COMUNICADO EPR,MANIFIESTO DEL EJERCITO DEL PUEBLO

AL PUEBLO DE MEXICO A LOS PUEBLOS DEL MUNDO A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS ¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS! Por enésima ocasión insistimos en que la violencia incontenible que vive el país es consecuencia del fracaso de la política económica que por sexenios se ha venido impulsando de manera dogmática, cuya aplicación a pesar de los criminales costos contra la población es exigencia de los poderes transnacionales, aplicada de manera solícita por los gobiernos priistas y panistas. Violencia que también refleja el alto grado de descomposición que vive la sociedad, entre ella está la de las instituciones que están podridas por la corrupción e impunidad que se alimenta por la falta de legitimidad del gobierno calderonista. Los responsables de la violencia desbordada han sido siempre los gobernantes en turno y los políticos que con sus actos convalidan las políticas que ahondan la iniquidad social, haciendo cada vez más ancha la brecha entre los que amasan fortunas insultantes y los que sólo el hambre y la miseria son sus eternas acompañantes. Nadie más es responsable. Los priistas y los panistas han llevado al país a la catástrofe económica, política y social. La creciente ola de asesinatos en el país presentados como “ajustes” de cuentas entre presuntos delincuentes y el acto de barbarie cometido en Morelia, Michoacán contra la población inequívocamente son responsabilidad de quien ilegítimamente se asume como presidente, desde el momento que da continuidad con mayor autoritarismo a la política de sacar a las calles al ejército y a sus policías con poderes extrajudiciales a semejanza de una dictadura dirigida por un civil, generalizando la militarización del país so pretexto de combatir a la delincuencia organizada. “Su guerra” ha ensangrentado al país y los costos los tenemos a la vista con los miles de muertos, la anulación de facto de los derechos constitucionales y la permanente violación de los derechos humanos, ¿A esto se le puede llamar democracia? Lo de Morelia sin duda alguna es un acto de provocación desde la derecha para justificar la militarización y el estado de sitio que vive la ciudad desde hace más de un mes. Una respuesta a la marcha de protesta del 29 de agosto que realizaron diferentes organizaciones populares, organismos defensores de los derechos humanos y ciudadanos contra la militarización, la represión y la impunidad gubernamental. También es, una represalia y provocación al gobierno del maestro Godoy, por solidarizarse junto con intelectuales, personalidades y organizaciones sociales y políticas, Ong·s defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales, en la exigencia al gobierno federal de la presentación con vida de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, así como de Francisco Paredes. Previo a la masacre del 15 de septiembre, en Morelia, el gobierno federal fue creando un escenario artificial para justificar la militarización para que el Sr. Calderón siga jugando a la guerra, mediante sospechosos hechos donde aparecieron vehículos abandonados con armas, tiros y uniformes de corporaciones policíacas en diferentes puntos de la ciudad y en lugares cercanos al domicilio de Francisco Paredes Ruiz y de una organización de derechos humanos que está siendo hostigada; también lo fue el “descubrimiento” de casas abandonadas en donde se encontraban “arsenales” y nuevamente uniformes de corporaciones policíacas limpios, bien doblados y planchados. Los asesinatos se incrementaron y en ese “río revuelto” se desapareció a luchadores sociales y se ejerció represión contra quienes exigen justicia social. Los cateos sin orden judicial de un juez realizados por militares presentando una supuesta orden firmada por el comandante de la XXI zona militar se realizaron en toda la ciudad, poniendo énfasis en las colonias populares y en los domicilios de los luchadores sociales bajo el ardid de que el “detector de moléculas” registraba la existencia de armas y drogas. Muchos fueron los desmanes, la violación a los derechos humanos y anulación de los derechos constitucionales fueron el pan de cada día, una pesadilla que vivieron miles de michoacanos por la esquizofrenia presidencial. El saqueo de las pocas pertenencias y objetos de valor fue el botín de guerra de militares y las policías que de mil maneras incriminaban a los ciudadanos que caían en sus operativos “anticrimen” en su famosa fase IV, que no es un invento nuestro, sino una categoría militar del plan gubernamental. ¿Por qué, en las zonas más pobres del país, las policías y el ejército se ensañan contra la población, criminalizando la miseria y la lucha con dignidad por salir de ella? La única explicación es que esto obedece a un plan contrainsurgente que pone énfasis en las zonas más pobres del país, como lo demuestra el estudio de SEDESOL que se llama “Producción, tráfico de estupefacientes y microregiones prioritarias” hecho en 2003 en donde señala regiones de las más miserables de nuestro país, pero las más dignas como son: Tierra Caliente y La Montaña, en Guerrero; la Mixteca y Los Chimalapas en Oaxaca; Las Cañadas y Zona Selva en Chiapas; La Huasteca y Zongolica en Veracruz; La Tarahumara, en Chihuahua y Las Quebradas, entre Sinaloa y Durango. Queda claro que las policías, el ejército y las instituciones son grandes productoras de delincuentes orgánicos con el Estado, ridículo resulta sostener que los delincuentes han infiltrado a las policías y a las instituciones del Estado, ¡qué hipócritas! El fenómeno de la delincuencia organizada en nuestro país es generado por y para beneficio del Estado y los diferentes grupos de poder económico y político que se disputan la hegemonía para garantizar sus intereses. Para muestra un botón, por segunda vez es decomisada una fuerte suma millonaria en dólares que significa oxígeno puro para el gobierno federal. El paramilitarismo es la otra cara de la moneda que empieza a mostrarse, muchos de los asesinatos son realizados por grupos de paramilitares conformados por militares, exmilitares, ex kaibiles, policías, expolicías de toda laya con el propósito de implantar a través de estas acciones sucias el terror en la población y “ablandar” el terreno para la aceptación de un Estado policíaco- militar. Los asesinatos de La Marquesa, estado de México, están en este contexto, el secuestro de ciudadanos de diferentes estados que aparecerán con el tiro de gracia y serán presentados como un “ajuste de cuentas”. La realidad ha demostrado que todo individuo entrenado en cualquier país como antiterrorista, se pasa a las filas de la delincuencia y utiliza todos los conocimientos que asimila para delinquir y usar una guerra psicológica contra el pueblo para intentar aterrorizarlo y generar una paranoia colectiva. México no es la excepción. Los medios de comunicación afines al régimen, a través de comentaristas y analistas, han jugado un papel activo en la justificación de las medidas fascistas, manipulando mezquinamente los sentimientos de una parte de la población a la vez que van armando expedientes incriminatorios contra luchadores sociales que serán usados como expediente judicial para condenarlos a prisión por décadas. Tendencia criminalizadora que hoy lanzan contra AMLO y quienes nos oponemos a la privatización de PEMEX. La esquizofrenia gubernamental se hace presente una vez más cuando se llama a la “unidad de todos los mexicanos sin excepción” tratando de ocultar una verdad conocida por todos los mexicanos: el país está dividido desde hace mucho entre explotados y explotadores, entre opresores y oprimidos, aunque a unos y a otros hoy se les nombre con postmodernismos que aterciopelan la división de la sociedad en clases sociales que engendra la lucha de clases. El Estado mexicano, las instituciones que lo componen sólo son el instrumento de la oligarquía para oprimir y garantizar la explotación a favor de un puñado de familias oligarcas que se apropian de la riqueza social del país. No puede haber unidad entre la burguesía y los millones de pobres que existen en el país, la única unidad por la que debemos preocuparnos es por la unidad del pueblo trabajador, de los pobres del país contra los responsables de su miseria y la represión que se ejerce contra los pobres y los luchadores sociales. Hablar de unidad en defensa del gobierno ilegítimo y sus instituciones es demagogia. El beneficiario, por el momento, de esta crisis que vive el país es el PRI aliado con el yunque y representantes del PAN ultrarradicales, para atacar a la población civil, intentar meterle miedo en contra de la privatización de PEMEX para que no sigan llenando el zócalo de manera conciente y voluntaria. El PRI, que a través de sus personeros dice que cuando gobernaba no había tanta violencia. ¿Cómo iba a haber violencia desbordada, si la delincuencia organizada se encontraba en santa comunión con los gobiernos y priístas personificados en la actualidad por Emilio Gamboa Patrón, Manlio Fabio Beltrones, Elba Esther Gordillo, Miguel Ángel Yunes Linares, Emilio Chuayffet, los Hank Rhon, Enrique Yakson que por cierto ¿Ya estará en una clínica de desintoxicación?, beneficiarios son también los grandes monopolios capitalistas. A los priístas les beneficia la violencia incontrolable a cambio de que el PAN les de protección a los gobiernos represivos y antipopulares que desaparecen luchadores sociales o torturan periodistas como Ulises Ruiz en Oaxaca y Mario Marín en Puebla, ¿Será acaso que la larga mano de un sector de paramilitares que ensayaron y se ensañaron en la represión de hace casi dos años en la ciudad de Oaxaca fueron nuevamente utilizados para realizar este incalificable acto en Morelia?, ¿Será acaso el punto de partida para presionar a gobiernos no panistas ni priístas para que se vean en la necesidad de pedir cobijo a Felipe Calderón y éste mandar “justificadamente” a los militares y sus policías contra la población inerme? Quienes actúan bajo estos parámetros son grupos paramilitares que se mueven de diferentes maneras pero que en los sótanos del periodismo y del gobierno saben quiénes son y quiénes los dirigen. Es de agradecer a la mayoría de analistas políticos, medios electrónicos y escritos que no dudaron en deslindar inmediatamente a nuestro PDPR-EPR o cualquier fuerza insurgente. Pero, consideramos que hace falta que retomen los motivos por los cuales nos vimos en la necesidad de accionar militarmente en julio y septiembre del año pasado, como autodefensa: la desaparición forzada por un año y cuatro meses ya, de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. El gobierno federal debe expresar claramente y sin más dilación su respuesta a los planteamientos y requerimientos de la Comisión de Mediación, porque esa dilación la están utilizando en continuar con el hostigamiento a luchadores sociales que consideran vinculados con nuestro partido dentro de su lógica de Guerra de Baja Intensidad, en nuestra búsqueda, por un lado; por otro lado, continúan poniendo obstáculos a la Comisión de Mediación para que no prospere su papel y sus gestiones que inevitablemente conducirían al esclarecimiento de la desaparición de nuestros compañeros y al término de la impunidad, en este caso. De nuestra parte seguiremos cumpliendo nuestro compromiso con nuestro pueblo y la Comisión de Mediación, porque conocemos la dignidad y el decoro. No tenemos palabras para expresar nuestros sentimientos y pesadumbre que unimos al dolor de las familias de los muertos y los heridos de la brutal agresión y repudiable acto del que fueron objeto el 15 de septiembre en Morelia, Michoacán. Reciban nuestras sinceras condolencias. ¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS! ¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS! ¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS! ¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA! ¡VENCER O MORIR! ¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS! ¡RESUELTOS A VENCER! ¡CON LA GUERRA POPULAR! ¡EL EPR TRIUNFARA! COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO PDPR COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO CG-EPR Año 44 República Mexicana, a 22 de septiembre de 2008. Manifiesto de la Tendencia Democratica Revolucionaria - Ejercito del Pueblo A la memoria de los mártires revolucionarios de Ciudad Madera, Chihuahua. MANIFIESTO A LA NACIÓN No. 8 A los pueblos de México. A los pueblos del mundo. En los tiempos que corren emerge, bajo mil formas, la barbarie y el horror de la dominación del capital. A la angustia cotidiana que padecemos millones de familias, por el encarecimiento de la vida y la creciente inseguridad, se suma la confusión y el terror con que los de arriba nos pretenden paralizar. Esta opresiva realidad tiene una sola explicación: estamos viviendo los resultados de la aplicación del modelo neoliberal, como el negocio más rentable de la globalización capitalista. La ofensiva neoliberal –cada vez más sofisticada y destructiva- se ha vuelto propósito y no sólo medio de la política imperial. Se ha vuelto riqueza y corrupción sin límite para unos cuantos. Y se ha vuelto miseria, hambre y muerte para todas las etnias, clases y naciones sojuzgadas del mundo. En México, el puesto de mando de esta violencia estructural y cotidiana lo ocupa el bloque derechista en el poder, el cual ha facilitado servilmente la ocupación imperialista, mediante la alevosa aprobación de reformas y leyes que pretenden legalizar la total privatización de los bienes de la Nación y la inhumana cancelación de nuestros, ya de por sí, mermados derechos y garantías constitucionales. En efecto, tras dos años en el poder, el gobierno ilegítimo de Felipe Calderón se ha caracterizado por su actuación servil y entreguista, en beneficio propio y de los grandes capitales, incluido el de los principales cárteles de la droga. Y por su política represiva contra los movimientos de lucha y resistencia popular, expresada en la intensificación de la persecución, el encarcelamiento, la desaparición forzada y el asesinato político de luchadores sociales. Cabe destacar que, en este breve periodo, se ha escalado como nunca antes la sangrienta disputa por el control de la producción, el trasiego y la venta de las drogas -y de otros giros negros-, entre cárteles del narcotráfico, como lo han mostrado los miles de levantones y ejecuciones que se han producido en todo el país. El origen de este brutal enfrentamiento se encuentra en el desmantelamiento neoliberal de que ha sido objeto el Estado y, por tanto, en la estructuración de mafias dentro del gobierno en sus distintos niveles (federal, estatal y municipal), y al interior de los cuerpos policiacos y militares. Es sabida la venta de protección gubernamental a los cárteles de la droga, y la irrupción financiera de estos en los procesos electorales, incluso presidenciales. Y es sabido el poder de influencia y de acción que por esa vía han adquirido a lo largo y ancho del territorio nacional. Por eso nació muerta la más reciente cumbre de seguridad. Y por eso seguirá fracasando todo intento de mantener la cohesión entre los organismos encargados del orden y la seguridad pública, pues los funcionarios que encabezan a dichos organismos son, al mismo tiempo, los jefes de las mafias que se encargan de vender protección a distintos cárteles de la droga y responden, por tanto, a intereses opuestos. Parte de estas mafias han resultando ser antiguos miembros de los escuadrones de la muerte que los gobiernos priistas entrenaron, en la década de los 60 y 70, para combatir a la guerrilla y a los movimientos populares; como lo prueba la identidad del ex miembro de la extinta, y tristemente célebre, Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), implicado en el secuestro y asesinato del hijo del empresario Alejandro Martí, junto con elementos en activo de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), de la Policía Federal (PF) y de otros cuerpos policiacos. Mafias que, enardecidas por el ansia de poder y de dinero, se vuelven rabiosas contra la ciudadanía; principalmente, contra las familias de los medianos y pequeños empresarios y, en menor medida, contra sus propios amos: las familias millonarias; secuestrando, mutilando y asesinando -sin escrúpulo alguno- a sus víctimas. De ahí el reproche de la clase empresarial contra sus empleados panistas en el gobierno: ¡Si no pueden, renuncien!, al constatar -con temor, enojo y desencanto- su incapacidad para atajar la ola de inseguridad y de violencia. El gabinete calderonista ha empezado a cosechar así, los vientos golpistas y fraudulentos que sembró no sólo con el apoyo del sector empresarial más reaccionario y rapaz, sino también con el apoyo de sus propias mafias, y con dinero del narcotráfico. A las ejecuciones, narco mantas, enfrentamientos entre bandas del narco, así como entre éstas y las fuerzas federales, se agregan hoy nuevos hechos, propios de la ultraderecha, como el criminal ataque contra la población civil perpetrado la noche del pasado 15 de septiembre, en la plaza Melchor Ocampo de Morelia, Michoacán. Hechos que están siendo utilizados por Felipe Calderón para intentar tender una cortina de humo que oculte su política entreguista y su participación en la guerra de las drogas. Valiéndose del creciente clima de terror e incertidumbre social, Calderón intenta restringir las libertades políticas, legalizar un estado de excepción e intensificar el despliegue militar y policiaco, calificando de traidor a la patria a quien no apoye sus posturas autoritarias, a fin de inhibir y, en última instancia, de aplastar la movilización social que se opone a la privatización de la educación, la salud y otros derechos sociales, y a la privatización de nuestros recursos, como son el petróleo, la energía eléctrica y el agua. No por nada, el gobierno federal impuso una reforma judicial para seguir encubriendo la arbitrariedad y la prepotencia de los órganos represivos; destinó un mayor presupuesto al ejército, aumentando en un 46-49 % el salario de los soldados (muy distante del asignado a los trabajadores de un 4-5 %); y, ahora, pretende imponer el incremento en un 39% de la partida anual para Orden, Seguridad y Justicia, así como nuevas iniciativas en materia penal y de justicia, para combatir supuestamente el crimen organizado. Retenes, cateos, patrullajes, registros, allanamientos de casas-habitación y detenciones en distintos estados de la república, así como abusos y violaciones a los derechos humanos de la población en el campo y la ciudad, son algunas expresiones de las injusticias cometidas por los cuerpos represivos que actúan como tropas de asalto de la ocupación imperialista y neoliberal, pretendiendo escarmentar a quien se atreva a defender sus derechos y a enfrentar la impunidad y la injusticia con que actúan los gobernantes neoliberales. Así lo demostró la sentencia injusta y criminal dictada a Ignacio del Valle, dirigente de San Mateo Atenco, a quien se le condenó a 112 años de cárcel por negarse a aceptar de rodillas el autoritarismo y la injusticia gubernamental. Así lo ha demostrado la negativa del gobierno calderonista, a liberar a los cientos de presos políticos existentes en distintas cárceles del país. Así lo ha demostrado la negativa del gobierno federal a establecer el paradero de los 2 militantes eperristas, víctimas de la desaparición forzada, hace un año y cuatro meses, en la ciudad de Oaxaca, y el paradero del ex militante del MAR Francisco Paredes, desaparecido hace casi un año, en el estado de Michoacán. Así lo han venido demostrando los cientos de actos represivos con que a diario se pretende aplastar la lucha, civil y pacífica, de la clase trabajadora y de los pueblos en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Edomex, San Luis Potosí, Chihuahua y demás entidades de la República. Y así lo prueba el sometimiento del gobierno federal a la política imperialista de Estados Unidos, y la intrusión de éste en asuntos de seguridad nacional, mediante la incorporación subordinada de nuestro país al Comando del Norte (CN), al Acuerdo de Seguridad para América del Norte (ASPAN), a la Iniciativa Mérida y al Proyecto Mesoamérica; sometimiento e intrusión que atentan contra la soberanía de México, al permitir la presencia encubierta de tropas estadounidenses en nuestro país, so pretexto de combatir al narcotráfico y al terrorismo. Por lo anterior y ante la impunidad y la injusticia que sigue privando en nuestro país, las organizaciones abajo firmantes refrendamos nuestro compromiso de seguir avanzando en la construcción de un frente o coordinadora de organizaciones revolucionarias armadas que luchen por la democracia, el socialismo y la liberación; de seguir avanzando en la construcción, desde abajo, de un nuevo poder del pueblo, con el pueblo y para el pueblo; reservándonos el derecho de activar y desplegar iniciativas armadas contra las estructuras del gobierno neoliberal y del gran capital en el momento que lo consideremos necesario. A 198 años de la guerra de independencia y 98 de la revolución mexicana, las organizaciones firmantes hacemos un llamado al pueblo de México a seguir desarrollando todas las formas de lucha posibles contra el sistema capitalista y neocolonial que nos explota, nos oprime y nos sigue despreciando. Asimismo, hacemos un llamado a los estudiantes, a los obreros, a los campesinos, a las mujeres, a los intelectuales, a los jóvenes, a los pueblos originarios, a los soldados honestos a construir relaciones sociales, dignas y justas, pues éstas son la única garantía de avanzar en la defensa de la patria, la reconquista de nuestros derechos, la recuperación de nuestra cultura y la realización de un proyecto democrático, socialista y libertario para todos. ¡POR LA UNIDAD DEL PUEBLO, LA COORDINACIÓN REVOLUCIONARIA! Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos MRLCB Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo TDR-EP Organización Insurgente 1º de Mayo OI-1M Brigada de Ajusticiamiento 2 de Diciembre BA-2D Unidad Popular Revolucionaria Magonista UPRM República Mexicana, a 23 de septiembre de 2008.