miércoles, 10 de diciembre de 2008

Solicita Amnistía Internacional acción urgente para IXCATLÁN

A través de la Acción Urgente 129/08, el organismo internacional insta a las autoridades a llevar a cabo una investigación inmediata, independiente e imparcial sobre las actividades del grupo de hombres armados que intimidan a los habitantes de Santo Domingo Ixcatlán.

Asimismo, solicitaron a las autoridades estatales que "ejecuten sin demora" las órdenes de detención pendientes sobre los asesinatos de Melesio Martínez Robles, quien fue desollado; Gustavo Castañeda Martínez, quemado vivo; e Inocencio Medina Bernabé, fue ejecutado a balazos, el pasado 30 de abril.

Su preocupación radica en que, según los informes recibidos, los habitantes de Santo Domingo Ixcatlán están sufriendo el asedio de unos 50 hombres armados.

Resaltaron que durante muchos meses, el grupo armado ha amenazado e intimidado a miembros de la comunidad que se oponen a la venta de tierras comunitarias que beneficiaría a las autoridades municipales y al cacique local.

El documento señala que a decir de los habitantes de Santo Domingo Ixcatlán, el pasado tres de diciembre, unos 50 hombres con el rostro cubierto por pasamontañas y armados con rifles AK-47 rodearon la comunidad y expulsaron a cinco agentes de la policía a los que amenazaron con matarlos si en un plazo de una hora no abandonaban el lugar.

Añadieron que cuando los policías se marcharon, los hombres armados gritaron que todos los que se opusieran a ellos debían abandonar la localidad en un plazo de 48 horas, o morirían.

Según la información que dispone Amnistía Internacional, "no se han enviado refuerzos policiales a Santo Domingo Ixcatlán y los habitantes manifiestan que les han cerrado carreteras y se les cortó el servicio de electricidad.

Recordaron que en mayo de 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó a las autoridades mexicanas que adoptaran medidas cautelares para proteger a 60 personas, entre ellas, personas que trabajan para el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas.

Sin embargo, debido a la preocupante situación, en agosto pasado, la CIDH pidió que las medidas cautelares se ampliaran a 177 personas, entre ellos familiares, amigos y testigos de los tres crímenes cometidos en abril de 2008.

De acuerdo al CEDHAPI, la protección proporcionada por la policía del estado es insuficiente y que apenas se ha progresado en la detención y procesamiento de varias personas implicadas en los asesinatos y actos de intimidación, pese a que se han dictado órdenes de detención contra al menos 16 presuntos homicidas.

Finalmente, destacaron que hasta el momento, sólo se ha detenido a cuatro hombres, incluido el cacique local Fredy Eucario Morales Arias, sin embargo, consideran que este nuevo ataque puede ser un intento para obligara las autoridades a liberar a los que se encuentran encarcelados.

PEDRO MATIAS


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