CONTINUA HOSTIGAMIENTO A BASES ZAPATISTAS

-El gobierno de Chiapas "criminaliza" la protesta social, denuncia el CDHFBC
-Patrullaje militar en paraje turístico de Agua Clara cuidado por bases zapatistas

Lleva a cabo campaña mediática como estrategia contra los derechos humanos, asegura El gobierno de Chiapas criminaliza la protesta social, denuncia el CDHFBC Afirma que utiliza la liberación de un indígena tzeltal para hacer creer que respeta a las JBG Hermann Bellinghausen Enviado San Cristóbal de las Casas, Chis., 23 de junio. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) acusó hoy al gobierno de Chiapas de tergiversar información sobre conflictos sociales, practicar la censura de los medios de comunicación y establecer campañas mediáticas como estrategia contra los derechos humanos. En particular, consideró la detención en abril, y la posterior liberación de Miguel Vázquez Moreno, base de apoyo del EZLN, como una acción mediática dentro de la operación de control territorial del gobierno en la región de Agua Azul, con informaciones falsas e intentando una suerte de celada publicitaria a la junta de buen gobierno (JBG) del caracol zapatista de Morelia. El 14 de mayo, Vázquez Moreno abandonó el penal de El Amate. Era uno de los tzeltales “detenidos y criminalizados por la acción de resistencia al proyecto de inversión del gobierno sobre el territorio indígena de la región por parte de los ejidatarios de San Sebastián Bachajón, adherentes a la otra campaña”, explica el CDHFBC. El comerciante zapatista había sido aprehendido, torturado, arraigado y encarcelado en abril junto con siete ejidatarios de la otra campaña, y exhibido como delincuente desde el primer momento, sin pruebas. Los otros, al no ser bases zapatistas, permanecen en prisión. Sin notificar a sus defensores, Vázquez Moreno fue trasladado a Tuxtla Gutiérrez y posteriormente al crucero Agua Azul, hasta la puerta de su casa. Pero no de un tirón, como se hizo creer entonces en la información gubernamental. El gobierno de Juan Sabines Guerrero está operando una campaña de desinformación y criminalización de la protesta social, usando el erario para realizar inserciones en prensa donde afirmó que el 15 de mayo Vázquez Moreno fue entregado en la sede de la JBG de Morelia. Inquirida por el CDHFBC, la junta negó enérgicamente esa versión. Según el pronunciamiento, “la intención del gobierno del estado era establecer un diálogo con las autoridades autónomas y ‘tomarse la foto’, (para) mediatizar el supuesto respeto a las JBG y los derechos humanos. La operación falló”. Desde el 8 de mayo, la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Noé Castañón León, utilizó a Julio Toledo, presidente de la ARIC-Unión de Uniones, como su emisario ante la JBG, con la instrucción de convencer a sus miembros de acudir a Ocosingo “a platicar porque ‘les iba a ayudar a liberar a los presos’, pero omitiendo que miembros de la secretaría los esperarían en un espacio pactado con el emisario”. Pese a la treta fallida, la secretaría de Gobierno insistió en tomar la foto de la liberación para mediatizarla, y el indígena fue trasladado a su casa por los licenciados José Manuel Morales, delegado de Gobierno en Ocosingo; Marco Antonio Ruiz y Rigoberto Fino Nájera, quienes lo fotografiaron con su familia para la prensa local. Miguel había sido detenido el 18 de abril por Rigoberto Urbina Zenteno y Sergio Luis Alfallo Pérez, elementos de la Policía Estatal de Caminos. La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada (FECDO) determinó su legal detención y tramitó su arraigo a partir del dicho de los propios policías aprehensores, presuntamente asaltados por el indígena. El ahora liberado testimonió en su momento: me esposaron, me subieron en su carro y me llevaron directo a Tuxtla Gutiérrez; dos días después me vendaron mi ojo y todo mi cuerpo sin moverme y fui obligado a firmar un papel y si no lo firmo, que me van a matar y me van a arrojar al río y pregunté si puedo leer el papel y me dijeron que no. El CDHFBC sostiene que Vázquez Moreno “fue detenido de manera ilegal, torturado y privado de su libertad bajo falsas acusaciones, de la misma manera que los siete adherentes de la otra campaña, todo esto dentro de la FECDO”. Repetidamente, el centro ha documentado cómo en esta fiscalía “se dan actos violatorios de derechos humanos de manera sistemática, a partir de la figura de ‘arraigo’”. Ejidatarios oficialistas intentaron impedir el paso a caravana de apoyo a indígenas Patrullaje militar en paraje turístico de Agua Clara cuidado por bases zapatistas En 2008 la JBG de Morelia retomó las instalaciones que los priístas habían convertido en hotel de paso Hermann Bellinghausen Enviado Agua Clara, Chis., 25 de junio. El pasado lunes, decenas de ejidatarios oficialistas intentaron impedir el paso a la caravana civil nacional e internacional que llegó aquí para solidarizarse con las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que mantienen una guardia en este paraje ribereño, en defensa del proyecto alternativo de turismo que estableció el gobierno autónomo zapatista en octubre pasado. Tanto la caravana como los indígenas enviados por la junta de buen gobierno (JBG) de Morelia para acompañarlos decidieron evitar la inesperada confrontación y apelaron a las autoridades de la región autónoma San José en Rebeldía, a la que pertenece Agua Clara. Los representantes priístas se trasladaron a Tuxtla Gutiérrez para asesorarse con el gobierno estatal. Herminio, ejidatario del lugar y responsable del plantón, relata que horas más tarde la caravana entró al balneario acompañada por bases de apoyo zapatistas que impidieron una eventual agresión. Desde entonces, un carro del gobierno está pasando a preguntar a los priístas sobre nosotros, pero no se han atrevido a entrar. Es un episodio más de las tensiones en la zona, donde en abril se desató un operativo policiaco para desalojar a ejidatarios de la otra campaña. A la fecha, la Policía Estatal Preventiva mantiene presencia masiva. Hoy, tropas del Ejército federal han realizado inusuales patrullajes. Pasaron como nueve veces; van y vienen, dice Herminio. Ubicado en el tramo carretero entre el crucero de Agua Azul y Palenque, el balneario está a orillas del río Xumuljá, el cual nace de la unión de los ríos Pashilá y Agua Azul, que atraviesan el municipio de Chilón hasta aquí, ya en Salto de Agua, pero contiguo al atribulado ejido San Sebastián Bachajón, el de los siete campesinos de la otra campaña encarcelados en abril bajo cargos de asaltantes de caminos. Se trata de un balneario más modesto y menos concurrido que Agua Azul. Antes formaba parte del rancho Agua Clara, propiedad del ingeniero Flavio Coutiño. Los índígenas que vivían dentro o en las inmediaciones de la finca la ocuparon después del levantamiento del EZLN, en 1994, aunque como sucedió en muchos casos, no se asumían como zapatistas. Hacia 1996, un organismo civil –con respaldo gubernamental– impulsó la construcción de un hotel para los paseantes en el ahora ejido Agua Clara. Herminio aprendió a ser chef y se encargó de la cocina. Cuando él y otros indígenas se declararon abiertamente zapatistas fueron echados. Como también son campesinos, se dedicaron a cultivar las generosas tierras que rodean el río. El grupo priísta convirtió el inmueble en cantina y hotel de paso para policías y soldados, y cayó en el abandono. Los turistas dejaron de llegar. En octubre de 2008, la JBG decidió restaurar las instalaciones, limpiar las orillas del río y establecer el balneario El Salvador, impulsando un proyecto de turismo no mercantilista que privilegia la conservación natural y el cuidado de la ribera. Fue entonces que los priístas recordaron el uso turístico del paraje y pusieron una caseta de cobro cerca de la carretera a Palenque, luego de que las bases zapatistas del municipio autónomo Comandanta Ramona establecieran una en el acceso al río. Hoy, el visitante paga 20 pesos a los priístas de la sociedad Chen Ajaw, y 10 a los zapatistas encargados de cuidar el paraje. Las tensiones y agresiones contra los simpatizantes del EZLN se agudizaron, mientras en el tramo carretero de Betel Yochip se multiplicaron los asaltos a autobuses de turistas. En diversas ocasiones, los priístas de esa comunidad y de Agua Clara, asociados con la Policía Estatal de Caminos, buscaron culpar a las bases zapatistas de los atracos, encubriendo directamente a los verdaderos delincuentes. A principios de 2008 se había dado la aprehensión, tortura y encarcelamiento de los zapatistas Eliseo Silvano (padre e hijo del mismo nombre). Ante el escándalo internacional, la movilización civil por la injusta detención de los indígenas y la flagrancia de los policías en los actos de tortura y falsos testimionios, pronto fueron liberados. Los atracos prosiguieron, aunque ya fue evidente la connivencia entre priístas y policías que protegían (y protegen) a los verdaderos asaltantes, identificados por la JBG como pobladores de Agua Clara y Betel Yochip.