14 DE JUNIO RETIRO DEL PLANTON EN EL ZOCALO DE OAXACA

■ Abuchean a dirigente de la sección 22, lo acusan de negociar con Ulises Ruiz

Megamarcha en Oaxaca marca el fin del plantón magisterial en el zócalo

■ Jóvenes de VOCAL bloquean el emblemático crucero de Cinco Señores

Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)

Dirigentes de la APPO y de la sección 22 encabezaron la megamarcha del sábado para recordar el fallido desalojo, hace dos años, del plantón magisterial en el zócalo de la capital de Oaxaca. Jóvenes con el rostro cubierto realizaron pintas en diferentes lugares Foto: Ezequiel Gómez Leyva

Oaxaca, Oax., 14 de junio. Miles de personas participaron este sábado en la marcha convocada por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) para conmemorar el segundo aniversario del frustrado desalojo, por parte de la policía estatal, del plantón magisterial instalado en el zócalo de esta ciudad, lo que dio origen al conflicto político y social más grave en la historia del estado.

“Quienes pensaron que este movimiento fue liquidado se equivocaron”, afirmó Ezequiel Rosales Carreño, secretario de Organización de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, durante un mitin efectuado al término de la protesta en el zócalo, que marcó el levantamiento del plantón instalado en mayo pasado por los profesores, la fuerza más numerosa de la APPO.

La marcha salió alrededor de las 9:30 horas sobre la carretera internacional Cristóbal Colón, en el crucero de Trinidad de Viguera, y después de más de tres horas de caminata arribó al centro histórico de la capital.

“¡Presos políticos libertad!, ¡14 de junio no se olvida, es de lucha combativa!, ¡hombro con hombro, codo con codo, la APPO, la APPO, la APPO somos todos!”, corearon a su paso.

A la manifestación se sumaron representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, así como de otras organizaciones; también los diputados federales del PRD Aleida Alavez Ruiz y Othón Cuevas Córdoba.

Después de dos años refugiada en el Distrito Federal, la profesora Carmen López Vásquez, quien fue locutora de la radiodifusora comercial La Ley 710, ocupada por el movimiento popular en 2006, se incorporó a la marcha con dos amparos en su poder para evitar ser detenida y con el resguardo de miembros de Servicios para la Paz.

El dirigente de la sección 22 expuso que el movimiento “no cederá ni un palmo de terreno” y seguirá demandando la destitución del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, la libertad de los presos políticos y de conciencia y la cancelación de los procesos penales, además de condiciones de seguridad para el regreso de los demás exiliados.

Sin embargo, jóvenes de las barricadas aglutinados en la organización Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL), lo abuchearon por una supuesta negociación con el gobierno estatal para levantar el plantón. Incluso arrojaron objetos hasta que miembros de la Policía Magisterial de Oaxaca (Pomo) intervinieron para cesar la agresión.

Rosales Carreño dijo que el ataque provenía de infiltrados y provocadores enviados por el gobierno estatal “porque carecen de organización, disciplina y formación política e ideológica”. Al terminar su participación fue resguardado por elementos de la Pomo. En declaraciones a la prensa, el dirigente rechazó alguna negociación y destacó que de las respuestas a sus requerimientos dependerá una propuesta de boicotear la Guelaguetza organizada por el gobierno estatal.

En el mitin también participaron los voceros de la APPO, Florentino López Martínez y Cástulo López Pacheco, así como la profesora López Vásquez y Emeterio Merino Cruz, seguidor de la APPO quien fue golpeado por la policía local el 16 de julio del año pasado, durante la llamada Guelaguetza Popular.

Por la tarde, los miembros de VOCAL instalaron una barricada en el crucero de Cinco Señores, donde convergen varias avenidas importantes, entre ellas la Universidad, utilizando dos unidades de transporte público, dos pipas de Pemex y varios camiones de volteo. Durante el movimiento de 2006 la barricada de Cinco Señores fue considerada la más importante de la APPO y la última en ser retirada por la Policía Estatal.

LLL A dos años de la represión escrito por organizaciones de DDHH Oaxaca de Juárez, Oax; a 13 de junio del 2008. “Por la televisión conocemos los gases lacrimógenos pero nunca pensé vivirlo en carne propia, todo el terror que se siente estar en una situación como la que vivimos ese 14 de junio. Empezó a sobrevolar el helicóptero y venían maestros despavoridos corriendo hacia la puerta de la casa para resguardarse en el patio, aproximadamente sesenta maestros, algunos ya venían intoxicados, se les dio agua y trapos mojados, se les pidió que ya no salieran, pero el helicóptero vio que habían muchos compañeros en la casa y siguió sobrevolando y filmando toda el área.” (testimonio) El 14 de junio del 2006, a las 4:30 de la mañana aproximadamente, un grupo de tres mil policías de diferentes corporaciones policíacas irrumpieron en el zócalo y de manera violenta desalojaron a los maestros que se encontraban en plantón masivo, como saldo dejó once detenidos, cientos de heridos de los que se encontraban maestros, policías, niños, mujeres, vendedores. Ante este acto diferentes organizaciones denunciamos el hecho y lo vislumbramos como un paso a la criminalización de la protesta social, el hecho trajo consigo graves violaciones a los derechos humanos como; a la integridad física y psicológica, a libertad personal, libertad de expresión, asociación, manifestación, derecho al debido proceso y el uso excesivo e injustificado de la fuerza pública. A partir del violento desalojo y en solidaridad con los maestros se constituyó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), la conformaron alrededor de mas de 80 organizaciones sociales, civiles, frentes de colonias, barrios, estudiantes, ayuntamientos populares, artistas y por supuesto la sección XXII, sector de maestros entre muchos otros, hecho que fue el inicio de una movilización social más amplia, resultado de problemas estructurales e históricos de nuestro estado como son la pobreza, marginación, injusticia, discriminación, autoritarismo e inconformidades más profundas que jamás quisieron atender los diferentes gobiernos. La reacción que tuvo el gobierno en contra de las movilizaciones masivas en las que participó la ciudadanía oaxaqueña, fue una sistemática violación a los derechos humanos, reprimiendo la protesta social hechos que se desarrollaron a lo largo del conflicto social y que fueron ejecutados y planeados por servidores públicos de alto nivel incluido el gobernador, a raíz de la represión diferentes organizaciones internacionales y nacionales, incluso organismos públicos de derechos humanos han documentado y publicado informes de las violaciones a los derechos humanos, incluso han emitido recomendaciones que hasta el momento no se han cumplido, ha evidenciado la falta de voluntad política del gobierno del estado aplicando con más fuerza su autoritarismo y cerrazón ante el conflicto no resuelto. La persistencia de estas violaciones ha sido de manera recurrente hasta el día de hoy, esto nos ha colocado en una profunda crisis de nuestros derechos fundamentales, en especial los derechos de las víctimas que no se les ha hecho justicia, porque hasta el día de hoy no hay un esclarecimiento de los hechos, no hay responsables intelectuales ni materiales castigados, y mucho menos no hay una reparación moral, legal, social, económica e histórica. Pero en cambio a los ciudadanos nos han aplicado una represión más dura utilizando diferentes medios ya sea legales, legislativos, mediáticos y psicológicos, con la clara intención de introducirnos miedo, desmovilizarnos y quedarnos callados para no cuestionar y no expresarnos, pero en cambio quiere que sigamos tolerando la situación de injusticia que existe en el estado. El día mañana que se cumplen dos años de una de las represiones más grandes que sufrió la movilización social, ante un fallido desalojo del plantón magisterial, el Estado a través de los órganos responsables de la impartición de justicia y seguridad inició una serie de represiones con detenciones arbitrarias, desapariciones, allanamientos, desalojos; graves violaciones a los derechos humanos y que están perfectamente documentadas por diversas organizaciones estatales, nacionales, internacionales de Derechos Humanos pero que hasta el día de hoy NO HAY un solo cumplimiento de tantas y tantas recomendaciones que se hicieron por estos hechos, al contrario funcionarios que participaron en la represión fueron premiados en puestos de mayor jerarquía, puestos claves para continuar oprimiendo a los que levantan la voz. El gobierno del estado ha tratado de limpiar su imagen ante la comunidad internacional aparentando una voluntad política para la solución al conflicto, actitud que sólo es en apariencia, porque para los que vivimos en Oaxaca nos queda claro que no le interesa reparar los daños ocasionados por su ambición de poder, sin embargo sigue repitiendo el mismo patrón de represión a las personas inconformes, agravando la situación de los derechos humanos de los protestantes, sometiéndolos a procesos jurídicos injustos y fabricados, descalificando a todo aquel que no está de acuerdo con su política de autoritarismo y cerrazón, aprovechándose de las victimas para seguir abusando de su condición. Ante toda esta situación las organizaciones de Derechos Humanos locales y que constatamos esta política del Gobierno del Estado; decimos que lejos de que se solucionen las demandas históricas y profundas se implementa una política de CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA SOCIAL y prueba de ello son los casos que presentamos ahora y que seguiremos documentando casos que se están dando en Oaxaca para poder tener las evidencias de esta política y denunciar ante las organizaciones internacionales de Derechos Humanos. Caso: Desaparición forzada de Lauro Juárez Derechos violados: a la vida, integridad personal, a la libertad y seguridad personal Otros derechos violados relacionados: Libertad de expresión, asociación y manifestación. Movimiento: Campesino e indígena Demandas principales del movimiento: derechos políticos, derechos de los pueblos indígenas Organización que lo documenta: Centro de Defensoría en Derechos Humanos INN NTUSU El 30 de diciembre del 2007, desapareció el indígena Lauro Juárez integrante de la organización social Unión de Campesinos Pobres-Frente Popular Revolucionario (UCP-FPR) en la comunidad del Vidrio, Juquila Oaxaca, después de levantar un bloqueo que mantuvieron los pueblos chatinos de Santos Reyes Nopala y San Gabriel Mixtepec y Santa Maria Temaxcaltepec, demandando el respeto a la voluntad popular a sus usos y costumbres para la elección de sus autoridades municipales. Hasta el día de hoy no hay avances en el caso a pesar de que existe una denuncia. Caso: Desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Derechos violados: a la vida, integridad personal, a la libertad y seguridad personal. Otros derechos violados relacionados: Derecho al acceso a la justicia. Organización que lo documenta: Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. El 25 de mayo de 2007 en el estado de Oaxaca fueron desaparecidos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, personas a quienes con fecha posterior a su desaparición fueron reivindicados por el grupo armado PDPR-EPR. Hasta el momento se desconoce su paradero, estado físico y psicológico. Con la información que se cuenta se ha establecido que fueron detenidos en un operativo realizado por la unidad policíaca de Operaciones Especiales del estado. En los últimos meses se han suscitado hechos de desaparición forzada de personas delito considerado como de lesa humanidad, lo preocupante es que se esta volviendo una práctica utilizada de manera frecuente y que es sin duda una de las más graves violaciones a los derechos humanos, pero desafortunadamente el estado no asume su responsabilidad en cada caso, y que identificamos como una práctica de criminalización de la protesta social. Caso: Detención Arbitraria de Catarino Torres Derechos violados: a la libertad y seguridad personal, integridad personal, al debido proceso Otros derechos violados relacionados: Libertad de expresión, asociación y manifestación. Movimiento: Campesino e indígena Demandas principales del movimiento: renuncia del gobernador, derechos políticos, derechos de los pueblos indígenas, a la información, a la consulta, a la participación ciudadana. Organización que lo documenta: Comisión Regional de Derechos Humanos. Mahatma Gandhi. El seis de agosto del 2006, en la ciudad de Tuxtepec detienen al líder de la comité de defensa de ciudadana, Catarino Torres Pereda su detención es de manera arbitraria sin mostrar orden de aprehensión y con lujo de violencia, por los delitos de despojo, robo calificado, delitos fabricados por el estado por su activa participación en el movimiento social, después de ser detenido es llevado a una cárcel de alta seguridad, Centro Federal de Readaptación Social Número 1 La Palma, Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Caso: Detención Arbitraria, Privación Ilegal de la Libertad, Abuso de Autoridad y Destierro Violento de los Señores: CANDIDO LEON VELASCO, EUSEBIO FELIX VAZQUEZ FRUCTUOSO, ELEUTERIO JIMENEZ SANTIAGO, EUSTAQUIO VELASCO RUIZ, FELIPE VELASCO JIMENEZ y otros. Derechos violados: a la libertad y seguridad personal, integridad personal, al acceso a la justicia, a la propiedad, al territorio. Otros derechos violados relacionados: Libertad asociación y manifestación. Movimiento: Campesino e indígena Demandas principales del movimiento: derecho al territorio y a la tierra. Organización que lo documenta: Comisión Diocesana de Justicia y Paz. Un grupo de personas de la ranchería la Calendaria fueron obligados por las autoridades de la agencia municipal de Santa Inés, Villa Sola de Vega a salir de sus tierras, algunas casas fueron quemadas y hasta el día de hoy no hay respuesta a sus demandas por parte del gobierno, ellos siguen fuera de su comunidad y sin que tengan oportunidad a acceder a sus tierras para seguirlas trabajando. El gobierno ha ido avanzado en el plano jurídico para seguir reprimiendo la protesta social, utilizando en su discurso la palabra legalidad para utilizar la violencia, valiéndose de figuras delictivas para entrar a un campo de arbitrariedades, discrecionalidad y autoritarismo, dejando a un lado su obligación como estado que es la de proteger los derechos de los ciudadanos. Caso: Represión laboral en contra de los médicos y trabajadores del IMSS- Oportunidades. Derechos violados: Laborales y a la salud Otros derechos violados relacionados: Libertad de expresión, asociación y manifestación. Movimiento: Trabajadores Demandas principales del movimiento: Mejoramiento en las condiciones de trabajo y calidad en el servicio de salud. Organización que lo documenta: Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño A.C. Los trabajadores del IMSS-oportunidades de la región del istmo se movilizan por demandas laborales, sociales y acceso y calidad en el derecho a la salud de las comunidades indígenas, a raíz de la movilización se les reprime laboralmente, se le inicia averiguaciones previas y sanciones administrativas. Ante estos hechos y en el marco de la campaña “PROTESTAR ES UN DERECHO, REPRIMIR ES UN DELITO”, hemos dado seguimiento de cerca estos casos que a nuestra consideración son casos ilustrativos en donde se establece claramente una política de criminalización de la protesta social, como organizaciones de la sociedad civil nos preocupa mucho que de manera sistemática se ha vulnerado el derecho de protesta, derecho legitimo al que tienen que recurrir los ciudadanos para evidenciar las condiciones de pobreza, marginación, discriminación y a la vez manifestar el descontento en el que se encuentran por injusticias profundas y que desafortunadamente es la única vía que encuentran al no existir canales institucionales para resolver sus problemas, y que lejos de atender o crear ese espacio de diálogo las instituciones los ignoran y hasta los reprimen de diferentes formas. El Centro de Defensoría de Derechos Humanos INN NTUSU, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”, Comisión Diocesana de Justicia y Paz, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez , Centro de Derechos Humanos “Flor y Canto” A.C, Centro de Derechos Humanos “Nuu Ji Kandii” A.C., Red Oaxaqueña de Derechos Humanos alzamos la voz para denunciar públicamente estos hechos y al mismo tiempo demandamos al gobierno municipal, estatal y federal, lo siguiente: 1.- Cese a la política de represión y criminalización de la protesta social. 2.- Respeto a los derechos de libertad de expresión, libertad de asociación y libertad de manifestación. 3.- Apertura al diálogo como un canal adecuado para atender y escuchar las demandas legitimas de la ciudadanía. 4.- Investigación seria y pronta de los casos denunciados por violaciones a los derechos humanos, sanción efectiva a los responsables para que no sea un hecho más que se quede en la impunidad. 5.- Terminar con la campaña de descalificación de quienes se manifiestan y protestan porque son señalados como delincuentes, desestabilizadores y acusados de violar derechos de terceros por la autoridad, los partidos políticos, los poderes privados, etc. “PROTESTAR ES UN DERECHO, REPRIMIR UN DELITO”.