INCUMPLIMIENTO DE BURRISES A LAS RECOMENDACIONES

INCUMPLE GOBIERNO DEL ESTADO CON LAS RECOMENDACIONES DE LA CNDH

COMUNICADO DEL COMITE DE LIBERACION 25 DE NOVIEMBRE

INCUMPLE GOBIERNO DEL ESTADO CON LAS RECOMENDACIONES DE LA CNDH Pedro Matías. El comité de liberación 25 de Noviembre considero que el “Modulo de atención medica y psicológica para las personas violentadas en sus derechos humanos”, es “una estrategia mas de terrorismo de estado, al poner a la victima frente a su agresor, es una terapia de poder” puntualizaron los directivos de ese organismo. Por lo tanto, mencionaron que lejos de cumplir con la recomendación de la CNDH para restablecer el estado de garantías individuales, enmascara una política desinteresada en sanar de fondo las verdaderas causas que deterioran el tejido social. Por ello exigieron al estado el cumplimiento irrestricto de las recomendaciones y señalamientos que tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como los distintos Organismos Internacionales han emitido en sus visitas para atestiguar las violaciones cometidas en el actual conflicto Oaxaqueño. Así mismo, el Comité 25 de Noviembre que preside el pintor juchiteco Francisco Toledo, expreso su indignación por la postura sumida por el gobierno estatal porque” continúa violentando con sus estrategias equivocadas a la comunidad y sus principales afectados. Luego que el pasado 30 de Enero fue ignaurado el Modulo de atención medica y psicológica para personas violentadas en sus derechos humanos con el que, segunda subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno del estado, Rosario Villalobos Rueda, se cumple con el punto cinco de la recomendación de la CNDH, los integrantes del Comité le aclararon que “el Estado debe reconocer que el daño no es solo psicológico y físico, es material y moral, comunitario, económico, legal, social, e histórico”. Insistieron en que si de verdad quiere cumplir con la recomendación de la CNDH, es primordial agilice las investigaciones que están bajo su responsabilidad para tener una justicia pronta y expedita, garantice el derecho a la verdad y a una justicia que restituya la dignidad de las personas afectadas en sus derechos fundamentales. De igual forma, demandaron “respeto al debido proceso, la imparcialidad de la justicia y la observancia de cada una de las instancias estatales involucradas en la reivindicación de instituciones que en el marco legal protejan a la ciudadanía y no con la premisa de que todos somos delincuentes hasta que no se compruebe nuestra inocencia”. Recordaron que los sobrevivientes de la represión en Oaxaca son miles de personas que han visto sus vidas alteradas después del 14 de junio de 2006. Hablamos de los torturados, detenidos y detenidas, presos/as, expresos/as, lesionados por agentes del estado y grupos paramilitares. A ellos hay que sumarles los que sufrieron daños materiales( principalmente vehículos y casas), de quienes fueron violentados en su derecho a la libertad de expresión y a la libre manifestación de las ideas. “Durante el prologado conflicto social que llega a la actualidad somos testigos de la afectación que vive la sociedad en su conjunto en distintos aspectos de su vida, la cual requiere de un acompañamiento integral que pueda sanar al menos una parte del tejido social destruido”, añadieron. Hicieron hincapié en que la violencia desatada por el estado en Oaxaca ha llevado a muchas personas a desplazarse fuera del estado, incluso del país, en situaciones de exilio “ de facto” con la afectación drástica en sus vidas diarias y laborales. Así mismo externaron su preocupación porque aun existen situaciones de duelo ante la perdida de familiares que las viudas y huérfanos continúan resolviendo de manera limitada sus pesadumbres, que no lograran sanar en 6 meses de vida que el mencionado Modulo tendrá, con ello se muestra el desconocimiento y la falta de sensibilidad de las autoridades frente al dolor de los sobrevivientes. Entonces “la manga propuesta carece de noción respecto a la temporalidad que enfrenta la comunidad en situación de angustia, incertidumbre y miedo ocasionados en victimas directas e indirectas de la represión en Oaxaca, y que persiste ante los diversos actos de intimidación que los cuerpos policíacos continúan cometiendo contra sectores, colonias o poblaciones que participaron activamente en el movimiento social de 2006 o contra aquellos que expresan su diferencia ideológica y de pensamiento”. Desaprobaron que “el personal que atienda a los afectados pertenezca a las instancias de gobierno estatal ya que enfrenta un señalamiento publico de responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos”. Finalmente señalaron que “ el gobierno del estado de Oaxaca sigue manejando su doble discurso intentando hacer creer que cumple con las recomendaciones de la CNDH, soslayando que los mas importante para las victimas, los sobrevivientes y la sociedad es que se conozca la verdad, la reparación del daño, que en el caso de los asesinados es imposible”. Lo mas lamentable es que “ hasta el momento ningún gobierno: federal o estatal han mostrado voluntad política ni jurídica para cumplir las recomendaciones de la CNDH, ni de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), con todo y que los funcionarios del gobierno ulisista así lo proclamen”. En su informe especial la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los hechos sucedidos en la ciudad de Oaxaca a partir del 2 de Junio y hasta el 31 de Enero de 2007, recomendó al gobernador de Oaxaca. 1.-Tomar las medidas necesarias para establecer los mecanismos para la atención medica y psicológica de los agraviados de las violaciones a sus Derechos Humanos a la integridad y seguridad personal. 2.-Proceder a realizar los tramites para indemnizar de los daños y perjuicios causados a los agravios por la violación de sus derechos humanos a la integridad personal, a la propiedad y posesión, por ataques a la propiedad privada, y ala legalidad y seguridad jurídica por la falta de motivación jurídica en el actuar. COMITÉ DE LIBERACIÓN 25 DE NOVIEMBRE martes, 05 de febrero de 2008 UNA ESTRATEGIA MÁS DEL TERRORISMO DE ESTADO: LA VÍCTIMA FRENTE A SU AGRESOR TERAPIA DE PODER Los sobrevivientes de la represión en Oaxaca son miles de personas que han visto sus vidas alteradas después del 14 de junio de 2006. Hablamos de los torturados, detenidos y detenidas, presos/as, expresos/as, lesionados por agentes del estado y grupos paramilitares, así como de aquellos que sufrieron daños materiales (principalmente vehículos y casas), de quienes fueron violentados en su derecho a la libertad de expresión y a la libre manifestación de las ideas. Durante el prolongado conflicto social que llega a la actualidad somos testigos de la afectación que vive la sociedad en su conjunto en distintos aspectos de su vida, la cual requiere de un acompañamiento integral que pueda sanar al menos una parte del tejido social destruido. En este escenario todavía inconcluso de dolores y atropellos, cuando la Subsecretaria de Derechos Humanos, Rosario Villalobos, afirma categóricamente que se cumple el punto cinco de la recomendación de la CNDH, con la creación del Módulo de atención médica y psicológica para personas violentadas en sus derechos humanos, que operará durante seis meses, está desconociendo que el daño psicosocial y psicológico es profundo, que ha afectado el proyecto de vida individual, familiar y comunitario de miles de personas a partir del 14 de junio de 2006, que la violencia desatada en Oaxaca por el Estado ha llevado a muchas personas a desplazarse fuera del estado, incluso del país, en situaciones de exilio “de facto” con la afectación drástica en sus vidas diarias y laborales. El Comité advierte que la instalación de este módulo más que el cumplimiento de una recomendación dada para restablecer el estado de garantías individuales enmascara una política desinteresada en sanar de fondo las verdaderas causas que deterioran el tejido social. Por lo que expresamos nuestra indignación severa frente a la institución estatal que continúa violentando con estrategias equivocadas a la comunidad y sus principales afectados. Nos preocupa sobremanera que aún existen situaciones de duelo ante la pérdida de familiares que las viudas y huérfanos continúan resolviendo de manera limitada sus pesadumbres, que no lograrán sanar en 6 meses de vida que el mencionado Módulo tendrá, con ello se muestra el desconocimiento y la falta de sensibilidad de las autoridades frente al dolor de los sobrevivientes. La magna propuesta carece noción respecto de la temporalidad que enfrenta la comunidad en situación de angustia, incertidumbre y miedo ocasionados en víctimas directas e indirectas de la represión en Oaxaca, y que persiste ante los diversos actos de intimidación que los cuerpos policíacos continúan cometiendo contra sectores, colonias o poblaciones que participaron activamente en el movimiento social de 2006 o contra aquellos que expresan su diferencia ideológica y de pensamiento. Las medidas de reparación psicosocial, ante el daño provocado por la violencia política y graves violaciones a los derechos humanos requieren de un trabajo conjunto con las víctimas para que respondan a sus necesidades. La gran responsabilidad de atender y acompañar médica y psicológicamente a quienes han sido violentadas en sus derechos humanos o han perdido a sus seres cercanos se debe propiciar en un clima de confianza que procure un ambiente donde la víctima o sobreviviente se sienta seguro y no vulnerable, ya que después de la experiencia traumática se desarrollan mecanismos de defensa donde podrían exponerse a ser revictimizados. Por ello desaprobamos que el personal que atienda a los afectados pertenezca a las instancias de gobierno estatal ya que enfrenta un señalamiento público de responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos, y nos parece una agresión más que el estado pretenda sentar en un módulo de atención psicológica al agresor y al agredido. En este sentido las recomendaciones vertidas por la CCIODH en su informe 2007 destaca la importancia de contar con un programa de acompañamiento terapéutico especializado en coordinación con organizaciones civiles. Nos parece que el gobierno del Estado de Oaxaca sigue manejando su doble discurso intentando hacer creer que cumple con las recomendaciones de la CNDH, soslayando que lo más importante para las víctimas, los sobrevivientes y la sociedad es que se conozca la verdad, la reparación del daño, que en el caso de los asesinados es imposible, sin embargo, saber la verdad y tener avances de las investigaciones de parte de las autoridades competentes puede ser parte de la mitigacion del daño ocasionado, llegar a la verdad implica ubicar a los afectados, a los responsables de violentar los derechos humanos en su contexto histórico, y reconocer la responsabilidad del Estado, mediante el esclarecimiento de lo acontecido. No puede haber justicia sin verdad, los daños no se limitan a los producidos como consecuencia de las violaciones de derechos humanos, sino que la falta de investigación y sanción de los hechos perpetúan y generan nuevos daños psicosociales derivados de la impunidad debido a la falta de respuesta de las instituciones y a la obstrucción de la justicia que emana de las propias instancias de impartirla; las víctimas se vuelven los principales sospechosos y se les atribuye la responsabilidad de lo sucedido violentando su derecho a la presunción de inocencia, con lo cual se construye un escenario de exclusión para la víctima y su familia al impedirle exigir justicia y peor aún acusándolo de ser un delincuente para enmascarar la pretendida eficacia de un sistema institucional que deja en indefensión a cualquier ciudadano y ciudadana. Hasta el momento ningún gobierno: federal o estatal han mostrado voluntad política ni jurídica para cumplir las recomendaciones de la CNDH, ni de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), con todo y que los funcionarios del gobierno Ulisista así lo proclamen, entre ellos, el Lic. Manuel García Corpus, Secretario de Gobierno. Para ilustrar lo dicho, prueba de la arbitrariedad de las instituciones es la consigna de mantener en prisión a seis personas vinculadas a la APPO, uno de ellos menor de edad al que le fabricaron el delito de homicidio. Es relevante mencionar que al menos 46 personas que fueron aprehendidas y señaladas como responsables de distintos delitos actualmente se encuentran en libertad absoluta, con ello se comprueba que simpatizantes, dirigentes, integrantes y no simpatizantes o participantes fueron detenidos arbitrariamente para criminalizar al movimiento, acusándolos de delitos que ni siquiera fueron comprobados, mucho menos la culpabilidad supuesta de que los hubieran cometido, y consta en los amparos ganados en la vía jurídica que deja prueba legal e irrebatible. Todos ellos, presos actualmente, a quienes sistemáticamente se les han violentado sus derechos humanos, como son: el acceso a la justicia y al debido proceso enfrentan actualmente la consigna de un estado que no admite equivocaciones ni jurídicas ni morales y que a costa de la integridad y derechos de sus ciudadanos y ciudadanas se sostiene en una contradictoria acción que lejos de servir a la comunidad la somete y reprime. En su Informe Especial la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los hechos sucedidos en la Ciudad de Oaxaca a partir del 2 de junio y hasta el 31 de enero de 2007, la CNDH documenta violaciones a los derechos de libertad, de propiedad, integridad y seguridad personal, así como a la legalidad, seguridad jurídica y el derecho a la vida. Dicho Informe reconoce las amenazas, persecución, agresiones físicas y actos de intimidación contra comunicadores, medios de comunicación local, nacional e internacional, como el asesinato de Bradley R. Will., comunicador del medio electrónico Indy Media. El Informe acepta que hubo violaciones en contra de miembros de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos. Reconoce el uso de la fuerza pública indiscriminada y desproporcionadamente contra la población civil y la violación del derecho a la seguridad de los habitantes de la ciudad de Oaxaca. Lo recomendado por la CNDH es mucho más amplio, en un intento por impedir la impunidad que Oaxaca ha venido padeciendo alarmantemente desde el 14 de junio de 2006. Dicha instancia recomendó en lo específico: Al Gobernador del estado de Oaxaca: 1.- Tomar las medidas necesarias para establecer los mecanismos para la atención médica y psicológica de los agraviados de las violaciones a sus Derechos Humanos a la integridad y seguridad personal. 2.- Proceder a realizar los trámites para indemnizar de los daños y perjuicios causados a los agraviados por la violación de sus Derechos Humanos a la integridad y seguridad personal, a la propiedad y posesión, por ataques a la propiedad privada, y a la legalidad y seguridad jurídica por una falta de motivación jurídica en el actuar. El Estado debe reconocer que el daño no es sólo psicológico y físico, es material y moral, comunitario, económico, legal, social e histórico; en las actuales circunstancias es primordial que el estado dé muestras de real interés en la reparación del daño al darle agilidad a las investigaciones que están bajo su responsabilidad para tener una justicia pronta y expedita así como de garantizar en el orden judicial las medidas de no repetición, garantizando el derecho a la verdad y a una justicia que restituya la dignidad de las personas afectadas en sus derechos fundamentales, así como el respeto al debido proceso y la imparcialidad de la justicia y la observancia de cada una de las instancias estatales involucradas en la reivindicación de instituciones que en el marco legal protejan al ciudadano y ciudadana y no con la premisa de que todos somos delincuentes hasta que no se compruebe nuestra inocencia. Finalmente, el Comité de Liberación 25 de Noviembre exige al estado el cumplimiento irrestricto de las recomendaciones y señalamientos que tanto la CNDH como los distintos Organismos Internacionales han emitido en sus visitas para atestiguar las violaciones a los derechos humanos en el actual conflicto oaxaqueño. “COMITÉ DE LIBERACIÓN 25 DE NOVIEMBRE”