EL ESTADO SORDO

El Estado sordo lunes, 18 de agosto de 2008 Expedientes Abiertos/Columna Noticias de Oaxaca Por conducto de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, la administración Calderón avanza en una propuesta para que la Federación controle todos los cuerpos policiacos del país. La idea fracasará, por ingenua e ineficaz. El tiempo se le agota al gobierno federal, que convocó esta semana a una reunión del Consejo Nacional de Seguridad. Según se confió a este espacio, el eje de la negociación será la "Plataforma México", una poderosa base de datos que incluye el perfil de las policías del país y la información disponible sobre bandas criminales. De acuerdo con la ley, sólo el Sistema Nacional de Seguridad Pública puede procesar la información ahí contenida. Pero ya buscan cómo darle la vuelta para que esa plataforma sea controlada por García Luna. Al poderoso funcionario se le atribuye haber convencido al presidente Calderón de impulsar una escalada policiaca y militar contra el narcotráfico, con resultados dudosos hasta ahora. García Luna impuso igualmente su idea de una policía federal única, lo que ha desplazado a la Procuraduría General de la República, que dirige Eduardo Medina Mora; debilitado al Ministerio Público y deteriorado las consignaciones ante los jueces, como alertó el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia. En los gobiernos estatales corre la especie de que 800 nuevos mandos policiales están bajo entrenamiento en la academia de la SSP en San Luis Potosí, listos para sustituir a las cabezas de las principales corporaciones estatales y municipales en el país. A ello se sumaría una unidad antisecuestros con un cuerpo de élite de 300 elementos, asignados a cinco puestos de mando en el país. De confirmarse, tal intención se estrellará con la voluntad de más de un gobernador, sea por una lógica reserva ante una imposición, sea por la existencia de tejidos de complicidad con el crimen organizado. La tragedia surgida con el caso del joven Fernando Martí aporta a este proceso un factor que puede hacer la diferencia: la presión ciudadana sobre un Estado que exhibe sordera ante la exigencia de soluciones reales. Soluciones que quizá se logren - como ocurrió en Italia- sólo cuando la sociedad mantenga el grito de que ya llegamos a un punto de saturación. Apenas en octubre pasado, los equipos de García Luna y de Medina Mora participaron en un seminario internacional en la ciudad de México, auspiciado por Naciones Unidas, donde autoridades y expertos de diversas naciones explicaron estrategias exitosas contra los secuestros. Inglaterra, Colombia o Italia coincidieron en la necesidad de coordinar mejor a las policías con el Ministerio Público y crear leyes para confiscar los capitales de secuestradores, tan bien salvaguardados en bancos. La transcripción de las intervenciones cubre casi 180 cuartillas, que aquí deben haber tirado a la basura por el pleito existente entre la SSP y la PGR. Un nuevo actor en este escenario lo constituyen sectores empresariales hartos de los secuestros. La situación se ha desbordado en una decena de estados, notablemente Chihuahua, donde en semanas recientes hubo reclamos fuertes y amenazas de fuga de inversiones, durante una visita del presidente Calderón a Ciudad Juárez, donde el mandatario pidió, especialmente al sector maquilador, un periodo de espera antes de irse del país. En la ciudad de México la inquietud empresarial parece en ruta de colisión con el gobierno. Frente al reclamo público, la autoridad optó por incitar un linchamiento contra el negociador Ernesto Mendieta, un asesor de alto nivel de Citibank y la familia Harp, la cual lo acercó con los Martí. Mendieta ha empezado a dar declaraciones para negar que se haya amparado y ofrecer algunas revelaciones. Pero se guarda diversos proyectiles. Como el hecho de que la autoridad conocía que la llamada "Banda de Flor" que secuestró y asesinó a Fernando Martí, utilizó durante meses el montaje de falsos retenes policiacos en avenidas importantes de la ciudad de México, con hombres y mujeres vestidos con uniformes de la AFI. Y que en al menos cinco casos previos se habían llevado también al chofer, enviando su cadáver a la familia. Pero nadie hizo nada.