miércoles, 22 de abril de 2009

GUERRILLA RESULTADO DE VIOLACION A DERECHOS HUMANOS Y FALTA DE VISION DEL ESTADO

-"El surgimiento y actual presencia de la guerrilla es resultado del acelerado deterioro en las condiciones de vida del pueblo mexicano"

-Ni derechos humanos ni visión de Estado

"El surgimiento y actual presencia de la guerrilla es resultado del acelerado deterioro en las condiciones de vida del pueblo mexicano"

Jorge Lofredo / Rebelión

Desde las acciones político-militares contra los ductos de PEMEX en 2007, ninguna otra organización guerrillera se había expresado sobre ellos. Pero la situación ha cambiado. La “Coordinación Revolucionaria” (CR) profundiza sobre éste y otros temas. Y su importancia radica en saber de su ideario, su posicionamiento y conocer la forma en que asumen la actual coyuntura política.

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A pesar de su importancia, de la poca o nula atención que hoy posee el tema de la guerrilla en los medios masivos de comunicación mexicanos, gran parte –sino en forma absoluta– se refiere al Ejército Popular Revolucionario (EPR). Esta cuestión tampoco ocupa ahora algún espacio “en agenda”, como el alcanzado en el segundo semestre de 2007 con los sabotajes contra los ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Mientras tanto, otras organizaciones –escisiones del tronco eperrista en este caso– están actuando conjuntamente desde, al menos, el 28 de junio de 2006. La fecha, por supuesto, no es casual pues refiere al décimo aniversario de la primera presentación pública del EPR en el vado de Aguas Blancas y marca el inicio de la “nueva ola” de organizaciones guerrilleras actualmente en actividad.

Desde hace casi tres años la CR ha dado a conocer once comunicados (“Manifiestos a la Nación”) suscriptos por cada una de las organizaciones que la integran: Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos (MRLCB), Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP) –las dos organizaciones más conocidas–, Organización Insurgente 1º de Mayo, Brigada de Ajusticiamiento 2 de Diciembre, Unidad Popular Revolucionaria Magonista (ausente en el texto de diciembre de 2007), Brigadas Populares de Liberación (hasta diciembre de 2006) y el Colectivo Revolucionario Francisco Javier Mina (hasta agosto de 2006). De todas ellas, Tendencia es la organización más antigua y activa. Cabe agregar que la experiencia de coordinarse entre grupos eperristas reconoce un antecedente del año 2001, cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, el Ejército Villista Revolucionario del Pueblo y luego el Comando Justiciero 28 de Junio constituyeron la Coordinadora Guerrillera Nacional José María Morelos.

En forma conjunta, llevaron a cabo un acto de propaganda armada en las afueras de Oaxaca en septiembre de 2006 y las acciones político-militares de noviembre del mismo año en el Distrito Federal, con la colocación de explosivos contra “blancos simbólicos” políticos, económicos y judiciales; y ofrecieron una conferencia de prensa para medios de comunicación del estado de Guerrero y una entrevista al periódico La Jornada en diciembre también de 2006.

No obstante, esta resulta la primera vez que las organizaciones enumeradas acceden a responder un cuestionario escrito tras las acciones eperristas contra PEMEX y después de la conformación de la Comisión de Mediación, que entiende sobre el caso de los dos desaparecidos. Y no sólo ello sino que, además, fijan su posición respecto a diversos temas de la coyuntura que servirá para ubicar el ideario que sostienen.

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La primera de una serie de preguntas refiere a si la coordinación es hecho es coyuntural o de largo aliento, a lo que respondieron:

“Una pretensión del Neoliberalismo en el plano ideológico precisamente fue convencernos de que no hay más que una opción en el rumbo de la humanidad. Y precisamente se trata de romper de manera radical con esa visión de que sólo hay un camino para lo que sea. En nuestra América desde las raíces más profundas, la característica más visible es la diversidad, lo que se traduce en variados proyectos, diversos pensamientos y múltiples sujetos. Pensar entonces en la unidad conduce a la eliminación –o subordinación– de alguno o algunos proyectos que ahora existen y se desarrollan en las distintas latitudes de México. Es por ello por lo que proponemos la articulación. Así pues, la coordinación pretende ser un proceso de largo plazo y, en consecuencia, estratégico, ya que asumimos que la transformación social profunda requiere de la articulación de todas las voluntades en una sola voluntad popular nacional, cuya acción transformadora no suprima ni la diversidad ni la diferencia, antes al contrario, se apoye en la pluralidad de luchas, sujetos e ideas para la construcción de un mundo otro. A nuestro juicio, ninguna organización por sí misma puede garantizar dicha articulación, y menos si no se construye ésta con base en el respeto a la dignidad, la autonomía y la diferencia. La coordinación que varias organizaciones revolucionarias armadas hemos venido impulsando intenta ser congruente con esta visión.”

En cuanto a sus objetivos, destacan:

“1) Contribuir a la transformación social profunda de nuestro país construyendo, desde abajo, un nuevo modo de producir y reproducir nuestra existencia, así como un nuevo poder, más allá del Capital y del Estado. 2) Hacer frente común a la ofensiva capitalista-neoliberal y, más concretamente, a la injusticia y a la impunidad que dicha ofensiva ha profundizado en México a niveles nunca antes vistos.”

En cuanto a la toma de decisiones a su interior, generalmente las organizaciones político-militares practican el “centralismo democrático”; pero este caso expresa algo distinto:

“Nuestras decisiones han sido tomadas en reuniones de carácter horizontal y policéntrico, donde han tenido más peso las coincidencias que las diferencias. En este esfuerzo pretendemos que las directrices sean resultado de la elaboración de propuestas al interior de cada estructura para, luego, ser consensadas en el espacio de la coordinación. Y que la elaboración de propuestas en el espacio de la coordinación sean discutidas al interior de cada estructura. Nuestro objetivo es que la toma de decisiones, sea resultado de un proceso democrático: 1) participativo, en el que la militancia de cada organización tenga el papel primordial en la conducción del proceso; y, 2) delegativo, en el que las comisiones representativas tengan una función derivada.”

La etapa actual que la CR transita se corresponde a un momento de reafirmación interna y apertura:

“En el intento de dar a ésta mayor cohesión a partir de principios, metas y estrategias comunes. Y, en relación con este intento, en el intercambio de experiencias que fortalezcan a cada organización, y en la elaboración colectiva de planes de trabajo.”

En cuanto a sus vínculos con otras organizaciones, señalan:

“Tenemos relación con otras organizaciones revolucionarias armadas, pero no con el propósito exclusivo de ampliar esta coordinación. Desde luego, estamos abiertos a la incorporación de la organización que lo desee, siempre y cuando haya coincidencias de fondo. En este sentido, esperamos ir dando a conocer paulatinamente los resultados de este proceso, por medio del cual pretendemos potenciar nuestras fuerzas y posibilidades de acción y transformación revolucionaria.”

“Como la realidad misma: diversa, contradictoria y enriquecedora, pero ante todo de reconocimiento y de respeto. Ofrecemos nuestro análisis, experiencia y solidaridad, sin la pretensión de ser los ‘poseedores de la verdad’, los ‘poseedores de la línea correcta’, o los ‘verdaderos revolucionarios’. Tratando de aprender de los demás, de las luchas lejanas, recientes o actuales, tanto de nuestro pueblo como de otros pueblos. Nos esforzamos por apegarnos a principios revolucionarios, ser consecuentes en nuestra práctica y estar abiertos a recoger las enseñanzas de otras organizaciones y luchas.”

Ante la pregunta si la guerrilla se está expandiendo hacia otros puntos de la República y dejando su espacio histórico, Guerrero, respondieron:

“El surgimiento y actual presencia de la guerrilla en diversos puntos del país, incluido Guerrero, es resultado del acelerado deterioro en las condiciones de vida del pueblo mexicano, bajo el modelo neoliberal-capitalista, y no de un mero ‘corrimiento’ de esa forma de lucha. Guerrero no ha sido la única región histórica de la guerrilla en México, aunque sí una de las más importantes.”

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A partir de aquí, las preguntas versan en torno del EPR, su campaña militar por los desaparecidos, la Mediación y su posición sobre las razones que impulsaron su actual producción político-militar.

“La campaña militar de esta organización quedó enmarcada en la exigencia de presentación con vida de sus compañeros desaparecidos. Y aunque el inicio fue tardío, la presión política que ejerció el sabotaje a los ductos de PEMEX fue parcialmente efectiva. Difundió la denuncia de sus desaparecidos, generó la repulsa social contra la desaparición forzada y dio pie a la formación de una comisión ciudadana que aceptó presentar al gobierno federal las exigencias de dicha organización.”

En cuanto a la Comisión de Mediación y de cuál sería la actitud de la CR en esa situación, subrayaron:

“El proceso de mediación, y la comisión que lo encarna, constituye la expresión del reconocimiento político que se imponen, y se otorgan, recíprocamente dos contendientes, en el despliegue de una antagonismo social que los contiene y los rebasa, en este caso, a partir de una serie de hechos: la desaparición forzada de dos militantes eperristas, y las acciones de presión político-militar desarrolladas por el actual EPR para exigir la presentación con vida de sus militantes. El hecho no es menor, pues las millonarias pérdidas económicas, obligaron al gobierno federal a reconocer –prácticamente–, como fuerza insurgente, al PDPR-EPR, a fin de congelar el conflicto y ganar el mayor tiempo posible, en la perspectiva de golpear y desarticular militarmente a dicha organización. El acuerdo explícitamente establecido entre nosotros en estos momentos es el de accionar militarmente frente a la captura y posible desaparición forzada de que pueda ser objeto cualquiera de nuestros militantes.”

Por último, se preguntó sobre los dichos de Felipe Martínez Soriano quien señaló que los atentados contra PEMEX fueron planeados por años y que un solo grupo no posee la logística para llevarlos a cabo (El Universal, 16 de julio de 2007); en tanto que para Edgardo Canseco, la propuesta del EPR fue una respuesta para “romper el cerco armado en su contra”, fundamentalmente por los anónimos que circularon con una presunta entrevista con uno de los desaparecidos (El Universal, 18 de mayo de 2008). Ante ello, respondieron:

“Que ambas consideraciones son producto de la desinformación. En el primer caso porque a pesar de los desprendimientos que vivió dicha organización, demostró capacidad para actuar, aunque de manera tardía e insuficiente. Y en el segundo caso, porque resulta insostenible pensar que una organización político-militar, con una estructura conspirativa, pueda encontrarse en un ‘cerco armado’, pues podrá estar cercada momentáneamente alguna célula, núcleo, concejo o comité de una organización, más no toda ella. Técnica, táctica y logísticamente varios grupos políticos-militares que existimos en México tenemos la capacidad militar para realizar atentados a la infraestructura económica del estado mexicano, así como golpearlos en otros aspectos. La realización o no de estas acciones dependen de la valoración, de las necesidades políticas, generales y particulares tanto de la lucha revolucionaria como de los proyectos político-militares que existimos.”

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Desde el año 2003 hasta noviembre de 2006, la CR –o parte de ella– era la única expresión (o conjunto de expresiones) de estas características que se mostraba activa militarmente. Ante las explosiones contra los ductos y la denuncia por los desaparecidos del EPR asumieron una tregua, la que hicieron conocer a través de comunicados públicos, y manifestaron su apoyo a doña Rosario Ibarra de Piedra como integrante de la Comisión de Mediación.

Debe anotarse, también, que la CR no esgrime un cuestionamiento profundo al EPR. Y no es un dato menor si se considera que se trata de una experiencia, la del eperrismo, que transitó la mayor parte de su existencia entre divisiones, recriminaciones mutuas y enfrentamientos. Las diferencias subsisten, sí, pero los tiempos parecen haber cambiado.

Investigador – Centro de Documentación de los Movimientos Armados

Ni derechos humanos ni visión de Estado

Editorial/ La Jornada.


La disolución de la comisión de mediación para el diálogo entre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el gobierno federal, anunciada ayer por sus integrantes ante lo que describieron como la falta de voluntad política de las autoridades, es un hecho preocupante por diversas razones. En lo inmediato, refiere la incapacidad gubernamental para asignarle a la preservación de la paz social la importancia y la prioridad que amerita. Cabe recordar que desde mayo de 2007 –hace casi dos años– se desconoce el paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ambos integrantes del EPR; que esa organización armada denunció que habían sido desaparecidos por efectivos gubernamentales y que en septiembre de ese año la guerrilla emprendió una serie de atentados contra ductos de Pemex para exigir la presentación de sus militantes.

Hace un año, el EPR anunció una tregua, demandó el establecimiento de un canal de comunicación con las autoridades federales para que éstas informaran de la suerte de los dos desaparecidos y propuso que, para el efecto, se estableciera una comisión integrada por Gilberto López y Rivas, Samuel Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Carlos Montemayor, Rosario Ibarra, Juan de Dios Hernández Monge y Enrique González Ruiz, los cuales aceptaron la gestión y realizaron, a lo largo de 12 meses, un esfuerzo sostenido por movilizar a instancias gubernamentales para atender este grave asunto.

El trabajo de los mediadores referidos impulsó, sin duda, la toma de posición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de febrero de este año, en la que esa entidad estableció, con la certeza jurídica suficiente, que Reyes Amaya y Cruz Sánchez fueron capturados en el marco de un operativo conjunto entre fuerzas militares y efectivos policiales federales, estatales y municipales de Oaxaca, que fueron trasladados a la Procuraduría General de Justicia de esa entidad entre el 24 y el 25 de mayo de 2007 y que desde entonces no se ha vuelto a saber de su paradero. Con base en esa información, la CNDH concluyó que había una responsabilidad del Estado en las desapariciones, emitió sendas recomendaciones al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont; al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y al edil de la capital oaxaqueña, José Antonio Hernández, pidiendo la presentación con vida de los dos eperristas, y resaltó que la Procuraduría General de la República (PGR) entorpeció, dilató (la investigación) y no se apegó a la verdad de los datos remitidos.

A la práctica inadmisible, criminal e indignante de la desaparición forzada se suma, pues, la falta de voluntad de las autoridades federales y estatales para investigar violaciones a los derechos humanos perpetradas por servidores públicos, y esa falta de voluntad terminó por hacer inviable la misión de los mediadores.

Por añadidura, la renuencia del gobierno a investigar, esclarecer e informar sobre un hecho repudiable, que no debería tener lugar en el México del siglo XXI, cancela en forma inexorable, en el corto y el mediano plazo, las posibilidades de desactivación, por medio del diálogo, del descontento social y político armado.

La disolución de la comisión civil de intermediación entre el gobierno federal y el EPR evidencia, en suma, los peligros que entrañan el manifiesto desinterés de la administración actual por poner un alto a las crecientes y cada vez más graves violaciones a los derechos humanos y su incapacidad para comprender los vínculos profundos y causales entre manejo económico antipopular y ejercicios antidemocráticos y abusivos del poder, por un lado y, por el otro, el auge de la delincuencia común y la presencia de movimientos insurreccionales alimentados por el vasto descontento social. Así pues, a su déficit originario de legitimidad, el gobierno en turno suma una preocupante carencia de visión de Estado.






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OAXACA DE JUAREZ, MAGON Y ZAPATA ,APPO 2011, http://todoelpoderalpueblo.blogspot.com