DE ACOSOS Y REGRESOS

-Acosa SCJN a ministro pues simpatiza con la lucha popular

-Regresa a Oaxaca la profesora Maria del Carmen López Vásquez.

Acosa SCJN a ministro pues simpatiza con la lucha popular Friday, 13 de June de 2008 El magistrado, Francisco Salvador Pérez, acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la persecución política emprendida por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Guillermo Ortiz Mayagoitia, al instaurar un proceso "inquisitorial" para separarlo de su cargo por simpatizar con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. PEDRO MATIAS Como parte de esta "persecución política", la comisión jurídica de la APPO denunció que el presidente del consejo de la judicatura federal, Guillermo Ortiz Mayagoitia, decretó de manera anticonstitucional que desde el 22 de noviembre de 2006 se le suspendiera del ejercicio de sus funciones de magistrado que desempeñaba como titular del Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito. El juez hizo la aclaración que la suspensión de funciones fue de seis meses, la cual se ha prorrogado en cuatro ocasiones. Sin embargo, consideró que es una pena indebida, en primer lugar, porque no se encuentra prevista en una ley y, en segundo lugar, porque de acuerdo al artículo 23 constitucional prohíbe juzgar a cualquier persona dos veces por el mismo hecho. Entonces, consciente de que "estas gravísimas violaciones" cometidas contra del orden jurídico mexicano no serán reparadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación aduciendo pretextos legaloides o no tener facultades para dejar impunes las "monstruosas violaciones que constituyen penas infamantes e inhumanas, privativas y confiscatorias de derechos", decidió recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su afirmación se sustenta en la denuncia que presentó en enero de 2007 ante la comisión de la SCJN encargada de investigar las violaciones cometidas en el movimiento popular de Oaxaca durante el 2006, sin embargo, "hasta ahora no tengo respuesta" y el proceso está pésimamente tramitado violentándose todas las garantías individuales. El objeto de acudir a la CIDH, añadió, "es buscar la justicia en el extranjero de la que el régimen mexicano nos priva, desmintiendo así la costosa y escandalosa propaganda que todos los días emiten las altas autoridades del Poder Judicial Federal de que en México existe un reino de la felicidad por la eficaz justicia que imparte ese tribunal" En síntesis, el magistrado de circuito, Francisco Salvador Pérez, con 35 años de servicio, dijo que "en México el acceso a la justicia es nugatorio o ilusorio". Resaltó que lo que desató este procedimiento "inquisitorial", fue la circulación anónima de un documento donde se pronuncian por el recuento de votos de la elección presidencial de julio de 2006 y donde aparece el nombre del magistrado. Aunque el magistrado nunca aceptó ser el autor de esa copia simple, el consejo de la judicatura federal lo dio por hecho y procedió a su suspensión sin tener derecho a defenderse. Esto revela, dijo, que fue sancionado por simpatizar con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador y por considerarlo afín al movimiento social oaxaqueños, lo que confirma que "el Poder Judicial de la Federación actúa no bajo el amparo de la Constitución y la Ley, sino en muchos de los casos lo hace por consigna política". Finalmente, manifestó que "en el Poder Judicial no estamos en un lecho de rosas porque se nos han suprimido todos los derechos, ya que cuando se nos instaura cualquier procedimiento, estamos atados de pies y manos porque no tenemos ningún medio de defensa legal, ni siquiera al derecho al juicio de amparo". Lo preocupante es que a la SCJN no le preocupa aplicar la Constitución ni las leyes federales de una manera adecuada para los intereses de los derechos constitucionales sino que siempre aplica los criterios más contrarios a las garantías y a los derechos del pueblo mexicano. Regresa a Oaxaca la profesora María del Carmen López Vásquez Friday, 13 de June de 2008 Con un cordón de seguridad integrado por organizaciones de derechos nacionales y una comisión de las Brigadas Internacionales de Paz, regresará la consejera de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, María del Carmen López Vásquez, después de un exilio de 18 meses, para participar en la megamarcha que se realizará el próximo sábado en el marco del segundo aniversario del fallido desalojo magisterial. Tiene dos órdenes de aprehensión: una por despojo en agravio de la CORTV y la otra por daños y robo calificado à CAO PEDRO MATIAS Pese a que no cuenta con las garantías de seguridad, la maestra que estuvo al frente de las transmisiones de la Radio que denominaron La Ley del Pueblo y de contar con dos procesos penales por la toma del Canal 9 de Televisión y del robo a las oficinas de CAO, dijo estar dispuesta a regresar y correr los riesgos con tal de reintegrarse con su familia y su centro de trabajo. La perseguida política por participar activamente en el movimiento social del 2006, adelantó, en entrevista vía telefónica, que para regresar de exilio solicitó medidas cautelares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Asimismo, turno su solicitud a los Relatores de Derechos Humanos y Derechos de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas para que emitan las respectivas acciones urgentes para garantizar su seguridad en Oaxaca donde prevalece un Estado de excepción. Mientras tanto, la Sección 22 del SNTE, el Espacio Civil de Organizaciones de Oaxaca, el Comité de Liberación 25 de Noviembre, el Colectivo Huaxyacac, la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas, Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y Servicios para una Educación Alternativa, manifestaron su solidaridad y, sobre todo su respaldo, para brindarle su cobijo a ella y a su familia. López Vásquez recordó que en su condición de perseguida política, ya que pesan sobre ella órdenes de aprehensión por delitos prefabricadas como son el Despojo Agravado en supuesto agravio de Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Canal Nueve) y Robo con Violencia a Caminos y Aeropistas de Oaxaca, tuvo que exiliarse debido a las permanentes amenazas de muerte en contra de ella y de su familia. Mencionó que como parte de la represión de Estado contra el pueblo de Oaxaca sufrida el 25 de noviembre de 2006, se intensificó su búsqueda para "detenerme, desaparecerme o asesinarme, ya que desde la Radio Ciudadana creada por Ulises Ruiz para combatir el movimiento social ofrecían un millón de pesos por mi cabeza" Es por ello que el consejo estatal de la APPO mandato que se resguardara su seguridad física y jurídica ordenando que saliera del estado desde el 28 de noviembre de 2006, razón por la que se refugió en el Distrito Federal. Entonces, después de 18 meses de exilio forzoso, de estar lejos de su hogar, separada de sus hijas y de su familia, así como interrumpido su vida laboral, decidió interrumpir su destierro para que le sean reintegrados sus derechos humanos conculcados porque no ha cometido ningún delito. Antes de regresar, la profesora Carmen solicitó a la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos su intervención para que haga suyo su caso y promueva y adopte las medidas que considere convenientes para hacer posible su regreso a Oaxaca. Asimismo, solicito a la Relatora sobre la violencia a la mujer y al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas una acción urgente al gobierno mexicano para que se respete su integridad física y psicológica, asimismo, resuelva conforme a derecho el amparo que ha interpuesto y no se entorpezca su derecho de defensa. Reseñó que a partir de junio de 2006, la profesora Carmen López Vásquez en su calidad de integrante y representante de los maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se integró en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca por la defensa de los derechos humanos tanto de su gremio como de las demandas sociales de la sociedad civil oaxaqueña, motivo por lo cual desempeñó labores de locución en las diferentes radios a las que el movimiento social. Debido a que el 14 de junio de 2006, la policía de estado desalojó a los manifestantes mediante el abuso de la fuerza donde hubo muchos heridos y más de quince personas detenidas, a partir de esa fecha intervino más frecuentemente en diferentes estaciones de radio. Sin embargo, el 17 de julio de 2006, sufrió un atentado por parte del convoy de la muerte integrado por cuerpos policiacos y por paramilitares (civiles fuertemente armados). El atentado se llevó a cabo en Radio Universidad de Oaxaca en el que participaron diferentes corporaciones policíacas del estado y donde salió ilesa. A partir de esa fecha se iniciaron numerosas amenazas de muerte en su contra en particular, tanto en la radio universitaria mediante llamadas a la cabina o a su teléfono celular. Llamadas y mensajes que incluso pudieron ser escuchados por los radio escuchas. Además sufrió persecución y vigilancia de mi domicilio particular, ataques a su vehiculo donde incluso le dejaban anónimos de amenazas de muerte. Posteriormente, el 25 de octubre del 2006, fue advertida de un nuevo atentado, mismo que iba dirigido contra la vida de sus tres hijas menores de edad, a través de una grabación que obra en su poder, Por esta razón, la profesora Carmen solicito que la acción urgente incluya a sus hijas Jovita Yuvico, Yoko Indira y Xicalli del Carmen Cortes López. Recordó que el gobernador de Oaxaca públicamente la amenazó con castigarla con todo el peso de la ley y que no volvería a ejercer su profesión. Incluso por Internet en una página titulada "Oaxaca en Paz" aparecía entre las personas más buscadas por delincuentes. En Radio Ciudadana de Oaxaca se ofrecía un millón de pesos por su captura o que la asesinaran. Fue en el mes de enero de 2008 cuando tuvo conocimiento que existía en su contra varias órdenes de aprehensión por lo que interpuso amparo en febrero de este mismo año el cual se tramita en el Sexto Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal que se tramita con el número 159/2008. Cabe recordar que María del Carmen tiene dos órdenes de aprehensión: Una por parte del Juez Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca por el delito de despojo en agravio de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Independientemente de que no existen pruebas fehacientes de la participación de Carmen en los hechos que motivaron la orden de aprehensión, la tesis de jurisprudencia 116/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia señala que para que se configure el delito de despojo, de acuerdo con lo que indica el Código Penal del Estado de Oaxaca, es necesario que se pretenda usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble a través de la ocupación o uso del mismo. La otra orden de aprehensión por los delitos de daños y robo calificado por equiparación en perjuicio de la paraestatal Caminos y Aeropistas de Oaxaca que libró el Juez mixto de primera instancia de Ocotlán de Morelos, Oaxaca.