IMPUNIDAD , CHIAPAS OAXACA Y MEXICO

Crecen impunidad y violación de derechos en México, alerta la comisión civil internacional

ATENCO:Abren nuevos juicios contra miembros del Frente de Pueblos

■ Aún no se atienden recomendaciones hechas desde febrero, destaca la CCIODH Crecen impunidad y violación de derechos en México, alerta la comisión civil internacional ■ El organismo mundial entregó su sexto informe sobre situación en Chiapas, Oaxaca y Atenco Ángeles Cruz Martínez En su último día de estancia en México, luego de haber entregado su sexto informe sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas, Oaxaca y Atenco, los integrantes de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) consideraron preocupante que el gobierno federal aún no atienda las recomendaciones que se le hicieron en febrero pasado y que, por el contrario, la violación de las garantías fundamentales y la impunidad se hayan acrecentado. Iñaki García señaló las denuncias de los habitantes de Chiapas respecto a las intervenciones militares en comunidades de base zapatista, lo que no había ocurrido y que ahora tampoco tiene razón de ser. Según la versión que autoridades dieron a la CCIODH, los militares buscan plantíos de mariguana, pero en la región de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional dicha actividad está prohibida, afirmó. También comentó sobre el asesinato de las triquis Teresa Bautista y Felícitas Martínez, locutoras de una radio comunitaria en Oaxaca, y la desaparición forzada de personas. El activista llamó la atención sobre la “persistente impunidad” que se expresa, por ejemplo, en que integrantes de movimientos sociales que habían sido aprehendidos ya han sido liberados sin ningún cargo, pero tampoco sin reparación del daño causado por el tiempo de reclusión ni algún tipo de disculpa de las autoridades. Comentó el caso del menor Haziel Cruz, quien estuvo preso durante un año, acusado de homicidio por los hechos ocurridos en Oaxaca en 2006. Finalmente fue liberado sin cargos. En conferencia de prensa, antes de regresar a sus lugares de origen en Europa, los integrantes de la CCIODH resaltaron que su sexto informe fue bien recibido por las autoridades y la sociedad civil. Las primeras, en particular, expresaron su “disposición” para atender las recomendaciones. De cualquier manera, dijo García, ante una petición expresa que por situación de emergencia se plantee a la CCIODH, estarían de nuevo en México. Lamentó que en esta ocasión tampoco lograron entrevistarse con los tres integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra presos en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Razones aparentemente administrativas han impedido durante dos años que el encuentro con Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez, destacó Iñaki García. ■ Procesos, contra Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez Abren nuevos juicios contra miembros del Frente de Pueblos Ángeles Cruz, Emir Olivares y Jesús Aranda Nuevos procesos penales “aparecieron” contra miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) detenidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, quienes ya fueron sentenciados a 67 años y seis meses de prisión, lo que da cuenta del “ensañamiento” del gobierno federal contra aquellos a los que considera líderes de un movimiento social, afirmó Nelly Urrutia, madre de Héctor Galindo. Manifestó que se enteraron de las nuevas causas penales por conducto de la diputada del PRD Aleyda Alavez, quien ha dado seguimiento al punto de acuerdo aprobado en San Lázaro el pasado 23 de enero, mediante el cual se solicitó a las autoridades federales que gestionaran el traslado de Ignacio del Valle Medina, Héctor Galindo Gochicoa y Felipe Álvarez Hernández a algún centro de readaptación social del estado de México. En el oficio OADPRS/1635/ 2008, enviado por Rodrigo Esparza, comisionado de Prevención y Readaptación Social, a Armando Salinas Torre, ex subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, se le informa sobre las causas penales que existen en contra de los integrantes del FPDT. Según ese documento, fechado el 31 de marzo de 2008, están abiertas cinco averiguaciones previas en contra de Ignacio del Valle; Héctor Galindo, tres, y Felipe Álvarez, igual número. Todos están radicados en los juzgados primero, segundo y tercero penal de primera instancia en Texcoco. Por ello, y debido a que el perfil criminológico ubicó a los activistas como de “alta peligrosidad”, su traslado a una cárcel preventiva no es posible, señala el oficio. Lo anterior, dijo Nelly Urrutia, a pesar de que desde su detención, en mayo de 2006, los dirigentes del frente únicamente fueron procesados por los delitos de secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación y transporte. Por las averiguaciones 91/06 y su acumulada 92/06, los activistas fueron sentenciados a 67 años y 6 meses de prisión. Esta información corrobora, expresó Urrutia, que Del Valle, Galindo y Álvarez son “presos políticos” y que el gobierno federal hace uso indebido y manipula el sistema judicial para que los luchadores sociales sean víctimas de procesos injustos e ilegales que vulneran toda las garantías de un debido proceso legal. Nelly Urrutia se presentó ayer a la conferencia de prensa que ofreció la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos, con motivo del término de su visita a México. La mujer también resaltó la falta de sensibilidad de las autoridades, que han negado a Ignacio del Valle la posibilidad de comunicarse con su padre, el señor Miguel del Valle, de 90 años, quien se encuentra enfermo y lo único que pide es hablar con su hijo, a quien no ha visto desde hace dos años. Al respecto, Trinidad Ramírez, esposa del líder del movimiento de San Salvador Atenco, dijo que ante la grave situación de su suegro, realizó una solicitud mediante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “donde nos dijeron que gestionarían una salida”; sin embargo, hasta ayer no tenía respuesta.