MILITARIZACION EN GUERRERO POR EPR

-MILITARIZACIÓN EN GUERRERO: UNA LARGA HISTORIA

-MANIPULA CALDERON CASO MARTÍ: EPR

MILITARIZACIÓN EN GUERRERO: UNA LARGA HISTORIA Desde los '70s hasta la fecha El fenómeno de la militarización en Guerrero se remonta hasta por lo menos a hace 30 años. En los 70s, el combate contra las guerrillas y en el marco de la “guerra sucia”(1) disparó una visión militarista de la seguridad: el Ejército Mexicano imponía el orden en medio de graves violaciones del estado de derecho, tratando de legitimarse como agente imprescindible para la seguridad en el estado. En los 80s, al ser aparentemente derrotada la guerrilla, varios miembros del Ejército llegaron a desempeñar cargos dentro de corporaciones policíacas, un hecho considerado por algunos analistas como una forma de compensación política por el papel que jugaron en la represión”(2). Una nueva ola de militarización comenzó en el país a partir de 1994, a raíz del levantamiento zapatista en Chiapas. En Guerrero, el Ejército Mexicano entró de manera más manifiesta en estas fechas para frenar la posible expansión de la rebelión - oficialmente para combatir la siembra de estupefacientes y el porte ilegal de armas. Por otro lado, a través de una campaña de labores sociales, el Ejército intentó acercarse y beneficiarse de la confianza de la población indígena, principalmente para poder obtener información de su parte. En esta estrategia estuvieron implicados el entonces presidente de la República Carlos Salinas de Gortari (en oficio 1988-1994), conjuntamente con el Ejército Mexicano, la Policía Federal Preventiva, y cuerpos de elite del Ejército, conocidos como Grupos Aerodinámicos de Fuerzas Especiales (GAFES). Estos grupos fueron creados como “unidades de reacción rápida” frente a la amenaza de la guerrilla en Chiapas y en otros estados, pero terminaron siendo utilizados en operaciones de narco-combate. Los resultados no fueron los esperados: se denuncia que con el paso del tiempo parte de estos soldados de elite se pasaron a las filas del crimen organizado y fundaron el grupo de Los Zetas, que se convirtió en el brazo armado del cártel del Golfo(3). Posteriormente, una fecha clave en el proceso de militarización fue la matanza de Aguas Blancas en la Costa Grande, el 28 de junio de 1995. Campesinos pertenecientes a la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), que viajaban rumbo a Atoyac para participar en una manifestación, fueron emboscados en el camino por agentes de diversos cuerpos policíacos, supuestamente por órdenes de Rubén Figueroa Alcocer, en aquel entonces gobernador del estado y del General Mario Arturo Acosta Chaparro. Murieron 17 campesinos y 21 fueron heridos graves. Los policías colocaron armas de fuego entre los muertos para argumentar que había sido fruto de un enfrentamiento. La agenda del Ejército cambió de cara en 1996, cuando tuvo que enfrentarse al recién fundado Ejército Popular Revolucionario (EPR), que surgió en la conmemoración de la matanza de Aguas Blancas. Como han denunciado varias organizaciones de derechos humanos, la labor del mismo Ejército mexicano empezó nuevamente a provocar violaciones de derechos humanos a gran escala. La situación se agudizó aún más después de la creación del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI, una escisión del EPR) en enero de 1998 y con la matanza de 11 personas en El Charco en la Costa Chica, el 7 de junio de 1998. La matanza constituyó un hecho importante en la implementación de la guerra irregular llevada a cabo en contra de la guerrilla(4). Se fueron construyendo varias bases militares, se instalaron retenes en las carreteras y se fortalecieron las corporaciones policíacas. Según el informe del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, “El laberinto de la Guerra” de 1998: “Hay mucha tinta pagada para proteger y justificar las acciones violentas del Ejército, con la finalidad de encubrir una estrategia de guerra que se encausa por diferentes vertientes. A causa de que miembros del Ejército han sufrido varias emboscadas por parte de los grupos armados, las autoridades federales y estatales en coordinación con los mandos militares, decidieron hacer frente a los embates con el mismo fuego de las armas, para demostrar quien tiene en realidad la fuerza y el poder. Una demostración que está dirigida no sólo a los miembros de los grupos armados, sino a toda la población civil”(5). En 2000, la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) envió 3,000 militares adicionales para combatir el narcotráfico en Guerrero. Datos de la Secretaría de la Defensa Nacional señalan que durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), el Ejército destruyó en México alrededor de una hectárea de marihuana y amapola cada cuarto de hora(6). En Guerrero, desde septiembre de 2005, se aplicó el plan “México seguro”, con el que fuerzas combinadas de la Policía y el Ejército buscan frenar a los capos del narcotráfico y prevenir el crimen(7). Inicialmente previsto para resguardar la frontera con EEUU, se fue ampliando a otros estados de la República. En este período, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan seguía denunciando una situación de militarización en la que el control policial y militar se asume como autoridad poco respetuosa de los derechos de las comunidades indígenas: toman su agua, ocupan sus tierras, interrogan, intimidan y detienen(8). A mediados de enero del 2007, a principios del sexenio de Felipe Calderón, se lanzó el “Operativo Conjunto Guerrero”. La primera etapa contó con aproximadamente 8 mil elementos federales, en su mayoría del Ejército mexicano, de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de la Marina, la Policía Federal Preventiva (PFP), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Agencia Federal de Investigaciones. Los objetivos son la erradicación de plantíos, la implementación de retenes de revisión a personas y vehículos, así como patrullajes en zonas consideradas de alto índice delictivo. Un mes después, se integraron al operativo las policías Preventiva Estatal, Ministerial y municipal más conocedoras de dichas zonas(9). En 2007 Tlachinollan ha registrado un incremento de la presencia militar en las comunidades de la zona Montaña y Costa Chica, así como mayor hostigamiento contra líderes de organizaciones indígenas(10). Según Tlachinollan, las incursiones militares en los pueblos indios son parte de una “guerra de contrainsurgencia” que desarrolla el ejército mexicano en contra de las comunidades con el objetivo de “desgastar, generar temor y causar daños”(11). Pero no sólo preocupa el aumento en efectivos castrenses, sino también la creciente incorporación de militares en tareas de seguridad civil(12). Riesgos y posibilidades Los pronósticos en cuanto a los resultados de los operativos antinarcóticos han sido reservados o hasta críticos. Se duda que al fin y al cabo logren resolver el problema, al ignorar la extrema pobreza como una de sus principales raíces. Además, muchos cuestionan el hecho que la presencia militar termine siendo más bien un factor hacia mayor represión de los movimientos sociales o que agudice las violaciones a derechos humanos de los civiles(13). Los casos de denuncias contra efectivos del Ejército se han multiplicado con los años, particularmente en la Montaña y la Costa Chica, las regiones más marginadas de Guerrero y con mayor población indígena. Las motivaciones para las denuncias contra el Ejército han sido: abusos de autoridad, detención y desaparición forzada, obstrucción de la labor periodística, tortura, privación ilegal de la libertad personal, lesiones, allanamiento de morada, violación de domicilio, robo, violación sexual y ejecución extrajudicial. La principal crítica por parte de organismos de derechos humanos como Tlachinollan o por el Consejo Regional de la Sierra de Guerrero (CRESIG) y el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena (CG500ARI) ha sido que “la militarización del estado con el argumento de la aplicación del plan nacional contra la delincuencia y el combate al narcotráfico no es la solución, si antes no se resuelven las causas de la pobreza y la marginación”(14). La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha pedido que el ejército sea "sacado de las calles y que cumpla exclusivamente su función (constitucional) de defensa de la soberanía nacional, no de la persecución de la delincuencia". Además de la inconstitucionalidad, se han ofrecido distintos argumentos contra la implicación del ejército en estas labores: su escasa efectividad, la exposición de las fuerzas armadas a la corrupción que ha afectado de forma endémica a la policía y la escasa preparación del ejército para el trato con civiles, lo que deriva en abusos de autoridad y episodios de violencia. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez hace el siguiente balance del primer semestre de 2007: la violencia sigue creciendo en todo el país, el flujo de drogas en la frontera entre Estados Unidos y México aumenta continuamente y el personal militar ha cometido una serie de graves violaciones a los derechos humanos(15). El factor internacional La militarización en México se encuadra en un proceso histórico que afecta a toda América Latina. Durante la Guerra Fría, se implantó la militarización (promovida y apoyada desde los Estados Unidos debido a sus intereses políticos, económicos y comerciales) como defensa ante el “peligro comunista”, que se presentaba en la región en forma de guerrilla revolucionaria. Tras la caída del Muro de Berlín, la "guerra contra las drogas" y la más reciente "guerra contra el terrorismo" han servido como justificación para implicar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna, no relacionadas con la defensa exterior. En los últimos años, varios países, y especialmente Colombia, han recibido apoyo económico y militar desde los Estados Unidos en el marco de la lucha contra el narcotráfico. El Plan Colombia(16), implementado desde 1999, supone la entrega de Estados Unidos de cientos de millones de dólares anuales destinados sobre todo (82%) a presupuesto militar. Ha sido muy criticado por fortalecer indirectamente a grupos paramilitares, provocar violaciones de derechos humanos y debido a que las fumigaciones aéreas de cultivos afectan seriamente a la salud y al medio ambiente. Recientemente se han dado a conocer los proyectos de los presidentes Calderón y Bush para aumentar las ayudas de los Estados Unidos a México en tecnología militar y asesoramiento (hasta 1,000 millones de dólares, según El Universal(17)), por lo que se habla ya de un "Plan México". El embajador de Colombia en México ha afirmado que en el país se vive una "colombianización buena", porque hay "respuesta muy fuerte" del Estado para combatir la criminalidad(18). Más allá de la lucha contra el narcotráfico, se denuncia que la implantación de políticas neoliberales en la región sigue requiriendo de una creciente militarización en América Latina. Debido a los intereses de las corporaciones transnacionales para controlar recursos (energéticos, y de forma creciente, relacionados con la biodiversidad), utilizar mano de obra barata y ampliar mercados, se sigue presionando a los gobiernos latinoamericanos para militarizar la zona. Se crea así un clima ciertamente favorable a la inversión extranjera, pero peligroso para el respeto a los derechos humanos, en particular de los pueblos indígenas y grupos opositores Ver párrafo sobre Guerra Sucia en “Impunidad: un problema endémico” dentro de esta misma Sección “Problemáticas en Guerrero” Ponencia de Gabino Santiago Jiménez sobre la militarización en Guerrero Artículo en La Jornada Sección Guerrero, Fechas claves Informe Tlachinollan Artículo La Opinión Ver Artículo Ver Artículo Acciones del Operativo Conjunto Guerrero Artículo Voltaire Artículo de Voltaire (20/01/07) Declaración de Tlachinollan Artículo de Contralínea Ver Artículo Sitio web del Centro Pro Artículo sobre el Plan Colombia en Wikipedia El Universal, 22 de junio de 2007 Artículo en La Jornada Manipula Calderón caso Martí: EPR josé gil olmos MÉXICO, DF, 11 de agosto (apro).- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) criticó la manipulación que el gobierno de Felipe Calderón ha hecho del secuestro y asesinato del joven Fernando Martí. En un comunicado, el grupo insurgente señaló que mientras la clase política se escandaliza por este “aberrante” hecho, el gobierno y los legisladores callan ante los familiares de todas aquellas víctimas de plagio o que incluso han sido asesinados en el país. Con base en tal argumento, insistió en su demanda de que sean presentados con vida sus dos compañeros desaparecidos desde mayo del 2007, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. El EPR exigió además al gobierno calderonista ofrecer respuestas a la Comisión de Mediación, instancia civil encargada del diálogo encaminado a la aparición de sus dos cuadros políticos. “En nuestro país existe una gran parte de la sociedad que exige justicia por el gran cúmulo de delitos que comete el gobierno federal y sus representantes por medio de sus operativos policiaco-militares, y a esta parte de la sociedad ni la ven ni la oyen, como hace el señor Calderón y su gobierno con la Comisión de Mediación que propusimos y que con gran valor aceptaron los ciudadanos que la forman”, señaló el EPR. El grupo rebelde coincidió en condenar el secuestro del hijo del empresario deportivo, Alejandro Martí, pero señaló que el asunto de la seguridad y la aplicación de la justicia no son demandas exclusivas de un sector. Además, el EPR indicó que una parte de la sociedad también está conmovida por los aberrantes hechos de aprehensión, desaparición y asesinatos de luchadores sociales en el país. Los eperristas advirtieron que si el gobierno de Calderón realmente quiere aplicar la pena de cadena perpetua en contra de secuestradores, también debería hacerlo con otros personajes que han actuado en contra de luchadores sociales o quienes se han hecho millonarios con fraudes, tráfico de influencias y “enriquecimiento inexplicable”, como los hijos de Marta Sahagún de Fox, el dirigente petrolero y priista Carlos Romero Deschamps y el actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, entre otros. El EPR reiteró que quiere la paz y por ello insistió en su demanda de que Calderón tome en serio a la Comisión de Mediación y presente con vida a sus dos compañeros desaparecidos hace más de un año en Oaxaca. Señaló que no se debe tomar como muestra de debilidad o de desorganización el que su organización no haya actuado nuevamente, y advirtió que el gobierno no debe sorprenderse si se presentan nuevos combates. El comunicado del EPR se difundió dos días después que en la región de Tierra Caliente, en el estado de Guerrero, se diera un enfrentamiento entre militares y supuestos integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), un grupo derivado del eperrismo. Según la prensa, el enfrentamiento se dio el sábado pasado cuando policías y militares quisieron detener a Pascual Monje Solís, de 60 años, a quien acusan de encabezar al ERPI bajo el seudónimo de “Omar Guerrero Solís”. El supuesto guerrillero logró escapar pese a que su domicilio --ubicado en la comunidad de La Mesa, municipio de Zirándaro--, se encontraba cercado por soldados y policías. A Pascual Monje también se le adjudica haberse desempeñado en el Estado Mayor Presidencial durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Producto de la prolongada refriega del sábado, perdió la vida el agente ministerial Antonio Avilés Mendoza y resultaron heridos los policías Wilfredo Puras y Roberto Martínez. A Monje Solís se le acusa de formar parte de la guerrilla guerrerense, así como de supuesto delitos como secuestro y homicidio.