EN EL LABERINTO DE LA POBREZA

En el laberinto de la pobreza El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) titulado Índice de Desarrollo Humano Municipal en México 2000-2005 –presentado por primera vez en 2004 y su comparativo en 2008– confirma los grandes contrastes sociales que vive nuestro país y revela la ineficacia de los programas sociales instrumentados por el gobierno, con los que pretende revertir los altos niveles de pobreza extrema y marginación que presentan las comunidades y pueblos indígenas, como Cochoapa el Grande, municipio que está enclavado en la región de La Montaña de Guerrero. Abel Barrera Hernández* Los datos que hizo públicos el PNUD, el pasado 28 de julio en la ciudad de México, además de retratar los escenarios de pobreza extrema en que viven hombres y mujeres del sureste mexicano, echa por tierra el ardid publicitario de los gobiernos, de que México ha ingresado al grupo de países desarrollados del mundo, al lado de China, Brasil y la India. Este reporte deja entrever que la firma de los tratados internacionales en materia de derechos económicos y sociales, por parte del Estado mexicano y que ha manejado como una de sus prioridades dentro de su política exterior, no es más que un cúmulo de buenas intenciones y buenos deseos, porque hasta hoy no se han instituido mecanismos para hacer exigibles y justiciables los derechos sociales. México no tiene la más mínima voluntad de cumplir con los compromisos suscritos en el plano mundial. Obligados por estas actitudes discriminatorias, los campesinos e indígenas cansados de solicitar y tramitar escuelas, maestros, centros de salud, médicos, medicinas, carreteras, agua entubada y luz tienen que hacer uso de la manifestación pública para reclamar sus derechos negados. Sin embargo, sólo encuentran represión y encarcelamiento. Este gobierno está colocando fuera de la legalidad a los pobres, y desde su visión empieza a estigmatizar de delincuentes a los líderes sociales que promueven el cumplimiento de los derechos sociales contenidos en los pactos y convenios internacionales. El diálogo y las políticas públicas para resolver la pobreza pasan a un segundo término; en su lugar, las metralletas de los militares, los toletes y los gases lacrimógenos de la policía son los que hablan. En Guerrero existen algunos casos que ilustran con nitidez esta discriminación de los gobiernos hacia los pueblos indígenas. Por ejemplo, en 2006, integrantes del Consejo para el Desarrollo del Pueblo Me’phaa de la Variante Lingüística Bátháá iniciaron la gestión de maestros en su variante lingüística para las 29 comunidades que la conforman, hubo más de seis reuniones y minutas, pero la única respuesta que obtuvieron en 2007 fue el encarcelamiento de uno de sus dirigentes, Cándido Félix Santiago; así como el libramiento de órdenes de aprehensión en contra de otros de sus compañeros. El Consejo Ciudadano de Chilapa inició en 2006 y 2007 la gestión de obras de beneficio colectivo como escuelas, centros de salud y un sistema de red para agua entubada, pero sólo encontró represión y encarcelamiento tanto del gobierno municipal de Chilapa como del gobierno estatal. La comunidad nu’saavi (mixteca) de Mini Numa, que pertenece al municipio de Metlatónoc, ante la nula respuesta de las autoridades para construir y equipar debidamente la casa de salud que construyó con recursos propios, tuvo que recurrir a un amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Chilpancingo, Guerrero, para que su derecho a la salud fuera reconocido. El juez federal le concedió la protección de la justicia y obligó a la autoridad a dotar de la infraestructura necesaria la casa de salud de Mini Numa, no obstante, la autoridad ha antepuesto la falta de recursos para cumplir con el mandato. Los pueblos indígenas de Guerrero han sufrido desde la conquista española el exterminio por las guerras, las hambrunas y los trabajos forzados. El movimiento indígena nacional identificado con el lema “Nunca más un México sin nosotros” vino a tejer las esperanzas de un México diverso afianzado en un marco constitucional, que reconociera los derechos colectivos de los pueblos; no obstante, los intereses macroeconómicos impusieron sus leyes acorde al modelo privatizador del neoliberalismo y sojuzgaron a los pueblos indígenas en el laberinto de la pobreza, en las cifras del oprobio. En Guerrero, los pueblos originarios han recorrido tramos difíciles; resulta urgente que los gobiernos den respuestas de fondo a los problemas que aquejan a las comunidades para que puedan alcanzar óptimos niveles de desarrollo humano y tener una vida digna. Es necesario que las autoridades sean sensibles a las demandas de los hombres y mujeres que día a día recorren las escarpadas montañas, y que instrumenten programas sociales eficaces, porque cambiar un nombre y poner un nuevo lema a gusto del gobernante en turno sólo hará que municipios como Cochoapa el Grande y Metlatónoc sigan apareciendo en el sótano del mundo. *Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan