jueves, 22 de mayo de 2008

OAXACA VISTO DOS AÑOS DESPUES..

Oaxaca visto dos años después
Plaza Pública


Miguel Ángel Granados Chapa
Como hace dos años —y como había ocurrido rutinariamente en los meses de mayo de los lustros recientes—, la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se ha instalado en plazas y calles céntricas de la ciudad de Oaxaca y piquetes de activistas del propio gremio magisterial estrangulan el tránsito o estorban el paso en instalaciones de gran importancia económica y social, como el aeropuerto internacional y depósitos de combustible propiedad de Pemex, tanto en la capital del estado como en otros puntos de la entidad. Las demandas de ahora son semejantes a las de 2006.

Unas, como la homologación de salarios (rezonificación se le llama en la jerga burocrática), conciernen a los gobiernos federal y local. Otros pertenecen a la vida sindical: la sección oaxaqueña reclama de la dirección nacional del Snte la convocatoria para renovar el comité local.

Hace dos años, la movilización magisterial rompió sus propios esquemas y por efecto de la insolencia torpe de la autoridad local, se convirtió en una vasta protesta social que estremeció a los oaxaqueños durante meses. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, una coalición de grupos e intereses surgida al calor del conflicto, condensó demandas seculares de esa entidad y exigencias propias de la hora: su lucha contra el autoritarismo pudo haber provocado la caída del gobernador Ulises Ruiz, que acreditó con creces su fama de represor. Pero el auxilio eficaz de los gobiernos panistas, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón, lo puso a salvo, y desde su silla se dispone a enfrentar, quizá con modos distintos, la movilización magisterial, antes de que se reactive la APPO y se recrudezca la oposición a su gobierno.

Sólo si su nueva estrategia culmina pronto con la desmovilización magisterial podrá el gobernador respirar tranquilo. A diferencia de 2006, se ha apresurado a anunciar las medidas con que solventará la demanda salarial del magisterio. Si por lo contrario la protesta de la Sección 22 (y la consiguiente interrupción de labores en cientos de planteles de enseñan básica, media y normal) se prolonga y se reproduce la alianza magisterial con el resto de la APPO, Ruiz se colocaría en una posición frágil. Ni el PRI ni él mismo tendrían ahora nada que ofrecer al gobierno panista (hace dos años todo apoyo era necesario para asegurar la protesta presidencial de Calderón) y en cambio la alianza que le permite seguir en el gobierno podría resultar contraproducente para Los Pinos y por tanto ser liquidada.

La precariedad de Ruiz surge de las investigaciones federales en torno a funcionarios de su gobierno implicados ministerialmente en delitos graves, y de la necesidad del gobierno federal de al menos deslindarse fehacientemente de la desaparición de dos militantes del Ejército Popular Revolucionario, capturados el domingo hará un año, presumiblemente por agentes policiacos al servicio del gobernador.

Aunque la movilización magisterial tiene modalidades que la hacen menos gravosa para la sociedad en general (está sujeta a plazo fijo y las clases se suspenden sólo parcialmente), se podría radicalizar ante la imposibilidad del gobierno de Ruiz de atender sus demandas políticas. Como remanentes del conflicto de 2006, y a causa de otros conflictos, se siguen procesos contra decenas de personas a los que la Sección 22 llama presos políticos, algunos de los cuales están recluidos en penales de la entidad.

Están pendientes, además, órdenes de aprehensión contra dirigentes magisteriales cuya cancelación se demanda. Aunque un político ducho en componendas como es el gobernador no se ha quedado quieto en los meses recientes y ha influido en la vida sindical, no es seguro que una exigencia de ese alcance sea abandonada apenas haya arreglo monetario. Podría trabarse en ese punto la negociación que ya sostienen las partes.

También puede prolongar y complicar el conflicto la relación de la dirección seccional con el Comité Nacional del SNTE. El verticalismo de ese poderoso agrupamiento se expresa en la capacidad de su mando central de mantener sujetas a las secciones. Éstas no pueden de manera autónoma renovar sus comités directivos. Requieren que el nacional expida las convocatorias respectivas. Abstenerse de hacerlo coloca a la representación local en posición precaria. Es el caso de la 22, cuyo comité debió ser renovado en marzo del año pasado. De ese modo se mantiene en vilo a quienes ejercen de hecho la dirección sindical, y los distancia de los agremiados, que deben realizar trámites sin la mediación de los líderes seccionales.

El compadrazgo de Ruiz con Roberto Madrazo, que tan buenos frutos le rindió en el pasado, se convirtió en lastre a partir de 2006. Aunque el gobernador busca no aislarse del movimiento priista nacional a través de una corriente que ostenta posiciones propias en materia energética, no necesariamente podrá contar con su partido en caso de agravamiento de sus dificultades. La protesta actual no lo tiene de modo explícito en la mira como hace dos años pero nada lo exime del riesgo de ser de nuevo el blanco de la inconformidad social. Recuérdese que no ha concluido la investigación constitucional de la Suprema Corte de Justicia sobre el trágico segundo semestre de 2006. Si sus conclusiones muestran el vínculo entre la violencia homicida y colaboradores de Ruiz y hasta él mismo, nadie le tenderá una mano. Y si el tribunal constitucional lo exonerara la irritación social lo pondrá en jaque.— México, D.F.

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