viernes, 8 de mayo de 2009

CONSIGNAN A 9 COMUNEROS POR DEFENDER RECURSOS NATURALES EN OAXACA

Evencio Nicolás Martínez Ramírez mordiendose la lengua


Encarcelan en Ixcotel a 9 opositores con la Mina
Diego Hernández
viernes, 08 de mayo de 2009


Nueve de las 23 personas detenidas tras el desalojo de inconformes con la operación de la mina La Purísima en San José del Progreso, Ocotlán, fueron encarcelados este jueves en la Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel.

El procurador general de Justicia del estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, argumentó que sólo quedaron presas las personas que contaban con órdenes de aprehensión.

Explicó que se les sigue un procedimiento jurídico a nueve personas por los delitos de "despojo, ataques a las vías generales de comunicación, resistencia de particulares y lesiones".

Seguro de sus palabras, el ex ombudsman estatal dijo que "en Oaxaca la ley no se negocia", además de que "el Ministerio Público y los agentes de investigación actuaron conforme a la ley y no para proteger intereses ajenos a los de la justicia".

Por su parte, el subsecretario de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno, Joaquín Rodríguez Palacios, dio a conocer que se mantienen las mesas de diálogo con los grupos inconformes con la operación de la empresa minera Cuzcatlán, en San José del Progreso, Ocotlán.

"Sí la mina se tiene que ir se va a ir, pero eso lo determinan las autoridades expertas en la materia", argumentaba el funcionario estatal y añadía que "tampoco se puede permitir que se transgreda la ley".

Rodríguez Palacios aseguró que dependencias del Gobierno federal fueron las que otorgaron los permisos de exploración a la empresa Canadiense; "nosotros sólo actuamos a petición de parte", se defendía.

Y es que a unas horas de los hechos, integrantes del Colectivo Oaxaqueño por la Defensa de los Territorios emitieron un pronunciamiento en el que denuncian que el proyecto abarca más de 40 mil hectáreas en la zona del Valle de Ocotlán.

Sostienen que según datos propios de la compañía canadiense, Fortuna Silver Mines ltd, espera obtener tan sólo en plata cerca de 50 millones de onzas, equivalente a más de 12 mil millones de pesos.

Asimismo, advirtieron sobre concesiones de exploración otorgadas a la empresa minera para comunidades de Santa Catarina Minas, San Jerónimo Taviche, San Pedro Taviche, La Garzona, Praxedis de Guerrero y San Jacinto Ocotlán.

Se pronunciaron también en contra de las modificaciones y cambios a la legislación mexicana que desde hace más de una década han abierto el camino para que las empresas trasnacionales aplasten brutalmente a las comunidades.

Demandaron una investigación y castigo a los elementos policiacos que agredieron y abusaron de la fuerza en el operativo implementado la mañana del miércoles en San José del Progreso, Ocotlán.

Las organizaciones de la sociedad civil exigieron que se garantice la paz y la tranquilidad de las comunidades del valle de Ocotlán afectados por la minera Cuzcatlán.

Condenaron el uso de la represión y de la violencia institucional como mecanismos de solución de los conflictos sociales, ya que generan daños irreparables a las comunidades.

Y responsabilizaron a los cuerpos policíacos de todas las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el operativo al afectar la integridad física y emocional de los más de 25 detenidos.

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