miércoles, 20 de febrero de 2008

MEXICO, DF

-LLAMA ROSARIO IBARRA A FRENAR LA LEY GESTAPO

-CUESTIONA PRD ALLANAMIENTOS SIN ORDEN DE AUTORIDAD

Llama Rosario Ibarra a frenar la ley Gestapo
Sólo faltan cuatro votos en contra, asegura
Protestan contra la reforma judicial integrantes de la APPO, el FNCR, la CND, la otra campaña y varios grupos
Jaime Avilés
“Todavía se puede frenar la reforma judicial”, aseguró anoche la senadora Rosario Ibarra de Piedra durante un mitin frente al Palacio Legislativo de San Lázaro, al que asistieron varios miles de personas para exigir que sea desechada la que se conoce también como ley Gestapo, que permitiría a la policía ingresar a un domicilio en cualquier momento y sin permiso escrito de un juez.
Faltan “sólo cuatro votos en contra”, expresó la legisladora perredista, dirigente del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), oradora central de un acto en el que participaron campesinos de Atenco, militantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), de la Convención Nacional Democrática (CND), de la otra campaña y de otras organizaciones.
Para sorpresa de los asistentes, doña Rosario explicó que todos los diputados del Frente Amplio Progresista (FAP), incluso los 44 del PRD que se habían manifestado inicialmente en favor del proyecto, decidieron rechazarlo en bloque y negocian con otras fuerzas políticas para impedir que la mayoría formada por PRI, PAN y PVEM reúna las dos terceras partes de votos que se necesitan para aprobar esa reforma constitucional.
Luego de subrayar que, ayer por la mañana, Amnistía Internacional (AI) envió una carta al Congreso de la Unión para solicitar que no se apruebe la reforma judicial, porque “es contraria a las disposiciones de la Convención de Ginebra”, ya que autoriza hasta por 80 días la incomunicación de los detenidos y propicia la tortura, entre otras violaciones graves a los derechos humanos, doña Rosario dijo que “el gobierno de Felipe Calderón debe emitir un decreto de amnistía general para todos los presos políticos del país”.
La menuda e incansable luchadora social regiomontana alertó que mañana, jueves, la Cámara de Diputados conocerá en primera lectura la minuta de reforma judicial que le envió el Senado, y que el pleno la votará el martes de la próxima semana.
“Todavía se puede frenar, compañeras y compañeros, pero debemos seguir movilizándonos y aumentar la presión para que los diputados entiendan que no pueden aprobar una ley que eleva la represión a rango constitucional”, abundó.
Edgar Sánchez, dirigente del PRT, explicó, en entrevista para La Jornada, cómo se están cocinando los acuerdos entre los partidos antes de la votación definitiva del martes venidero. Javier González Garza, coordinador del grupo parlamentario del PRD, “propondrá una moción suspensiva para que el proyecto no se vote, porque nunca fue discutido suficientemente en el seno de la sociedad”, dijo el antiguo colaborador de doña Rosario Ibarra.
En tanto, los diputados de PRD, PT y Convergencia, que integran el FAP, resolvieron votar en contra y “están en conversaciones con los del Partido Alternativa, de Patricia Mercado, por lo que, si éstos aceptan sumarse, faltarían sólo cuatro votos más, por supuesto en contra, para evitar que el PRIAN y el Verde reúnan la mayoría constitucional”, señaló.
Tampoco se descarta, agregó, que “de las filas del PRI pudieran surgir los votos en contra que faltan, porque en los sectores liberales de ese partido han hecho mella las críticas de juristas como Sergio García Ramírez, Diego Valadés y Raúl Carrancá y Rivas, que han expresado que esta reforma es un retroceso gravísimo, porque eleva a rango constitucional una serie de violaciones a los derechos humanos”.
Desde el templete en el que acababa de tomar la palabra doña Rosario, un orador anónimo leyó la posición oficial del FNCR; destacó que si la Cámara de Diputados y los congresos estatales aprueban la reforma judicial, “nadie podrá ampararse contra ella, y la última instancia que tendremos para derogarla sería la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Síntoma de la preocupación que la llamada ley Gestapo ha causado en todos los sectores y colores de la izquierda, fue la participación –tanto en la marcha que a las cinco de la tarde salió del Hemiciclo a Juárez como en el mitin frente a la mole de San Lázaro– de militantes de todas las fuerzas, desde los travestis adscritos a Brigada Callejera, que apoyan al subcomandante Marcos, hasta los de los círculos de estudio de Coapa, El Ajusco, Tlalpan, Ciudad Satélite y otros, que pertenecen a la CND.
Y entre ambos extremos, además de los campesinos de Atenco y de los indígenas de la APPO, había colonos de Zimapán, Hidalgo –que luchan contra la instalación de un depósito de residuos tóxicos en sus tierras–, el Partido de los Comunistas Mexicanos, la Alianza de Tranviarios, el Comité Eureka y familiares de presos políticos de Cintalapa, Chiapas, y de otros lugares del país.
Desde hoy, estas organizaciones intensificarán sus labores de propaganda para que el martes próximo, cuando la ley se discuta, haya un mitin más nutrido que el de ayer, que pasadas las siete de la noche se disolvió pacíficamente.

Cuestiona el PRD allanamientos sin orden de la autoridad
Inminente, la aprobación de la reforma judicial
Roberto Garduño y Ciro Pérez Silva
La aprobación de la reforma judicial es inminente, porque en las comisiones unidas de Justicia y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron la minuta con el voto en contra del Partido de la Revolución Democrática (PRD), razón por la cual prevalecerá la aplicación de allanamientos y cateos a domicilios, sin orden judicial.
Al realizarse la reunión, el PRD solicitó más tiempo para revisar el documento devuelto por el Senado, porque fue distribuido a discreción entre algunos legisladores de ambas comisiones. “¿Cómo podemos tener certeza, sin haber leído, de que en estas 26 cuartillas se expresa lo que se votó en la minuta? Lo que se deja ver es un trato distinto entre los que somos diputados de esta legislatura”, reclamó Andrés Lozano, coordinador de Seguridad y Procuración de Justicia del grupo perredista.
Enseguida, Aleida Alavez Ruiz, diputada del sol azteca, demandó que antes de que los integrantes de las comisiones votaran fueran distribuidas las cartas con observaciones que el alto comisionado de Naciones Unidas en México y Amnistía Internacional enviaron con respecto a la reforma judicial.
“Las cartas hacen alusión a cómo se trasgreden tratados internacionales y el artículo 133 constitucional con estas reformas. Yo no comparto esta percepción de los diputados de que (como) ya viene del Senado… nada más es de trámite, ya que es una violación a la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, expuso.
A esa posición se sumó Alfonso Suárez del Real, quien recordó que desde 1814 se prevé en México la inviolabilidad del domicilio particular, y “con la redacción del dictamen lo que se está facilitando es que quienes la ejecuten violen los derechos humanos, porque el problema es la policía, no confiamos en ella, y prueba de ello es que para la lucha contra el narcotráfico se utiliza al Ejército”.
La negativa perredista fue endurecida por Humberto Zazueta Aguilar, quien preguntó a los diputados priístas y panistas: “¿Vamos a dejar que decidan las policías –a las que se está desarmando hoy por el vínculo con el crimen organizado–, que sean ellas las que decidan cuando hay amenaza para entrar a las casas? Compañeros, están cometiendo un grave error, porque estamos dando marcha atrás a conquistas históricas de la sociedad en lo referente a las garantías individuales”.
Por el contrario, el coordinador del tricolor, Emilio Gamboa, consideró lacónica e infundada la visión perredista en torno a los allanamientos. “Hay jurisprudencia de la Suprema Corte, ya se hace; es una preocupación del PRD que respetamos, pero infundada. El jueves se le va a dar primera lectura y el martes ustedes estarán pendientes de lo que decida el pleno. Necesitamos dos terceras partes y si no se dan no vamos a lograrlo. Mi impresión es que la gran mayoría de los 500 diputados sí están de acuerdo con esta modificación al paquete de justicia”.
–¿Ya está la decisión tomada?
–Ya. El grupo parlamentario del PRI, en su gran mayoría, apoyará esta iniciativa que se convertirá en ley.
En ese tono, el presidente de la Comisión de Justicia, César Camacho, justificó legalmente el tema. “El allanamiento o el ingreso a domicilio sin autorización judicial, sólo se puede dar cuando haya peligro inminente o actual, es decir, que está por ocurrir o está ocurriendo, que afecte la vida de una persona o su integridad física, o tratándose de una persecución de un delito flagrante, es decir, una persecución que desemboca en el ingreso de una persona perseguida a un domicilio particular e ingresar allí. La idea en el fondo es evitar la pérdida de eficacia, que esos minutos preciados que van desde el momento en que se tiene ese conocimiento y que se actúa, se pueden, insisto, perder, y podría ser fatal esa pérdida”.
No obstante, Alejandro Chanona, coordinador de Convergencia, emitió un criterio distinto. “Ellos lo llaman ingreso a los domicilios sobre la base de que hay una amenaza inminente o determinada; es un absurdo. La subjetividad de quién va a determinar la amenaza implica que si alguien pasa por tu casa y tiene agravio contigo, y le dice a un policía que cree que adentro hay un delito (sic) porque hay tres personas asociadas, y porque además en la definición de Palermo dicen que la delincuencia organizada es la asociación delictiva de dos o tres individuos que se unen para un fin ilegal. En ese sentido, estoy muy preocupado con el tema de los derechos humanos; los datos duros nos dicen que la segunda y tercera causas de las quejas en derechos humanos emanan de allanamientos y cateos, y en particular de visitas domiciliarias ilegales; este asunto, en mi opinión, va a generar una espiral sin fondo de futuros agravios a la sociedad, porque ni las policías ni el Ministerio Público están preparados” para ello.

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OAXACA DE JUAREZ, MAGON Y ZAPATA ,APPO 2011, http://todoelpoderalpueblo.blogspot.com