martes, 6 de mayo de 2008

DE VERDADES Y PATADAS DE AHOGADO

-Revela el EPR las casas de seguridad del gobierno

-Caso de eperristas: espera CNDH expediente radicado en PGR

-Filtró Mouriño versión sobre el EPR, acusa exprocuradora de Oaxaca(hay "sin cabeza" sus propios "cuates" la entregaran)

Revela el EPR las casas de seguridad del gobierno

Por primera vez en su larga vida clandestina de cuatro décadas, los mandos del Ejército Popular Revolucionario (EPR) –con orígenes en el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP)-Partido de los pobres (Pdlp), fundados en 1969– propusieron una mesa de diálogo con el gobierno federal, refiere la edición 1644 de Proceso.

El propósito: encontrar a sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde el 20 de mayo del 2007 después de haber sido detenidos por policías del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y entregados al Ejército, que los ha torturado para sacarles información, de acuerdo con las denuncias que, desde entonces, ha hecho el grupo armado.

Antes de hacer esa propuesta de diálogo, el EPR reveló a Proceso la ubicación de una decena de casas de seguridad del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y del Ejército Mexicano en la Ciudad de México, donde posiblemente han mantenido cautivos a guerrilleros y dirigentes sociales como parte de la nueva guerra sucia que está desplegando el gobierno federal.

Al responder un cuestionario de Proceso que tardó dos semanas en devolver por razones de seguridad, el comité central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR), Comandancia General del EPR, asegura que durante el gobierno de Felipe Calderón han desaparecido 30 líderes sociales, y sospecha que han sido torturados en las “cárceles clandestinas” mencionadas.

Dichas “cárceles” son departamentos, almacenes o casas ubicadas en colonias anexas al cerro del Ajusco o en medio de algunas colonias populares, que se caracterizan por tener protecciones al interior y no al exterior de las ventanas.

Respecto a las acusaciones de que se ha financiado con recursos del narcotráfico y a través de los secuestros, el EPR lo niega y dice que “es el Estado quien tiene estos vínculos” con el crimen organizado, auspiciado por políticos, policías y altos jefes militares.

Caso de eperristas: espera CNDH expediente radicado en PGR

La investigación se mantiene en curso para dar con el paradero de los presuntos integrantes del EPR, desaparecidos en mayo de 2007.

La Jornada On Line
Publicado: 05/05/2008 18:39

México, DF. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que continúa la investigación para encontrar el paradero de Raymundo Rivera Bravo y/o Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya y/o Andrés Reyes Amaya, señalados por el Ejército Popular Revolucionario, como integrantes del grupo y que presuntamente se encuentran desaparecidos desde mayo de 2007.

Al respecto, el organismo encabezado por José Luis Soberanes detalló que está pendiente integrar a la indagatoria la información de los expedientes que están radicados en la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República (PGR), y que están relacionados con las recientes aprehensiones de funcionarios y policías de Oaxaca.

Asimismo, precisa un boletín de la CNDH, se solicitó información específica a la Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno estatal, a la Subprocuraduría General de Control de Procesos, y al Director de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad Federativa, pero dichas instancias y personas negaron contar con cualquier tipo de información relacionada con las dos personas desaparecidas.

El organismo señaló también que si al concluir su investigación se comprueba que hechos que propiciaron la desaparición de las personas referidas, se estaría frente a un delito de “lesa humanidad”, el cual, por su carácter, es imprescriptible.

Abunda que hasta el momento, el expediente está integrado por más de 5 mil fojas. El archivo incluye la información derivada de las reuniones testimoniales de los familiares de los desaparecidos, así como de personas de diferentes grupos civiles.

También contiene las 241 solicitudes de información dirigidas a los titulares de la PGR, de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Instituto Nacional de Migración; del Centro de Investigación y Seguridad Nacional; así como de los reclusorios y centros de prevención y readaptación social en las 32 entidades federativas y las respuestas que han emitido las citadas autoridades.


Filtró Mouriño versión sobre el EPR, acusa exprocuradora de Oaxaca
pedro matías * Rechaza vínculos en la desaparición de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz

Oaxaca, 5 may (apro).- La exprocuradora Lizbeth Caña Cadeza acusó al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, de filtrar información que la implica en la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, presuntos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Lo que busca Mouriño es, dijo, tender una “cortina de humo” y ganar credibilidad ante el grupo insurgente, denunció la actual Auditora Superior del estado.

La colaboradora del gobernador priista Ulises Ruiz consideró que “esas filtraciones tendenciosas denotan falta de capacidad para atender con seriedad este asunto”.

Por ello, la funcionaria estatal hizo un llamado a Mouriño para que instruya a Eduardo Medina Mora, titular de la Procuraduría General de la República, para que realice una investigación seria como único camino para lograr llegar a la verdad.

Precisó que ella dejó el cargo el 4 de abril de 2007, y la desaparición de los eperristas se dio el 25 de mayo de ese mismo año, cuando el actual procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez ya se encontraba en funciones.

La procuradora, que enfrentó el conflicto sociopolítico de 2006 que dejó como saldo una veintena de muertos, cerca de 500 detenidos y centenares de heridos, insistió en que los señalamientos se tratan de “un acto montado, un acto perverso con el afán de tender una cortina de humo y distraer la atención, con el ánimo de desprestigiar”.

Y dijo estar dispuesta a atender cualquier requerimiento de la autoridad.

Según las averiguaciones previas PGR/SIEDO/UEIS/057/08 y PGR/SIEDO/UEITA/048-08, un testigo protegido presenció el ingreso de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz a las instalaciones de la Procuraduría local sin que se diera cuenta de ese hecho a la autoridad ministerial.

Y se implica en esas acciones al actual presidente estatal del PRI, Jorge Franco Vargas; a Caña Cadeza y al exdirector de la Policía Ministerial, Manuel Moreno Rivas.

Según esa versión, esos funcionarios dieron vida a la Unidad Ministerial de Intervención Táctica, que se dedicó a perseguir a los integrantes del movimiento social del 2006 y a realizar operativos especiales como la desaparición de los dos eperristas.

De acuerdo con esas indagatorias, el subdirector operativo de la Policía Ministerial, Pedro Hernández, y Ángel Cruz Reyes --actualmente arraigados en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)-- participaron en la detención de los eperristas.

También se acusó a Jorge Franco Vargas, exsecretario de Gobierno, de secuestrar, junto con el exdirector de la Policía Ministerial, Manuel Moreno Rivas, a Eugenio Díaz Parada --hermano de narcotraficante Pedro Díaz Parada-- el 5 de abril de 2007 en una camioneta asignada a la exprocuradora.

Caña Cadeza reiteró que “como procuradora jamás ejecute u ordené acciones en contra de ningún grupo, ni mandé la desaparición de ninguna persona. Nada tuve que ver con el asunto”.

Rechazó además que la Unidad Ministerial de Investigación Policial (UMIT) se haya conformado como una “brigada blanca”; aseguró que se creó a propuesta de la Conferencia Nacional de Procuradores (Conago) en el 2004 y con el aval del entonces director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y actual secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.

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