lunes, 9 de junio de 2008

PROMESAS???

Seguridad y empleo, una promesa incumplida


"Seguridad y Empleo" fue el slogan de campaña de Ulises Ruiz Ortiz y, a casi cinco años de su gobierno, es una premisa incumplida.



PEDRO MATIAS/NOTICIAS DE OAXACA

Para el centro de derechos humanos "Bartolomé Carrasco Briseño", el gobernador lejos de brindar seguridad a los ciudadanos, su actuar es contrario, porque "maltrata a quienes debe cuidar, persigue a quienes debe proteger, ignora a quienes debe mayor atención, y sirve a quienes debe controlar.

Es decir, opera un derecho mafioso, donde se aplica la ley de forma discriminatoria, particularmente contra los pobres.

Su análisis se sustentan en los 26 muertos cometidos durante el movimiento sociopolítico del 2006, varios de ellos cometidos por la "caravana de la muerte" y en las por lo menos 76 ejecuciones, los 22 levantones y los 10 secuestros documentados y cometidos durante 2007 y lo que va del 2008.

Esto sin contar las siete desapariciones de los integrantes del EPR, Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz Sánchez (25 de mayo de 2007), las triquis Daniel y Virginia Ortiz Ramírez (5 de julio de 2007), Lauro Juárez (30 de diciembre) y de Sergio Bautista Miguel y Luis Alberto Santiago Velásquez (20 de abril 2008).

O los asesinatos de las locutoras triquis de la "Voz que rompe el silencio", Felícitas Martínez y Teresa Bautista cometido en una emboscada el siete de abril de 2008, o los crímenes cometidos el pasado 30 de abril en Santo Domingo Ixcatlán donde Gustavo Castañeda Martínez, murió calcinado; Melesio Martínez Robles, fue desollado, e Inocencio Medina Bernabé, fue acribillado con armas de fuego.

A esos casos se suma la denuncia del asesor jurídico de Santiago Amoltepec, Domingo Hernández Sánchez, quien reveló que la situación en esa región esta muy tensa porque desde el pasado 20 de mayo pobladores de San Mateo Yucutindoo se llevaron violentamente al campesino Marcial López Santiago, debido al conflicto limítrofe que mantienen.

Esto sin contar con la "ejecución extrajudicial" cometida, el pasado tres de febrero, por la policía preventiva en contra de los estudiantes Marco Antonio López Jacinto y José Luís Castillo Pérez, así como de las lesiones causadas con arma de fuego a Gerardo Salinas Vizarretea, Tomás Jesús Delgado Velásquez y Argeo Evair Ricárdez Gutiérrez.

O el asesinato el regidor de hacienda de la agencia Santa Rosa de Lima, Paulino Salud Landi, cometido el pasado cuatro de mayo, por priístas de San Blas Atempa.

Sin embargo, los hechos que han sacudido a la entidad son las "narcofosas" localizadas el 25 de junio de 2007, en Juchitán donde no se logró identificar los cuerpos porque fueron "cocidos o empozolados", aunque se concluyó que eran unos cuatro cuerpos.

A esa se sumó la fosa clandestina localizada, el 15 de agosto de 2007, en un potrero a un kilómetro de la desviación del paraje denominado "Las Cruces" del tramo carretero La Mata - Matías Romero, donde se logró identificar a Pedro Villanueva Ruiz; José Rubén Cortina Ruiz; Juan Carlos Noria González; Lenin Modesto Ortero Arias; Juan Carlos Trujillo Rueda y Artemio Ruiz López, de 37 años de edad, quienes fueron "levantados" el 11 de agosto.

Así como las ejecuciones cometidas, el 17 de enero de 2008, en Santa María Cortijos, donde fue asesinada una mujer y sus cuatro hijos.

Posteriormente, el 30 de enero, en el Parque El Tequio fue ejecutado el director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, Alejandro Barrita Ortiz, su escolta Jesús Pérez Prado y un arquitecto.

Y el cinco de marzo, un comando armado atacó a balazos a los escoltas del diputado local priísta, Antonio Amaro Cancinco en el boulevard Guadalupe Hinojosa, donde resultaron lesionados los agentes de la policía ministerial, Jaime Ordaz Cruz y Vicente Andrade Rosique, mientras que el sicario, Adán Galván Badillo, falleció en el hospital civil

Para el seis de marzo, a unos metros de la delegación de la Procuraduría General de la República fueron arrojados los cadáveres de los jóvenes, Israel y Hermenegildo Avelino Victoriano, y Fredy Cruz Pacheco, quienes presentaban visibles huellas de tortura, ya que a uno le cortaron el dedo índice y la lengua y le dejaron un billete de 20 pesos pegado.

Un día después, a unos metros de los juzgados del Poder Judicial de la Federación, fue ejecutado el comandante de la policía ministerial, Ricardo Rodríguez Silva.

Entre los secuestrados sobresalen el de Jesús Eugenio Díaz Parada, hermano del narcotraficante Pedro Díaz Parada, cometido el tres de abril en San Pedro Totolapam.

Respecto a este caso, se menciona directamente al ex secretario de Gobierno y actual dirigente estatal del PRI, Jorge Franco Vargas, de ser el "jefe del comando" que junto con el ex director de la Policía Ministerial, Manuel Moreno Rivas y en una camioneta que tenía bajo resguardo la ex procuradora de Justicia del Estado, Lizbeth Caña Cadeza, secuestró Eugenio Díaz Parada.

Otro caso es el del empresario José Roberto Pérez, dueño de la cadena de tiendas de calzado deportivo "Chicago Tenis", quien fue secuestrado el 24 de marzo cuando regresaba a su domicilio en la carretera vieja a San Bartolo Coyotepec. Por su rescate pidieron 15 millones de pesos.

Aunque lo que movilizó a las fuerzas federales fue el secuestro del ex dirigente estatal del PRI, David Palacios García, quien fue secuestrado el pasado 21 de marzo en esta capital.

Días después, fue localizado el tío del ex secretario de Gobernación y actual diputado federal, Diódoro Carrasco Altamirano.

El caso más reciente es el secuestro del empresario italiano Claudio Contti Bonetti, registrado el pasado tres de junio en Puerto Escondido y las ejecuciones cometidas en la calle de Xicotencatl y San Andrés Zautla.

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