aérea de México (SEDENA) por controlar su territorio nacional y la vía de entrada al sur de EE.UU.” Los escáneres de iones vienen con un paquete estándar de mantenimiento. El plan de gastos señala que son “capaces de detectar explosivos y narcóticos” y que serán “utilizados por la SEDENA para ayudar a detectar tráfico de drogas ilícitas y armas a través de áreas remotas de México y apoyarán el esfuerzo del GOM [gobierno de México] por montar un sistema robusto de inhabilitación a través de las rutas terrestres.” Se sabe que los escáneres de iones producen más positivos falsos que positivos reales y que son ampliamente abusados por las autoridades carcelarias para acosar a visitantes a la prisión, negándoles acceso. Es el primer año en la memoria reciente en el que México recibirá fondos del FMF de EE.UU. Hasta ahora, México había sido excluido de la recepción de ayuda militar de EE.UU., porque participa en el Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional (CPI). Según la ley de EE.UU., los países que forman parte del Estatuto de Roma, sólo pueden recibir ayuda militar de EE.UU. si llegan a un acuerdo según el Artículo 98, en el que prometen no procesar a ciudadanos de EE.UU. en la CPI. México no ha llegado a un acuerdo según el Artículo 98, pero la ley que excluye a partes del Estatuto de Roma contiene una escapatoria: el presidente puede no aplicar la ley, permitiendo al país que reciba fondos del FMF, si considera que es en función del “interés nacional” de EE.UU. Más armamento Según el plan de gastos. México también recibirá vehículos blindados, chalecos a prueba de balas, y “ayuda técnica” relacionada según la sección anti-narcóticos del Plan México. Esos fondos, sin embargo, esperan la firma de una carta de acuerdo entre los gobiernos de EE.UU. y México. La carta de acuerdo esboza cómo se transferirá el entrenamiento y el equipo del Plan México. El Financiero informa que la contraparte mexicana de Condoleezza Rice, la Secretaria de Relaciones Exteriores Patricia Espinosa Cantellano, piensa que la carta de acuerdo será finalizada y firmada esta semana. ----------- Kristin Bricker es corresponsal basada en México de Narco News También forma parte del colectivo Rebel Imports que vende textiles, café y miel de comercio justo de las cooperativas zapatistas. Para contactos con Kristin escriba a krisbricker@gmail.com. Su blog personal es http://mywordismyweapon.blogspot.com http://narcosphere.narconews.com/notebook/kristin-bricker/2008/11/us-releases-90-million-plan-mexico-military-hardware