¿"LA BURBUJA" GRUPO DENTRO DEL PROPIO SISTEMA POLITICO EN OAXACA?

-CON EL ASESINATO DE ALEJANDRO BARRITA....

-PIDEN NO CAZAR CHIVOS EXPIATORIOS POR EL ASESINATO DE BARRITA RUIZ

-HAY MAS CONTRADICCIONES QUE AVANCES EN LAS PESQUICIAS

-¿ LA BURBUJA?

-SUPUESTAS PINTAS DEL EPR

Con el asesinato de Alejandro Barrita, Ulises Ruiz tiene fuera de escena a todos los responsables de la represión en 2006 Oaxaca, Oax. enero de 2008. Con la ejecución la mañana de este miércoles de Alejandro Barrita, director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), Ulises Ruiz Ortiz, gobernador constitucional del estado de Oaxaca, tiene fuera de escena a la totalidad de los responsables de la represión del movimiento popular en 2006, que dio origen a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), organización que, en voz de César Mateos Benítez, ha apelado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para “que se aplique el estado de derecho, que se investiguen realmente los hechos ocurridos en 2006 y que se castigue a los responsables que arroje la investigación, nosotros estamos aportando las pruebas que creemos que serán suficientes para imputar a los responsables que señalamos”. Sólo que ninguno de los “señalados” ocupa ya algún cargo en el gobierno estatal. Jorge Franco Vargas, ex secretario general de gobierno, compite ahora por la presidencia del PRI (Partido Revolucionario Institucional) estatal; Lizbeth Caña Cadeza, quien estuvo al mando de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), calificando a la APPO de “guerrilla urbana” y responsabilizando a los asambleístas de la muerte de Brad Will, hizo mutis desde abril del año pasado. Por su parte, José Manuel Vera Salinas, ex secretario de Protección Ciudadana, hoy es director de Tránsito en Cancún; Manuel Moreno Rivas, el “kaibil 951”, ex titular de la Policía Ministerial de Oaxaca, también abandonó la escena, al igual que Margarito López Aragón, subdirector de la Policía Ministerial del Estado, retenido por los maestros durante la intentona de desalojo el 14 de junio de 2006. Con el asesinato de Alejandro Barrita, perpetrado en el parque El Tequio, en el municipio conurbado de Santa Cruz Xoxocotlán, en las primeras horas del día, Ulises Ruiz ha sacado de escena a los personajes señalados como responsables de la represión primero al magisterio y luego a los asambleístas, durante las jornadas del 2006, despejando el camino para que la comisión de la SCJN lleve a cabo las investigaciones sobre los sucesos ocurridos. “Sólo pedimos que los trabajos de la comisión se haga con imparcialidad, vamos a esperar los resultados de las investigaciones, para conocer si hay responsables y se proceda en consecuencia”, dijo Ulises Ruiz en su momento y prometió que “si hay responsables, se les castigará”. Sólo que los responsables ya no están. Uno de ellos, Alejandro Barrita, está muerto. ¿A quién beneficia la muerte de Barrita? ¿Quién pude cargar con el muerto? Hoy los noticieros locales iniciaron sus transmisiones informando sobe el asesinato del titular de la PABIC, Alejandro Barrita, quien cayó muerto a causa de los disparos de cuatro supuestos sicarios que habrían huido en un vehículo rojo con rumbo desconocido. Los rumores, reproducidos por la prensa local, no se hicieron esperar. Se afirmó que en el 060, el número telefónico de emergencias, se había recibido una llamada mediante la cual el Ejército Popular Revolucionario (EPR) se adjudicaba el hecho; se dijo también que en la colonia Alemán —situada a escasos minutos del lugar del atentado— un par de jóvenes, quizá anarquistas o barricaderos, fueron detenidos cuando informaban vía telefónica a alguien que Barrita “ya cayó” y que quedaban otros más. Incluso el oficialista El Tiempo, en su edición on line, informaba que “de acuerdo con versiones de algunos testigos en el momento del atentado, el crimen fue perpetrado por elementos de la policía ministerial, que usaban chalecos antibalas y que viajaban en una camioneta Dodge RAM de color rojo… Al subir a sus camionetas, el procurador Evencio Nicolás Martínez y el secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segreste Ríos, sumamente preocupados salieron del lugar del crimen por una vía alterna y se negaron a hacer declaraciones”. Y remataba: “en la edición de ayer, un diario estatal de manera inusual arremetió en contra del desempeño de Barrita Ortiz, en una columna publicada en la sección policiaca”. Un día antes del asesinato, también en la nota roja, se daba cuenta de un suceso “inusual”: el dueño de un restaurante cercano al lugar de los hechos, que había sido herido en su local, escapó en su coche en dicho estado y se estrelló en San Bartolo Coyotepec; es decir que pasó por una clínica en San Agustín, por las oficinas de la policía estatal ubicadas en Santa María Coyotepec y no se detuvo a pedir ayuda. Al igual que hoy, los presuntos testigos se negaron a dar su versión por temor a represalias, de acuerdo con la prensa local. Con desesperación, a través de rumores, se buscaba adjudicar a quien se pudiera la autoría del asesinato de Alejandro Barrita. Ninguno apuntaba como beneficiario inmediato a Ulises Ruiz. Voceros de la APPO, quienes habían señalado directamente a Alejandro Barrita como responsable de levantones, detenciones y torturas, salieron de inmediato a deslindarse de los hechos. Así, Marcelino Coache, quien indicó en una ocasión anterior que el propio Barrita lo había agredido por dos ocasiones, llamó a conferencia de prensa para deslindarse del atentado, junto con Florentino López, del FPR (Frente Popular Revolucionario), quien en diciembre del 2006 denunció que fue secuestrado, junto con Otalo Padilla y Pedro García, de la misma organización, por un comando liderado por Barrita. Los rumores apuntaban, pues, a culpar a cualquiera de las fracciones de la APPO: a los “radicales” metiendo al EPR; a los anarquistas al mencionar a los dos jóvenes presuntamente detenidos y a las organizaciones alineadas con el FPR al ser éstos los que habían señalado de manera reiterada a Alejandro Barrita. También se llegó a mencionar un presunto ajuste de cuentas al interior de las corporaciones policíacas. “Son borregazos”, dice uno de los analistas consultados. “El primer beneficiado es Ulises Ruiz; la relación inmediata y ‘natural’ con la APPO es tan obvia que pierde credibilidad y la participación del crimen organizado en el asesinato carece de sustento porque la PABIC es, sobre todo, una policía política, el narco nada tiene que ver con esto”. “La pregunta que hay que hacerse es ¿a quién beneficia la muerte de Barrita?” Mientras, las autoridades han llamado a “no especular”, sino a “esperar” datos que lleven a la captura de los asesinos “sin descartar”, dijeron, ninguna línea de investigación. Por la noche la capital oaxaqueña fue tomada por los cuerpos represivos —incluido el ejército— que patrullan la ciudad, han puesto retenes en diversos puntos y realizan redadas en los bares de la capital para “combatir” al crimen organizado. Durante el atentado también perdieron la vida la Premio Estatal del Deporte 2003, Vicky Galán Rodríguez y dos de los escoltas del represor. Con información de EM y A. Piden no cazar chivos expiatorios por el asesinato de Barrita Ruiz ________________________________________ JUCHITÁN, Oax., enero 31 (EL UNIVERSAL).-Nadín Reyes Maldonado expresó su angustia y preocupación por un eventual hostigamiento en contra de inocentes y de su familia, tras la ejecución del jefe policiaco Alejandro Barrita Ruiz. "Espero que las autoridades estatales y federales investiguen a fondo el caso para que se esclarezca y no culpen a inocentes, porque ha habido mucha especulación desde que ocurrieron esos lamentables hechos", dijo. La hija de Edmundo Reyes Amaya, cuya presentación reclama desde mayo del año pasado el Ejército Popular Revolucionario (EPR), admitió que las especulaciones en torno al asesinato de Barrita Ortiz, le causan tensión. Barrita Ortiz fue vinculado como uno de los jefes policiacos que habrían participado en el secuestro y desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, el 25 de mayo del 2007 en la capital oaxaqueña. Ambos desaparecidos son reclamados desde esa fecha como integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), una organización armada que ha dinamitado ductos petroleros para pedir su presentación. "La situación es muy preocupante porque se especula que fue ejecutado por un comando de ese grupo armado (el EPR). Yo creo que la Procuraduría General de la República (PGR y el gobierno de Oaxaca deben ir al fondo", abundó. Reyes Maldonado, quien recientemente regresó de Europa donde denunció la desaparición de su padre, expresó su inquietud porque vinculen a su familia o a personas inocentes con el asesinato del Barrita Ortiz, ejecutado el miércoles en Oaxaca. Si fue o no el grupo armado, si fue el crimen organizado, es responsabilidad de las autoridades que investiguen a fondo. "Yo creo que por ahora ni el gobierno sabe qué líneas de investigación seguirá", apuntó. En diversos medios de la capital oaxaqueña se maneja que la emboscada que sufrió Barrita Ortiz, donde murieron tres personas más, pudo haber sido perpetrada por el EPR. El fallecido director de la Policía Auxiliar Bancaria Industrial y Comercial (Pabic), había sido señalado anteriormente por dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), como responsable de detenciones ilegales. "Vamos a esperar que las autoridades agoten las investigaciones, lo preocupante es que este caso no provoque nuevos hostigamientos hacia personas inocentes o hacia mi familia", precisó Nadín Reyes Maldonado. Reyes Maldonado, quien se encuentra nuevamente en la capital del estado, consideró además como "extraña" la ejecución de Barrita López, sobre todo después que se le vinculó con la desaparición de su padre. "Claro que toda esta situación nos preocupa y no lleva a la tensión ya que puede haber hostigamientos, pero no por eso dejaré de hacer las tareas que me corresponden, aunque sí estaremos más pendientes", añadió. A su regreso de Europa, Nadín Reyes Maldonado retomó el contacto con los familiares de otras personas que han desaparecido "por razones políticas". Hay más contradicciones que avances en pesquisas FRANCISCO RAMÍREZ ________________________________________ Mientras por un lado el gobernador Ulises Ernesto Ruiz Ortiz oficializó la detención de dos personas como avance de las investigaciones sobre el homicidio múltiple perpetrado en el bosque El Tequio, el director de la Policía Ministerial, Daniel Camarena Flores contradecía la afirmación: "No hay detenidos, hay un solo presentado y no tenemos líneas de investigación". Mientras el gobernante esgrimía las preguntas de los reporteros, en cuestión de minutos el director de la policía Ministerial, Daniel Camarena Flores se daba a la tarea de desmentir lo dicho por el mandatario, indicando: "No tenemos detenidos, solo hay una persona presentada que ya se investiga". De igual manera se guardó "para si" todo comentario hecho en sobre las investigaciones "es información privilegiada", repetía una y otra vez. "En caso de tener alguna información, se los reitero con respeto, es clasificada... Es parte de una investigación y por tanto mantendremos la secrecía, vamos esperar el resultado de las investigaciones" Finalmente Camarena Flores puntualizó: "Sí el gobernador así lo dijo, no lo escuche, si los hubo (...) No podemos detener a nadie por el delito de sospecha, se presentan ante el ministerio público y es quien los libera, no los soltó la policía ministerial (...) No hay detenidos, hay un presentado, concluyó “Ya quebraron a Barrita y faltan dos”: Alfredo Martínez de Aguilar Oaxaca de Juárez.- Detrás de la Noticia. El destino nos alcanzó. La violencia del narco o de la guerrilla o bien, de la narcoguerrilla, llegó a la capital oaxaqueña. La violencia llegó para quedarse, salvo que intervenga el Ejército como en las principales ciudades de los estados del norte. No se trata de alarmar a las hipócritas buenas conciencias de doble moral de la vallistocracia ni mucho menos ser agorero del desastre, sino por el contrario, totalmente realista. Ante los hechos no hay palabras. “Quebraron” al Teniente Barrita. El ajuste de cuentas con “levantones” y extorsiones entre mañosos de la delincuencia común, del crimen organizado o del narcotráfico, tan boyante en Oaxaca -como lo declaró Camarena-, pasó, ahora, a la ejecución de algunos jefes policiacos. Entre las víctimas de los “levantones” hay verdaderas sorpresas, como en el caso presuntamente de la propietaria de la Dulcería “La Colmena”. Otros casos parecieran confirmar el origen de cuantiosas fortunas explicables por el lavado. “Faltan dos”. Es la sentencia de los asesinos del director de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial en llamada telefónica a la PABIC. La pregunta obligada es: ¿Qué jefe policiaco será ejecutado, después de Alejandro Barrita? ¿La siguiente víctima será el director general de Seguridad Pública, Capitán Pedro Ismael Díaz Laredo, o el Mayor Daniel Camarena Flores, director de la Policía Ministerial? ¿Manuel Moreno Rivas, Aristeo López Martínez o José Manuel Vera? ¿O alguien de mayor jerarquía? ¿El Procurador General de Justicia, Evencio Martínez Ramírez, el secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segreste Ríos, o el ex titular de esa dependencia, Lino Celaya Luría? ¡Que respondan los sicarios! Y que nadie se escandalice ni mucho menos rasgue farisaicamente las vestiduras porque no se trata de desearle la muerte a nadie, sino simple y sencillamente de contribuir a desvelar los posibles móviles del asesinato del Teniente Barrita Ortiz. En torno a la ejecución surgen muchas preguntas: ¿Por qué mataron, primero, a Barrita? ¿Qué secretos de Estado sabía sobre la escandalosa corrupción en la PABIC durante el sexenio muratista o sobre la represión social en el gobierno ulisista? No hay que olvidar que la Hermandad Policiaca formada por la triada del pasado reciente convirtió a la PABIC en una de las cajas grandes del gobierno de José Murat al igual que el IEEPO, la SETRAN y el propio Congreso del Estado. La hipótesis de que los asesinos sean integrantes de un comando de ajusticiamiento del Ejército Popular Revolucionario (EPR), como una de las tres principales líneas de investigación, pareciera fortalecerse con diversos elementos de juicio. ¿Fue Alejandro Barrita el autor de la detención y desaparición de los dos militantes del EPR, Raymundo Rivera Bravo y/o Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y Edmundo Reyes Amaya y/o Andrés Reyes Amaya, ocurrido el 25 de mayo de 2007? Asimismo, se responsabiliza a Barrita de los "levantones" a activistas del EPR infiltrados en la APPO, particularmente estudiantes universitarios y maestros, durante el conflicto político-social del 2006 y su secuela en el 2007 y 2008. Si realmente los asesinos del director de la PABIC fueron integrantes de un comando de ajusticiamiento del Ejército Popular Revolucionario muy pronto será reivindicado y, además, lo confirmarán las próximas ejecuciones ya anunciadas. Estas y otras preguntas obligadas, jamás tendrán respuesta porque los muertos no hablan. De ahí la importancia de que, además del narco y el EPR, se siga la línea de investigación del “fuego amigo”, abierta tras el asesinato de Barrita. Reportes de inteligencia tienen documentados con suficientes elementos objetivos las acciones del “fuego amigo” entre “La Burbuja” y los diversos grupos políticos que actúan al interior del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz en busca de la gubernatura. ¿Será el principio del fin que representará, finalmente, el inminente choque de trenes entre los principales aspirantes de “La Burbuja” a la gubernatura, cuyos nombres son de sobra conocidos por los oaxaqueños medianamente informados? Sin desearle la muerte a nadie, porque los deseos negativos se revierten, como reflexión final es obligado preguntar: Por qué en la guerra de baja intensidad que se vive en Oaxaca no ha sido muerto ningún político. ¿Serán los titiriteros? Desde estas líneas sumamos nuestra condena al clamor del pueblo oaxaqueño contra la violencia provenga del crimen organizado, del narcotráfico, del EPR o de la violencia institucionalizada por el gobierno. ¡Que investigue la PGR! Fragmento de : ADN Sureste Aparecen presuntas pintas del EPR en la capital oaxaqueña (24:00 hrs) por Sofía VALDIVIA/Rebeca ROMERO on Enero 31,2008 Oaxaca de Juárez.- Este jueves en un operativo que realizaban elementos de diversas corporaciones policíacas encontraron unas pintas de color negro que presuntamente fueron realizadas por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) con la siguiente leyenda: el epr no perdona barrita la tierra cuesta. Aunque esa organización armada no ha emitido ningún comunicado, ni aparece nada en la página de la CEDEMA, esta tarde aparecieron estas leyendas por la avenida universidad frente a la facultad de enfermería de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Por la mañana el gobernador Ulises Ruiz Ortiz descartó que el atentado en donde perdió la vida el titular de la Policía Auxiliar Bancaria e Industrial de Oaxaca (PABIC) Alejandro Barrita tuviera vinculación alguna con el autodenominado Ejército Popular Revolucionario (EPR) y que más bien se trata del crimen organizado. --¿Gobernador de las amenazas del EPR de los dos desaparecidos? --No creo que tenga que ver con este asunto, no creo que tenga que ver, vamos a esperar las investigaciones en este asunto, por el tipo de atentado tiene mucho que ver con la delincuencia organizada. Desaparecen presuntas pintas del EPR Oaxaca de Juárez.- Las presuntas pintas del Ejército Popular Revolucionario (EPR) fueron borradas por supuestos policías en la noche del jueves 31 de enero. Las leyendas fueron pintadas con color rojo, esta es la imagen actual. .